miércoles, agosto 17

“No podemos dejar pasar el relato que intentan instalar”:La respuesta de Macri al kirchnerismo por la carta al FMI

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En una reunión con la cúpula de Juntos por el Cambio, el ex Presidente pidió defender las negociaciones con el organismo internacional y proteger la imagen del espacio que el Frente de Todos intenta amedrentar con su carta

Juntos por el Cambio decidió que los senadores del espacio opositor contestarán la carta que sus pares del Frente de Todos les entregaron a los integrantes de la misión del Fondo Monetario Internacional que visitan la Argentina y en la que juzga que se prestaron fondos al país “irresponsablemente” en el gobierno anterior. “No hay que dejarle pasar al Gobierno algunos relatos que quieren instalar, como en el de la negociación con el Fondo”, propuso Mauricio Macri a sus pares de la conducción nacional de JxC durante el Zoom de esta mañana.

La ex gobernadora de Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, estuvo de acuerdo con la solicitada del expresidente y sotuvo

La idea de la coalición opositora es defender el acuerdo logrado con el FMI en 2018, pero “no meterse en las contradicciones internas del oficialismo”, según se coincidió en la videollamada de JxC, que duró una hora y en la que también se resolvió rechazar en el Congreso la nueva fórmula jubilatoria que propone la Casa Rosada e insistir en el esquema aplicado durante la gestión de Macri.

La propia carta elaborada por el Frente de Todos implica una grieta en su espacio al diferenciar al cristinismo mas combativo y quienes, con una postura mas dialoguista, intentan llegar a un acuerdo.

Desde el macrismo saben que deben responder a la carta del Frente de Todos ya que a su juicio distorsiona la negociación que su gobierno encaró con el FMI  y “nos hacer quedar como los malos de la película”. No hacerlo sería de un gran impacto político.

que deberían ser los senadores de Juntos por el Cambio quienes debían estar a cargo de la respuesta ya que fueron sus colegas del Frente de Todos los encargados de redactar el mensaje a los miembros del organismo internacional.

El domingo, el bloque de senadores del Frente de Todos publicó una dura carta contra el FMI, días después de la reunión que la misión del organismo tuvo con el ministro de Economía, Martín Guzmán; el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

A la Señora Kristalina Georgieva, Directora Gerente – Fondo Monetario Internacional -Washington, D.C. 20431  – EE.UU. 

De nuestra consideración: 

El Poder Ejecutivo de la República Argentina, en su  carta del 26 de agosto pasado, ha invitado formalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI) a una misión, para iniciar las consultas y comenzar las  conversaciones tendientes a acordar un nuevo Programa con el organismo que usted dirige. 

Ante esa situación, nos parece necesario repasar la historia de la relación entre  la Argentina y el FMI, realizar algunas precisiones y formular algunas  propuestas, que le permitan a nuestro país encarar el sendero del desarrollo económico. 

