domingo, septiembre 29

Nuevos allanamientos a organizaciones sociales acusadas de extorsionar a beneficiarios de planes

0
81

El juez Ariel Lijo ordenó nuevas investigaciones tras un pedido del Ministerio de Capital Humano.

El elegido por el Gobierno de Javier Milei, para ocupar el quinto espacio vacante dentro de la Corte Suprema de Justicia, el actual juez federal Ariel Lijo, ordenó nuevos allanamientos en el marco de la causa que investiga las posibles extorsiones a beneficiarios de planes sociales por parte de dirigentes piqueteros.

La denuncia por “extorsión, amenazas y defraudación agravadas”, fue iniciada por el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, luego de una serie de llamados anónimos a la línea 134, en donde reportaban el pedido de dinero o el descuento en el pago social por parte de los líderes de distintas organizaciones sociales.

Por ello, en las últimas horas se allanaron las sedes de la corriente Aníbal Verón, Movimiento Evita, Movimiento Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores LTDA, Confluencia Popular y MTL, en donde se logró secuestrar celulares y documentación que ahora, quedará bajo análisis pericial.

Además, según indicaron fuentes de la investigación judicial, se obtuvieron varios cuadernos y fichas de afiliación de la Unidos Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), liderado por Juan Grabois, que podrían ser claves para descubrir el mecanismo de cobro y extorsión que se llevada delante dentro de las agrupaciones.

De acuerdo con el avance de la investigación que encabeza Lijo, quien tiene todas las chances de pasar a conformar el supremo tribunal del país, después de la postulación que hizo el Gobierno, en medio de los cuestionamientos a su figura y falta de carrera jurídica, en la tarde del pasado miércoles se libraron 14 órdenes de allanamientos, que quedaron a cargo del Departamento de Delitos Fiscales de la Dirección General de Investigación de Delito Complejo de la Policía Federal.

Dichas acciones se realizaron en la mañana y mediodía de este jueves, en los domicilios en donde funcionan las dependencias de las organizaciones sociales en la Ciudad de Buenos Aires. Con el objetivo de relevar pruebas que serán analizadas en el marco de la investigación judicial que se lleva adelante a pedido de la gestión de Pettovello.