Nuevas hipótesis para el femicidio en Cerrillos

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27 de diciembre 2019 – Existen datos comprometedores sobre la actuación del consigna policial. Organismos apuntan a la responsabilidad del Estado sobre el caso.

La vivienda donde ocurrió el femicidio, en el barrio Los Paraísos, Cerrillos.

El femicidio de Liliana del Valle Flores (25) a manos de Hedgar Exequiel Almirón (31), su exesposo y agente policial, que se quitó la vida, ocurrido el martes, alrededor de las 7, en el barrio Los Paraísos de Cerrillos, pese a que a ella se le había asignado una consigna policial, suma nuevas hipótesis y enciende una luz roja sobre la responsabilidad del Estado. 

Según informó el Ministerio Público Fiscal ayer, existen datos más comprometedores sobre la actuación del sargento, cuya identidad no fue proporcionada, quien debía custodiar a la mujer. 

Entre esos datos se encuentra el resultado de la autopsia, que determinó que la víctima recibió tres disparos cuyas detonaciones deberían haberse escuchado en el acto. No se descarta que el efectivo no haya estado en el lugar en el momento de los hechos.

Además, cuando se produjo el hecho, el policía afectado a la consigna dijo que se encontraba en la puerta del domicilio y que no se percató que Almirón ingresó por la parte posterior y solo se alertó cuando sintió disparos. Aseguró que al ingresar a la vivienda, la mujer ya estaba herida y el agresor se disparó con el arma de fuego. Sin embargo, hoy el sargento se abstuvo de declarar. En consecuencia, el fiscal pidió que se mantenga la detención del acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, hasta tanto se completen las medidas que permitan esclarecer lo sucedido.

Gran preocupación

Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres manifestaron gran preocupación por el caso de femicidio. “Nos preocupa este que es uno de los últimos casos. Nos preguntamos cómo ocurre que un agente de la Policía, con su arma y pese a una custodia, comete el femicidio de la expareja”, expresó Ines Bocanera, vicepresidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM).

Agregó que: “Este caso específico pudo haber sido prevenido porque había una denuncia y custodia policial. Los interrogantes que surgen tienen que ver con que por qué este agente policial todavía tenia la posesión del arma cuando desde el Ministerio de Seguridad se informa que cuando existen denuncias por violencia de género, se retira el arma”. 

“La preocupación surge también por la responsabilidad de un Estado que había designado una consigna, que a la vez tiene la responsabilidad también de retirar el arma a un agente que estaba denunciado por violencia ya que esa misma noche se hizo una denuncia sobre amenazas. Considero que lo que más nos aqueja es que este femicidio era evitable y sin embargo pasó. Estaban todas las herramientas dadas para que esto no se diera pero ocurrió igual, por eso la responsabilidad”, hizo hincapié. 

Antecedentes

Bocanera indicó que hay antecedentes de casos de femicidios perpetrados por policías en Salta. “En 2015 hubo tres femicidios cometidos por policías mientras que en 2016 hubo dos. Uno de ellos dejó a cuatro niños sin su madre. Ese año el Observatorio sacó una recomendación sobre el retiro del arma reglamentaria para aquellos agentes que estuvieran vinculados a cualquier situación de violencia de género”, puntualizó. 

En ese sentido, recordó que: “El Ministerio de Seguridad, el año pasado informó a través de quien era el Secretario que esto se hacía, es decir, la aplicación un protocolo para la quita del arma reglamentaria, entonces esto es lo que nos genera tantos interrogantes”. 

Según estadísticas del OVcM, en lo que va del año se registraron 17 femicidios, de los cuales uno se encuentra en proceso de investigación y un transfemicidio. Cinco de los casos ocurrieron en diciembre y tres en noviembre. En 2018 se registraron 11 femicidios.

“Nos llama la atención cómo hay épocas en las que incrementan los casos, como este último mes. Además, el tipo de vínculo que prevalece en la mayoría de los casos (8) es el de pareja o expareja entonces el análisis que hacemos a partir de eso esto es cómo la violencia siempre está vinculada a la relación de poder que ejercen las parejas o exparejas sobre las mujeres, y en el caso del agente de Policía todavía más ya que el arma es una herramienta de amenaza, entonces se está frente al uso de poder explícito a través del arma ”, finalizó. 

“Reforzar la formación”

La Ley Micaela establece capacitación obligatoria sobre género para funcionarios.

La vicepresidenta del OVcM, Ines Bocanera recalcó que para prevenir la violencia de género es necesario reforzar la formación. “Nosotros tenemos una ley reciente, la Ley Micaela que habla en su artículo primero sobre la obligatoriedad de capacitación en todos los niveles y jerarquías de los tres poderes del Estado pero hay algo que destacar de la ley y es que habla de lo sistemático y permanente, eso quiere decir que no tiene que darse una capacitación aislada”.

Añadió que: “Como se trata de un sistema patriarcal que está en nuestra cultura, es un cambio cultural el que tiene que darse sobre como analizar los hechos y como generar herramientas de prevención necesarias, tanto para las personas que atraviesan una situación de violencia, para que puedan denunciar y por otro lado, aquellas destinadas a los agentes del Estado para que tomen las medidas que correspondan para evitar las situaciones de violencia”.

Por otra parte, se conoció que el procurador general de la provincia de Salta, Abel Cornejo, aprobó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de esa jurisdicción el uso del “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)”, elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta.

En esa línea, mediante la Resolución 936, recomendó su implementación a magistradas y magistrados, funcionarias y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y puso a disposición del Poder Judicial de Salta los lineamientos y perspectiva de género incluidos en dicho Protocolo. Ya son cuatro las provincias que adhirieron a este instrumento: Buenos Aires, Chubut, Corrientes y Salta.