  1. Las negociaciones que se iniciarán próximamente, serán para superar  el “cancelado y descarrilado acuerdo stand by 2018 (SBA)”. Resulta  obvio que, si este SBA hubiera resultado exitoso, hoy no  estaríamos ante la necesidad de tener que acordar un nuevo  Programa.
  2. Es entonces necesario entender qué es lo que falló al momento de  gestionarse los fondos que tan irresponsablemente ese organismo le  prestó a la Argentina; cuáles fueron los cálculos que hicieron pensar a  los técnicos, funcionarios y directivos del FMI, que nuestro país podría  obtener excedentes externos suficientes como para afrontar los  vencimientos que se previeron en ese entonces, cuando en realidad  resultaba claro desde el inicio que los mismos serían de pago  imposible, como así lo manifestaron oportunamente analistas locales e internacionales.
  3. Resulta importante entender con claridad la cuestión planteada  precedentemente, porque de ella se deriva la responsabilidad de cada  parte –el Gobierno de Argentina y las autoridades del FMI de ese  momento- en lo actuado hasta el presente. Asumir la responsabilidad  de cada parte es esencial para que la negociación que próximamente  se inicie resulte transparente, efectiva, de buena fe y sobre todo; para  que los resultados que surjan de la misma contemplen la proporcionalidad de la responsabilidad compartida en el rápido, desproporcionado e inútil endeudamiento con ese organismo al que llegó nuestro país.
  4. Hoy, tanto en la Argentina como en el Fondo han cambiado las  autoridades. Así como nuestro nuevo gobierno, encabezado por el  presidente Alberto Fernández, se ha hecho cargo de una realidad  económica francamente difícil, derivada del elevado y  desproporcionado nivel de deuda en que la anterior gestión embarcó a la Argentina con la coparticipación de ese organismo, es de esperar  que el Fondo adopte una actitud equivalente. Hacerse cargo de la  responsabilidad proporcional que cada parte tiene, permitirá no solo negociar el próximo Programa en igualdad de condiciones, sino  también que los costos de las decisiones erróneas o equivocadas se  repartan en forma equitativa.
  5. En ese sentido, y siempre con el afán de contribuir al entendimiento  mutuo, es de resaltar que el propio Estatuto del Fondo expresa, en su Artículo VI, que: “Salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este  Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos  generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que  adopte medidas de control para evitar que los recursos generales  del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control  pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los  recursos generales del Fondo”.
  6. Según la información que se conoció inmediatamente después de los  primeros desembolsos efectuados, esos fondos, en lugar de engrosar  las reservas internacionales del BCRA, se dirigieron a financiar la fuga  de capitales mediante el aumento en la formación de activos externos.  Recientemente el BCRA ha publicado el informe de deuda, donde da  clara cuenta de esta situación cuando afirma: “Entre mayo de 2018 y  hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos  en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a  desembolsarse cerca de USD 44,5 mil millones. Estos fondos junto a  las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del  sector privado, que alcanzó los USD 45,1 mil millones….”.
  7. Por eso, nos resulta de interés conocer cuáles fueron las medidas de  control que el Fondo solicitó a la Argentina en ese contexto, ya que, a nuestro entender, ello no sólo no ocurrió sino que, además, ese  organismo continuó con los desembolsos sin considerar esta situación; a pesar de que era informado diariamente por las autoridades  argentinas de ese entonces, sobre la evolución de las principales  variables económicas, fiscales, financieras, bancarias y cambiarias.
  8. Dado que, según los elementos de juicio que consideramos, no  estaban dadas las condiciones para continuar con los desembolsos, habida cuenta del incumplimiento del Artículo VI, nos permitimos  suponer que si los mismos igual se efectivizaron se debió, principalmente, a consideraciones de tipo político y no a aspectos  técnicos o institucionales.
  9. Estas suposiciones no solo están basadas en noticias periodísticas  que dan cuenta de las pretensiones del Presidente de los EEUU,  Donald Trump, de ayudar al entonces gobierno de la Argentina para  que Mauricio Macri pudiera ser reelecto, sino que además se sostienen por la información brindada por Mauricio Claver-Carone, quien reveló este entramado durante una teleconferencia del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales (CCRI) realizada el  pasado 22 de julio, donde afirmó que el presidente de los EEUU  solicitó al FMI el otorgamiento de un préstamo por 55.000 millones de  dólares a la Argentina, con el fin de que Mauricio Macri ganara las  elecciones, ya que lo consideraba un aliado estratégico. Afirmó que,  como algunos miembros del directorio del FMI -especialmente de los  países europeos-no estaban de acuerdo en otorgar esa suma de  dinero a un gobierno cuya economía se encontraba en constante deterioro, la entonces directora gerente, Christine Lagarde, trasladó  tales inquietudes a la Casa Blanca, agregando que él directamente – Claver Cardone- las puso en conocimiento del presidente Trump, quien solicitó, según siempre bajo los dichos de este funcionario, que  el Fondo arbitre todos los medios necesarios para la autorización del  préstamo.
