De manera exprés se dio media sanción a un proyecto clave para el destino de los fondos mineros. Municipios de Los Andes tendrán solo un 11,25% de lo percibido por el uso de sus recursos naturales.

La mina de oro Lindero, en Tolar Grande, comenzará a producir en el primer trimestre de 2021. Gentileza Mansfield

Para entender la relevancia de las políticas de distribución de regalías solo hace falta recorrer las devastadas localidades del norte provincial donde en la época de bonanza de las inversiones hidrocarburíferas se auguraba un futuro próspero y visitar el otro lado de la frontera, Tarija. El contraste es significativo: la explotación del mismo recurso natural no renovable puede generar progreso y una mejora en la calidad de vida de la población donde está la producción, como se puede ver en el departamento boliviano, o todo lo contrario.

El ejemplo sirve para medir el peso del proyecto que fue aprobado con un debate de apenas dos horas en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia. Con 38 votos a favor, uno en contra y 12 abstenciones, la mayoría de los legisladores dio media sanción, el martes pasado, al proyecto de ley que envió el Ejecutivo para reemplazar la ley 6.294 de regalías mineras y para adherir al cobro del 3% sobre el valor «boca mina» que dispone la ley nacional de inversiones mineras.

En lo general, la iniciativa no tuvo mayores reproches, ya que se subscribe a una ley nacional que brinda seguridad jurídica a los inversores mineros. En los detalles hay polémica, ya que se pretende reducir drásticamente el porcentaje de regalías para las localidades donde se extraen los minerales.

En la actualidad, los municipios de la Puna, puntualmente San Antonio de los Cobres y Tolar Grande, que es donde están los yacimientos que en un futuro cercano estarán en producción (con la mina de oro Lindero a la cabeza) y son los que inspiran la modificación de la ley, tienen fijado recibir el 50% de las regalías que se cobran a las mineras radicadas en esas jurisdicciones. Con el proyecto de ley que aprobó la Cámara baja, ese porcentaje quedará reducido a un 11,25% para el municipio donde se origine la producción minera, 6,25% para los municipios no productores que se encuentran dentro del departamento productor y el 2,5% para el resto de las municipalidades.

En la sesión del martes no se pudo explicar, por lo menos a los diputados que lo preguntaron, en base a qué criterio se determinaron esos porcentajes. Los intendentes de Los Andes fueron anoticiados del proyecto a último momento y sin la posibilidad de discutir la reducción de la regalías y la Cámara de Minería de Salta, que agrupa a las empresas que realizarán los aportes, no fue consultada de manera formal al respecto, según pudo corroborar este diario.

Si bien legisladores de la oposición aseguraron que la ley tampoco fue presentada por funcionarios provinciales, esto fue desmentido por el secretario de Minería, Ricardo Alonso. «Fui a la comisión de Minería, a la Legislatura a exponer», recordó.

El proyecto pasó al Senado y sería tratado la semana próxima. Todo indica, o más bien los antecedentes legislativos así lo predicen, que se convertirá en ley sin mucho más trámites.

Exigencias para un lado

Además de fijar la distribución del 20% de lo obtenido en regalías entre los municipios, con los criterios ya mencionados, el proyecto establece que un 10% se destine para el Fondo Especial de Promoción Minera y el 70% restante quede en las arcas de la Provincia.

Solo para los municipios y el organismo de fomento se determinaron los parámetros en los que deben invertirse los recursos que recibirán. En el caso de las comunas tendrán que usar el 70% de las regalías mineras para inversiones de infraestructura. Y el Fondo tendrá que usar su mitad para promoción y capacitación, y la otra parte para tareas de fiscalización, políticas de prevención y mitigación ambiental y social.

El Ejecutivo provincial no tiene pautas de gastos en esta ley. Si así se dispone, el Gobierno de turno podrá usar las regalías para gastos corrientes (sueldos) o, por ejemplo, para utilizarlos como garantías de pago de algún préstamo, como se hizo con el trunco Fondo de Reparación Histórica, que está respaldado con las ya magras regalías hidrocarburíferas.

Propuesta de intendentes

El intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva, contó a El Tribuno que junto a su par de San Antonio de los Cobres, Alberto Carral, presentaron una alternativa a la distribución de regalías impuesta desde la Provincia, pero no fue aceptada. Pretendían que la distribución para los municipios llegue al 35%, dividido en un 18,5% para los municipios productores, 7,5% para las localidades que están dentro del departamento productor y el resto para distribuir entre las demás comunas.

«No pudimos modificar la forma de distribución de las regalías, pero sí nos aceptaron otros planteos como eliminar el artículo del proyecto que ponía un tope a las regalías que puede recibir un municipio en el equivalente a dos coparticipaciones», dijo el jefe comunal.

Destacó que pudieron «negociar» la incorporación en el presupuesto provincial 2021 de las pavimentaciones de las rutas provinciales 129 (que lleva a Santa Rosa de los Pastos Grandes) y 27 (que une Tolar Grande con Cauchari). Efectivamente, en las previsiones económicas están esos dos proyectos con un monto asignado de $30 millones, que es mínimo para la magnitud de las obras planteadas.

A todo esto, el vicepresidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, planteó su postura con respecto a las regalías. «Los municipios productores deben ser los más beneficiados del progreso de un determinada labor minera», sostuvo ante la consulta de este medio.