El gobierno de Alberto Fernández se abstuvo de apoyar la continuidad de la comisión especial de Naciones Unidas que denuncia las persecuciones políticas ejecutadas por el régimen de Nicolás Maduro.

El gobierno presidido por Alberto Fernández ordenó a la comisión que representa al país en Ginebra, que se abstenga al momento de de votar la continuidad de la comisión de las Naciones Unidas (ONU) que investiga las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Venezuela cometidas por el régimen de Nicolás Maduro.

La continuidad  fue apoyada por 19 países, rechazada por 5 estados miembros y tuvo 23 abstenciones.

“La Argentina ha decidido abstenerse en el presente proyecto de resolución por entender que el diagnóstico realizado por la FFM (Misión Internacional Independiente) no responde a un trabajo producto de investigación en el terreno y al diálogo directo con todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados. Si bien coincidimos que es el propio gobierno de Venezuela quien debe permitir el acceso de la FFM al país para investigar adecuadamente las denuncias recibidas, la renovación de la FFM en las actuales condiciones solamente contribuye a continuar un mecanismo que en la práctica y el terreno no pueden mejorar los derechos humanos del pueblo venezolano”, aseguró Sebastián Rosales, director Nacional de Financiamiento con Organismos Internacionales de Crédito, quien representa a la Argentina en Ginebra.

Cuando el Gobierno nacional apoyó la creación de la comisión especial, ya se sabía que Maduro no autorizaría su ingreso a Venezuela para recoger en el terreno las denuncias de violaciones sistemáticas cometidas por el régimen populista.

“Condena enérgicamente todas las vulneraciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, algunas de las cuales, según la misión internacional independiente de determinación de los hechos, pueden constituir crímenes de lesa humanidad”, establece el artículo 1 del proyecto de Resolución que presentaron Estados Unidos, Canadá, Chile, Alemania y Francia, entre otros países, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU en Venezuela, hace pocos días.