  10. Por lo tanto, sería necesario que el Fondo confirme o desmienta categóricamente estas apreciaciones, puesto que estaríamos ante un antecedente gravísimo de injerencia e influencia del FMI para que un  determinado sector político obtuviese el triunfo en las elecciones pasadas, dejando una deuda impagable que afecta negativamente el  futuro de la totalidad de los argentinos. Parafraseando al ex Secretario  del Tesoro de los EEUU, Paul O´Neill, que durante la crisis de la  convertibilidad del 2001/02 supo decir que “los plomeros y carpinteros  de los EEUU no deberían pagar la irresponsabilidad de quienes  prestaron fondos a la Argentina sin tomar los recaudos pertinentes”  hoy podríamos afirmar que los trabajadores de Argentina no deberían  ser los perjudicados por la devolución de los préstamos del Fondo, que parecen haber sido otorgados para satisfacer necesidades políticas; antes que por cuestiones estrictamente técnicas que tuvieran  por finalidad mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro  país.
  1. Otro aspecto a resaltar es la forma en que se tomó esta deuda. Hoy la  justicia argentina está investigando si se hizo al margen de lo que  prescriben las normas vigentes y en caso de que correspondiese,  determinar la responsabilidad civil y penal que les pudiera caber a los  funcionarios públicos responsables de la gestión anterior.
  2. En efecto, la Ley de Administración Financiera de la Argentina (Ley N°  24.156) prescribe en su artículo 61 que, “en los casos que las  operaciones de crédito público originen la constitución de deuda  pública externa, antes de formalizarse el acto respectivo cualquiera  sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir  opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto  de la operación en la balanza de pagos…”, lo que no ocurrió con la  certeza y precisión necesarias.
  3. No escapará al calificado criterio, amplio conocimiento y experiencia  de la Directora General, de los demás directivos de ese organismo, de sus funcionarios y técnicos, todos especializados en macroeconomía y  finanzas internacionales; que el motivo de esta exigencia legal  obedece a que la capacidad de pago del país está completamente  vinculada al resultado, presente y proyectado, de los distintos rubros  que conforman la cuenta corriente y de capital. Ya, al cuarto trimestre  de 2017, la cuenta corriente arrojó un déficit de U$S 8.738 millones,  como resultado de la apertura indiscriminada de importaciones y la  derogación, para los exportadores, de la obligación de liquidar las  divisas en la plaza Buenos Aires, hecho que, sumado al levantamiento  de las regulaciones prudenciales al movimiento internacional de  capitales, anticipaba lo que sería una pérdida de solvencia continua, a  partir de esos años, en las cuentas externas del país.
  4. El gobierno de aquel entonces tampoco cumplió con los requisitos  elementales para celebrar válidamente un acto administrativo, toda  vez que se desconoce la confección de expedientes y documentos de  respaldo previo a la firma de los acuerdos.
  5. Todo ello se tramita ante la justicia argentina en la causa “CODIANNI, EDUARDO JULIO c/ EN s/ AMPARO LEY 16.986” (Expte. N° 7651/2019) que hoy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
  6. Existe, asimismo, otra causa judicial que se tramita ante el Juzgado  Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo del  Doctor Pablo Cayssials, que solicita la nulidad de todo lo actuado – incluyendo las Cartas de Intención y los memorandums de  entendimiento-, puesto que los demandantes consideran que no se realizaron los distintos informes previstos por las Leyes vigentes de  Procedimientos Administrativos del Estado ni de la de Administración  Financiera, como se señaló previamente. Esos estudios deberían ser, al menos, el de factibilidad, un informe económico que necesariamente  tendría que haber hecho el Ministerio de Hacienda; y el informe  jurídico previo a la suscripción del acuerdo. Tampoco hay decreto  presidencial sobre el préstamo, y ni siquiera se ha encontrado el  informe del Banco Central de evaluación financiera que obliga la ley a  hacer, para ver cómo afectaba este acuerdo a la balanza de pagos del  país.
  1. Es decir, al momento de suscribir los documentos con el FMI no había  siquiera un expediente iniciado en ninguna de las áreas de la  Administración Publica Nacional involucradas. No se han conocido  actos administrativos del Poder Ejecutivo, del Banco Central ni del  Ministerio de Hacienda que ordenen tomar el crédito del Fondo.  Tampoco hay dictámenes previos a la toma de deuda con el FMI, ni  jurídicos ni del BCRA. Tampoco existe información alguna sobre la  existencia de cláusulas de prórroga de jurisdicción para el caso de que  hubiera un distracto (extinción de obligaciones) entre la Argentina y el  FMI. Finalmente, en los expedientes entregados por el Ministerio de  Hacienda, no hay acuerdo alguno firmado entre las partes, así como  tampoco acto aprobatorio.
  2. Argentina tomó el préstamo más grande de su historia y asumió  compromisos financieros, a todas luces incumplibles, sin tener un  expediente abierto y sin los dictámenes e informes correspondientes,  lo cual infringiría, al menos, la Constitución Nacional, el Estatuto del  Fondo y las Leyes de Procedimientos Administrativos y de  Administración Financiera.
