viernes, marzo 29

Ni el duelo frena al kirchnerismo

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Un día después del caótico velatorio de Maradona, y en pleno duelo, el Senado aprobó cambios clave en la Justicia. El Gobierno redobló la embestida contra Rodríguez Larreta.

Nota extraída deClarín por Eduardo Van Der Kooy

Alberto Fernández recibió una oferta concreta de la oposición. No se trató de la voz, en principio solitaria, de Elisa Carrió. ¿En qué consistió aquella oferta? Garantizarle que Daniel Rafecas tendrá los dos tercios para su designación como procurador general. Siempre y cuando se respete la ley vigente.

El Presidente está atrapado en un laberinto. Posee aquella propuesta de Cambiemos. También el compromiso con el juez al que ungió para que sea futuro jefe de los fiscales. Pero Cristina Fernández hizo que el kirchnerismo diera media sanción en el Senado al proyecto propio que cambia las reglas de juego. Ni el duelo por la muerte de Diego Maradona moderó el ímpetu de la vicepresidenta.

El primer reflejo de Alberto pareció consecuente con la línea que ha marcado su primer año de gestión. Dijo que trataría de convencer a Rafecas para que admita su consagración con la nueva mayoría que sostiene el kirchnerismo. “Resulta más práctico”, alegó. Inconcebible para un hombre del Derecho.

Tal vez, tanta condescendencia responde a la necesidad presidencial de desfogar una relación con Cristina que tiene temperatura. También, a lo mejor, explica su embestida contra la Ley del Arrepentido. La considera inconstitucional. La vicepresidenta está a la espera, a propósito, de un fallo de la Sala I de la Cámara de Casación. La referencia de Alberto podría ser interpretada solo como una interferencia.

Aquella ley fue avalada por la Sala III de la Cámara de Casación. Cristina apuesta a lo que puede. Que otro veredicto en sentido contrario desate una controversia judicial que le permita ganar tiempo. Algunos kirchneristas arrepentidos, que ven la chance de zafar del delito y quizás regresar al redil, ocupan su tiempo con la presentación de nulidades y amparos.

El fallo de la Sala I de Casación se ha demorado por dos razones. Uno de sus jueces, Diego Barroetaveña, sufrió una apendicitis de la cual se está recuperando. Las presiones del poder lograron además enrarecer el clima en el Tribunal. Se sabe que la jueza Ana María Figueroa tiene decidido su voto en favor de la inconstitucionalidad. Fue una funcionaria judicial cortejada en otra época por el ex ministro Julio De Vido. Tal certeza activó las usinas oficiales en torno a un veredicto que beneficie al kirchnerismo.

Quizá detrás de esa cortina se oculte otra cosa. Los jueces Barroetaveña y Daniel Petrone no solo podrían declarar la constitucionalidad de la ley de marras. Considerarían válido además lo actuado por Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Pondrían, como exigencia férrea, que los testimonios de los arrepentidos tengan siempre correlato con las pruebas de la causa de los Cuadernos de las coimas.

El Presidente está abocado, mientras tanto, a modificar la postura de Rafecas sobre la Procuración. El juez se encerró en el silencio. No ha recibido aún contactos de la Casa Rosada. Habló, en cambio, con varios fiscales. Evalúa las consecuencias de una supuesta designación con las nuevas reglas –sin los dos tercios—a las cuales el Senado dio media sanción.

Los interrogantes resultan inagotables para él. La admisión de la mayoría absoluta no solo representaría un cambio público de su criterio inicial. Lo imbuiría de una debilidad objetiva al ser elegido con los votos exclusivos del oficialismo. El 90% de los especialistas que expusieron en la Comisión parlamentaria se pronunciaron por mantener la mayoría especial. La Junta Consultiva que terminó consintiendo el cambio de sistema lo hizo después de una pulseada que terminó 6 a 5. Además de aquella debilidad asomaría una legitimidad de baja tensión.

Otros detalles tampoco son pasados por alto. Rafecas presume que Cristina le dispensa desconfianza. Viene de la época en que intervino en la causa Ciccone contra el ex vicepresidente, Amado Boudou. ¿Por qué razón impulsó el cambio de reglas para la elección cuando el juez había divulgado su posición? Entre las variantes hay otra que representa una alarma. El sistema de Jury de Enjuiciamiento, después de muchas quejas, fue mantenido por los K en la exigencia de los dos tercios para iniciar cualquier juicio. Es decir, 5 miembros de siete. La trampa saltó por otro lado. Anularon la obligación de sesionar con la totalidad de los integrantes. Gambito para que el procurador o cualquier fiscal que resulte molesto al poder, sea desplazado.

