Milagro Sala quedó a las puertas de la cárcel por decisión de la Justicia Federal

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Se rechazó un pedido de prescripción por el delito de “amenazas coactivas”. Su defensa volvió a reclamar la intervención del Ejecutivo, presionando por lograr su amnistía

Milagro Sala quedó más cerca de volver a quedar detenida en una prisión federal, debido a un fallo que rechazó una última jugada que había planteado para evitar la cárcel, en la causa que investiga una agresión con huevazos, sillazos y amenazas contra el entonces senador y hoy gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en el Consejo de Ciencias Económicas provincial, en el año 2009. El mandatario pidió que la dirigente K cumpla un total de 7 años en prisión.

La defensa de la dirigente, jefa de la red de organizaciones sociales identificadas con la Tupac Amaru, había presentado ante el tribunal oral federal jujeño un pedido de prescripción para el delito de amenazas, luego de que la Cámara de Casación y la propia Corte Suprema de Justicia la condenaran por los delitos de “daño agravado y amenazas coactivas”. Los tres años más los cuatro del último delito completa el total de pena que pidió Morales.

Luego de conocida la decisión del tribunal, que firmaron los jueces Liliana Snopek, Alejandra Cataldi y Mario Juárez Amaraz, el abogado de Morales pidió la “inmediata efectivización de la condena de arresto y el envío al penal federal de General Güemes, en Salta”.

En una conferencia de prensa, Luciano Manzana Riva, letrado del gobernador manifestó que “hoy hemos hecho una nueva presentación solicitando nuevamente que el Tribunal Oral Federal dicte sentencia por la pena máxima, porque entendemos que el accionar de Milagro Sala y el desprecio a las instituciones y cómo se manejó ese día en el 2009 no le corresponde otra cosa sino la pena máxima”.

Los jueces federales de Jujuy advirtieron que “corresponde rechazar el planteo de prescripción de la acción penal de los delitos de daño agravado y amenazas coactivas por los cuales se encuentra sometida a proceso la imputada Milagro Amalia Ángela Sala”.

“Pronunciarse por la extinción de la acción penal sería generar una drástica reducción de la vigencia de la norma, alterando la armonía con que el legislador combinó el derecho de la sociedad de defenderse contra el delito y el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro”, afirmaron en la resolución a la que accedió Infobae.