  3. No quedan claras las causas de este proceder. Menos aún, conociendo que el propio FMI en sus recomendaciones sobre  transparencia y control de la corrupción, ha planteado con énfasis la  necesidad de poner claridad allí donde exista opacidad estatal. Entre  las muchas referencias que el organismo ha hecho sobre  transparencia y corrupción8 resaltamos que, de acuerdo con el  documento titulado “Monitor Fiscal” en su edición de abril 2019,  preparado por el Departamento de Finanzas Públicas del Fondo, se  pone énfasis en la necesidad de frenar la corrupción y señala que ésta  sería “el abuso del cargo público para beneficio privado” y manifiesta  que la corrupción distorsiona las actividades del estado y afecta el  crecimiento económico y la calidad de vida de la gente y debilita las  funciones claves del sector público.
  1. Compartimos plenamente esta visión sobre la corrupción y por ello  nos preguntamos si los beneficiarios privados de los desembolsos  realizados por el Fondo, es decir quienes pudieron concretar la salida  del mercado ante presiones devaluatorias (los que pudieron completar  el ciclo financiero de fuga de capitales) no son acaso los que han  contado con un entramado de relaciones con los funcionarios del  gobierno argentino de ese entonces, con la complacencia de los  miembros del Fondo actuantes en la operatoria que no supieron, no  quisieron, o no pudieron frenar los desembolsos ante dicha situación.
  2. Sabemos que fue el préstamo SBA más grande de la historia del FMI y también de la larga historia de endeudamiento fracasado de la  Argentina con ese organismo. En junio de 2018 el acuerdo de  préstamo alcanzó los u$s 50.000 millones, suma que fue ampliada en  u$s 7.100 millones más en octubre de ese mismo año.
  3. Convencionalmente, el Fondo presta a los países en los SBA el 435%  de su cuota, con desembolsos que no pueden superar el 145%  anualmente. En los números de Argentina, con una cuota de  aproximadamente u$s 5.000 millones (equivalente a los Derechos  Especiales de Giro –DEG-), hubiera correspondido, en el año 2018,  un monto de SBA máximo cercano a u$s 22.000 millones con  desembolsos anuales que no deberían haber superado los u$s 7.300  millones. Niveles muchos más reducidos que los que el Fondo aprobó  y desembolsó para la Argentina.
  4. Sin embargo, de acuerdo a lo que se conoce como “acceso  excepcional” que le permite al FMI prestar sin límite de cuota, el  Directorio de ese organismo aprobó esas sumas desproporcionadas  para la capacidad de pago de Argentina en base a los informes del  Staff, que daban cuenta que nuestro país podría cumplir con los cuatro criterios que el Fondo exige para acceder a superar las  proporcionalidades convencionales. Estos criterios son: I) que el país  que solicita la excepción tenga problemas graves de balanza de  pagos, lo cual en el caso argentino era incuestionable; II) que el  análisis de deuda indique que hay alta probabilidad de que sea  sostenible en el mediano plazo, situación que era claramente la  inversa ya que el país no contaba con posibilidad alguna de sostenibilidad de su deuda; III) que el país tenga acceso al mercado  de capitales que le permita devolver las obligaciones con el Fondo,  otro criterio que tampoco tenía ninguna viabilidad de cumplirse ya que  los mercados de capitales estaban cerrados para Argentina desde  febrero de ese año 2018 y, IV) que el programa con el Fondo tenga  probabilidades de éxito, análisis prospectivo que tuvo que estar muy  forzado para otorgar el acuerdo, puesto que ninguna de las variables  que implican resultados de éxito evolucionaron positivamente durante  el plazo de aplicación del mismo.
  1. Es decir, que tres de los cuatro criterios que se analizan para brindar  el “acceso excepcional” en el caso argentino no se cumplían a la hora  de la aprobación del SBA, con lo cual se vuelve a reforzar la hipótesis  de que pudo haber presiones de tipo político para provocar la  aprobación del mismo.
  2. Es larga y fracasada la historia de los acuerdos de la Argentina con el  FMI. Los resultados del último están claramente expresados en la  Carta del Gobierno Argentino del 26 de agosto pasado, en la que se  explica que “la actividad económica se contrajo un 2,6% y un 2,1%  durante 2018 y 2019 respectivamente, y la inflación del índice de  precios al consumidor marcó respectivamente un 47,6% y un 53,8%  para 2018 y 2019; ello combinado con una contracción monetaria sin  precedentes”. Ello sin agregar el costo en términos sociales de tales  políticas, que elevaron el cierre de pequeñas y medianas empresas, la  pérdida de empleos, la tasa de desocupación y la pobreza.
  3. Si se analizan los resultados obtenidos por los programas del FMI desde 1956, cuando se suscribió el primer SBA con Argentina, se  puede concluir que “los programas del Fondo no cumplieron un rol  antiinflacionario en Argentina. En los períodos de vigencia de acuerdos  la inflación promedio fue más elevada, porque las medidas previas al  lanzamiento de los planes de ajuste –devaluación, aumentos de  impuestos, de tarifas públicas y de tasas de interés– aceleran la inflación; y porque la represión de variables clave durante los  programas –usualmente, el salario y el tipo de cambio– acumula  desequilibrios que llevan a la ruptura de los planes en un contexto  inflacionario y de crisis cambiaria”.
