Narcolavado: juicio oral para “Chicho” Serna, el hijo de Pablo Escobar y su viuda

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María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria, deberán enfrentar un juicio de lavado de dinero proveniente del narcotráfico La viuda del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar, María Isabel Santos Caballero, y su hijo, Juan Sebastián Marroquín Santos, deberán enfrentar un juicio oral y público en la Argentina acusados de haber hecho un “aporte esencial” para una maniobra de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La decisión la tomó el juez federal de Morón Néstor Barral al declarar la clausura de una causa iniciada el 1 de septiembre de 2016. Todo comenzó con una nota que un representante de la DEA le envió a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias, advirtiendo que una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos investigada en Colombia tenía vínculos con personas físicas y jurídicas “radicadas dentro del territorio argentino”.

Los investigadores norteamericanos explicaron que “el grupo criminal se encontraba liderado por Piedrahita Ceballos, de nacionalidad colombiana, y tenía contacto directo en la Argentina con el abogado y empresario argentino Mateo Corvo Dolcet”.

Entre los nombres que deberán enfrentar un juicio oral está el de un ex ídolo de Boca Juniors. Se trata de Mauricio “Chicho” Serna, quien se sentará en el banquillo de los acusados junto a su compatriota José Piedrahita Ceballos, capo narco que declaró como arrepentido en esta causa, el abogado y empresario Mateo Corvo Dolcet, su esposa, María de los Ángeles Verta, la contadora María Gabriela Sánchez; Antonio Ruiz, y Esteban Delrio.

Piedrahita Ceballos , que está detenido en los Estados Unidos y que declaró como imputado colaborador en el expediente, firmó un acuerdo de juicio abreviado con los fiscales Iglesias y Santiago Marquevich. Según fuentes judiciales, después de reconocer los hechos por los cuales fue imputado, aceptó una pena de cinco años de prisión y se le fijó una multa de $165.000.000 . La resolución deberá ser homologada por el Tribunal Oral Federal (TOF) a cargo del debate.