El avance kirchnerista en el Senado sobre el Ministerio Público es integral. Simplificó el modo de elección pero mantuvo el requisito de los dos tercios para promover la destitución. Eso dejaría maniatada a la oposición en caso de cuestionar la actuación del futuro procurador. Su permanencia en el cargo dejaría de ser vitalicia. Se estipula un plazo de cinco años. Con la posibilidad de reelección. ¿Cómo se comportaría el jefe de los fiscales, si quisiera continuar, frente a un gobierno que cumpla dos mandatos en forma consecutiva? También los K adoptaron precauciones en caso de vacancia. Podría ser cubierta por un miembro elegido por la Comisión Bicameral del Ministerio Público. Allí el kirchnerismo también exhibe mayoría.

El proyecto al cual dio media sanción el Senado significaría el más grave avance sobre el Poder Judicial desde aquel intento “democratizador” de Cristina que en 2013 frustró un fallo de la Corte Suprema. Por una razón sencilla: no bien empiece a regir el modelo acusatorio, los fiscales concentrarán el poder de investigación en el fuero penal en detrimento de los jueces. Su participación en las causas de corrupción, entre tantas, será determinante.

A esa audaz maniobra kirchnerista le resta todavía un paso muy importante. La aprobación en Diputados. Cambiemos le hizo saber al Presidente que su apoyo a Rafecas en condiciones de normalidad virará hacia una intransigencia con las nuevas reglas de juego. Un agregado: plantearán la judicialización del tema que trabajan con especialistas. ¿Por qué razón?

Al menos dos. La mayoría de los dos tercios deviene de la reforma constitucional de 1994 que la sostiene como una necesidad para amalgamar un respaldo pluripartidario. Eso garantiza fortaleza y autonomía del procurador. Sería acorde con el espíritu de la independencia de poderes.

Los números en Diputados para consumar la ley del Senado son todavía inciertos. El kirchnerismo necesita de aliados. Observa a Unidad Federal, del mendocino José Luis Ramón, y a los hombres que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Otra línea clave son los legisladores lavagnistas, donde Graciela Camaño anticipó que votaría en contra. Tampoco Sergio Massa, el titular de la Cámara, dispone de margen para no involucrarse. Su vínculo con Máximo Kirchner, sufrió un deterioro. El hijo de la vice, por ejemplo, impulsó la ley del Impuesto a la Riqueza que Massa imaginó que dormiría una larga siesta en Diputados.

En ese asunto, cuya aprobación se descuenta en el Senado, despunta también la futura judicialización. Hay empresarios y dirigentes del campo que trabajan con la idea de la inconstitucionalidad. Aunque es posible descubrir fisuras. “Yo vendo alimentos. Mi fuerte está en el Conurbano. ¿Qué pasará con mis negocios si me pongo en la resistencia furiosa?”. Fue la reflexión de un hombre de negocios. No lo dijo, pero aludió al temor de saqueos inducidos por los K cuando se acerquen las fiestas navideñas.

Como si las controversias fueran pocas, la próxima semana comenzará a tratarse en las comisiones de Diputados la ley de Legalización del Aborto. Las dudas sobre su progreso radican en el Senado, donde naufragó en 2018 el proyecto enviado por Mauricio Macri. El papel de Cristina será clave. La cuestión no se remite a una puja política. Ni de mayorías. Hay expertos, junto a sectores sociales y políticos que cuestionan la iniciativa, dedicados a demostrar su colisión con la Constitución.

El principal sería la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida” y agrega “que este derecho está protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Aquella Convención tiene jerarquía constitucional en función de lo que dispone el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Observando el panorama, que conserva la pandemia devastadora y la crisis económico-social, se advierte que el Gobierno desafía con recurrencia un límite. Muchas de sus iniciativas apuntan a una reinterpretación de normas constitucionales. No sucede solo con el Poder Judicial. Figuran la Ley del Arrepentido, el impuesto a la riqueza o la legalización del aborto. ¿Se terminará el kirchnerismo ajustando a derecho? ¿O buscará, según sea el desenlace de las elecciones del año próximo, una reforma de la Constitución?

La apuesta no aflora sencilla. El kichnerimo ha demostrado carecer de inhibiciones. El Presidente y su ministro de Interior, Eduardo De Pedro, no vacilaron en abrir una controversia con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe porteño, sobre la actuación policial durante el velatorio de Maradona. Un ardid para ocultar sus gravísimas falencias. La planificación del adiós al ídolo resultó solo un despropósito. Acicateado, tal vez, por la mísera ambición de algún rédito político. Nunca en la historia se asistió, como el jueves, al copamiento de la Casa Rosada por parte de barrabravas. Nunca durante la pandemia se alentó que una multitud circulara abigarrada y sin cuidados. A contramano de lo que la propia autoridad impone desde marzo a la sociedad.

Los días furiosos y de emoción colectiva repusieron una conocida realidad. La Argentina es el país que ha saltado hace rato sobre un inmenso vacío. Allí permanece.