  4. Tampoco fueron efectivos a la hora de incrementar el crecimiento  económico, ya que desde 1956 “en los subperíodos con menos de  cuatro meses de acuerdos, el crecimiento del producto bruto promedió  el 5,1% anual, la media ponderada de inflación fue 41,7% al año….”  En cambio en los períodos de 21 a 55 meses bajo acuerdos con el  FMI, el crecimiento promedió 1,9% anual, muy inferior al de períodos  sin acuerdos, la inflación media fue más elevada, 84% anual….” “En  la etapa de permanencia prolongada bajo acuerdos con el FMI, 1982- 2001, el crecimiento, la inflación y el empleo experimentaron su peor  comportamiento: el producto bruto varió anualmente al 1,6% promedio;  la media anual inflacionaria fue de 398,9%; y el desempleo aumentó  15 puntos porcentuales”.
  1. Y por supuesto, siempre fue muy alto el deterioro social asociado a la  aplicación de los programas del FMI a lo largo de la historia argentina, con aumento de la pobreza, la indigencia y el desempleo. “Acordar con  el Fondo en busca de soluciones económicas de largo plazo es  completamente inútil y contraproducente, como lo demuestra la  historia argentina contemporánea”.
  2. Con sólo revisar las estadísticas sociales y económicas de nuestro  país se puede afirmar que éstas exhiben, claramente, que a la  Argentina le fue bien, muy bien, cuando siguió su propio camino en  materia económica, dejando de lado las recetas de ajuste del FMI.  Desde 2003 y hasta 2015, el PBI creció a una tasa promedio de casi 5% anual, no existiendo en la historia económica argentina ningún otro  período de ese nivel de crecimiento promedio durante 12 años. A raíz  de ese muy buen desempeño de la economía mejoraron todos los  indicadores sociales con un importante descenso de la pobreza del  50,3% al 27% y del desempleo que cayó del 25% en 2003 al 5,9% a  finales de 2015. Se crearon más de 5.000.000 de puestos de trabajo  debido al empuje y la dinámica que permitió desarrollar un amplio y  pujante mercado interno. Todo ello pagando la deuda externa privada  heredada de las administraciones anteriores, defaulteada y reestructurada en los canjes del 2005 y 2010 sin nuevo  endeudamiento; y también cancelando en enero de 2006 todos los  créditos con el FMI.
  1. Así lo expresaba el Presidente Néstor Kirchner cuando el 15 de  diciembre de 2005 anunciaba el pago de la deuda total que Argentina  mantenía con el FMI. “Esta deuda ha sido constante vehículo de  intromisiones, porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido  fuente de exigencias y más exigencias que resultan contradictorias  entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Además,  desnaturalizado como está en sus fines, el FMI ha actuado, respecto  de nuestro país, como promotor y vehículo de políticas que provocaron  pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que  eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente”. Y  agregaba: “Formamos parte de la triste realidad de integrar el grupo de  países en los que esa institución ha aplicado y monitoreados muchos  de sus 150 planes de ajuste. El resultado ha sido exclusión, pobreza,  indigencia, la destrucción del aparato productivo. A la sombra de esos  programas hemos visto concentración de ingreso en unos pocos y  hemos chocado contra la imposibilidad de combinar crecimiento  macroeconómico con desarrollo social y pleno empleo”.
  2. Hoy, el mundo se abate ante la pandemia provocada por el COVID 19  que ha producido la crisis sanitaria, económica, social, comercial y  financiera más grande de todos los tiempos. Así lo reconocen las  instituciones económicas europeas que han puesto en marcha  importantes planes de ayuda a sus países miembros, destinando  ingentes sumas de subsidios y créditos baratos para apoyarlos en la  necesaria e imperiosa recuperación. En julio pasado han aprobado el  “Plan de Recuperación para Europa” que contempla la creación de un  fondo de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones de  euros se desembolsarán como subvenciones y 360.000 millones de  euros en préstamos, con el fin de ayudar a los países más afectados entre 2021 y 2023. Además se aprobó el presupuesto plurianual 2021- 2027 que contará con 1.074 billones de euros. Los aportes servirán  para financiar, entre otros, inversiones, proyectos científicos  tecnológicos y de transición y cambio climático; y subsidios a los  actores económicos perjudicados por la crisis. Los países con mayor  caída del PBI, población y desempleo, serán los prioritarios.
  3. Lo actuado por la Unión Europea (UE) debería servirle de ejemplo al  FMI. Si la UE, cuyos países miembros cuentan con un PBI per cápita y  una calidad de vida varias veces superior a los de nuestro país, ha  decidido tan cuantioso nivel de subsidios y préstamos, el Fondo debería elaborar y ofrecer a los países de desarrollo intermedio como  la Argentina, sumas similares en igualdad de condiciones para que  pueda financiar la puesta en marcha de su economía; y superar así  los estragos de la política económica del gobierno anterior y de la  pandemia.
  4. Por todo lo antedicho y ante las nuevas negociaciones iniciadas por  nuestro gobierno del presidente Alberto Fernández, SOLICITAMOS se  abstengan de exigir o condicionar las políticas económicas de la  Argentina para los próximos años y, en cuanto a la refinanciación de  la deuda PROPONEMOS: a) reconsideración de los intereses; b)  período de espera para comenzar los pagos anuales a partir del año  2025; y c) plazo de amortización en varias décadas, de modo tal que  las erogaciones anuales no tornen insustentable la refinanciación de la  deuda e impacten negativamente en la economía argentina y en la  vida de su sociedad. 

Tal y como advirtió oportunamente el Papa Francisco: “No se puede pretender  que las deudas sean pagadas con sacrificios insoportables”.  

Saludamos a usted muy atentamente: 

Bloque de Senadores del Frente de Todos 

José M. Mayans – Anabel Fernández Sagasti – Oscar I. J. Parrilli – Carlos A.  Caserio – María de los Ángeles Sacnun – Maurice F. Closs – Claudia  Ledesma – Adolfo Rodríguez Saá – Ana C. Almirón – Jorge Enrique Taiana  – Martín Doñate – Inés I. Blas – Mariano Recalde – María E. Catalfamo – Norma H. Durango – María E. Duré – Carlos M. Espínola – Silvina M. García  Larraburu – Nora Del Valle Giménez – Nancy S. González – María T. M. González – Ana M. Ianni – Edgardo D. Kueider – Sergio N. Leavy – Cristina  C. López Valverde – Daniel A. Lovera – Alfredo H. Luenzo – Dalmacio Mera  – Roberto M. Mirabella – Beatriz G. Mirkin – Gerardo A. Montenegro –José E. Neder – Juan M. Pais – María Inés Pilatti Vergara – Antonio J. Rodas – Matías D. Rodríguez – Silvia Sapag – Guillermo E. M. Snopek – José Rubén Uñac 

La idea de la coalición opositora es defender el acuerdo logrado con el FMI en 2018, pero “no meterse en las contradicciones internas del oficialismo”, según se coincidió en la videollamada de JxC, que duró una hora y en la que también se resolvió rechazar en el Congreso la nueva fórmula jubilatoria que propone la Casa Rosada e insistir en el esquema aplicado durante la gestión de Macri.

La propia carta elaborada por el Frente de Todos implica una grieta en su espacio al diferenciar al cristinismo mas combativo y quienes, con una postura mas dialoguista, intentan llegar a un acuerdo.

Desde el macrismo saben que deben responder a la carta del Frente de Todos ya que a su juicio distorsiona la negociación que su gobierno encaró con el FMI  y “nos hacer quedar como los malos de la película”. No hacerlo sería de un gran impacto político.