domingo, septiembre 25

Otro dolor de cabeza para Moyano: cinco dirigentes de Camioneros irán a juicio acusados de extorsión

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Se trata de Rubén Omar Dutra, Diego Emanuel Coria, Matías Ezequiel Paz, Jorge Fabián Aguirre y Omar Andrés Pérez, quienes amedentraron al apoderado de una pyme dedicada al transporte para pagara una presunta deuda qye resultó ser inexistente.

En medio del tenso clima que vive el Club Atlético Independiente a nivel dirigencial, Hugo Moyano suma un nuevo dolor de cabeza por parte del sindicato de Camioneros. Según trascendió en las últimas horas, cinco gremialistas, entre los que se encuentra la mano derecha del Presidente del Rojo, irán a juicio por el delito de extorsión en grado de tentativa.

La solicitud fue enviada por el fiscal Ignacio Mahiques, quien apuntó contra dirigentes del gremio por haber amedrentado al apoderado de una pyme de transporte con el objetivo de hacerle pagar una presunta deuda que resultó ser inexistente.

Entre los acusados, se destacan Omar “Manguera” Pérez, secretario de Políticas de Transporte del sindicato, y secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), un hombre clave en la estructura de Moyano, y Omar Dutrá, secretario de Logística del gremio. Además, se les sumarán en el banquillo Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.

En su presentación ante el juez Fernando Caunedo, el fiscal consideró que “todos los imputados deben ser considerados coautores del hecho investigado pues con sus aportes contribuyeron a la realización del plan común que estaba orientado por la única finalidad de despojar a la firma de parte de su patrimonio en beneficio ilegal del Sindicato de Choferes de Camiones”.

Y agregó: “Mientras parte de ellos llevaban adelante el bloqueo, otros, en particular Dutrá y Pérez, exigieron a Castell la entrega del dinero”.

Omar Pérez y Pablo Moyano

Los aprietes al apoderado de Andar Transportadora comenzaron al año de su creación y se volvieron más habituales conforme la empresa iba creciendo. Alejandro Castell, dueño de la pyme de Trenque Lauquen que se dedica desde el 2001 al transporte de cargas, sostuvo: “Día por medio me llamaban del sindicato para exigirnos dinero por la diferencia de kilómetros que recorrían los choferes”.

En diálogo con Infobae, explicó que ante su negativa, Hernán Sánchez, el titular de la Seccional 9 de Julio de Camioneros, le respondió que la deuda que mantenía con ellos podía saldarla “con uno de sus camiones”.

“Por supuesto que me negué. Esa es plata que juntan para ellos cada dos o tres años. Hay empresas grandes, que tienen unos 70 camiones, a las que le sacan dos o tres millones de pesos cada seis meses, pero los cheques no a la orden van a nombre del sindicato, de la federación y de la mutual, y el dinero no llega a los choferes”, explicó al mismo medio.

Posteriormente, y ante la imposibilidad de Castell de ceder, Sánchez y “cuatro matones” se aparecieron de improviso en su casa para reclamarle por la deuda. “Me exigían dinero por la diferencia de kilómetros entre 2008 y 2018 -contó-. Me negué y les pedí que me enviaran una carta documento para que constara oficialmente el reclamo y tener argumentos legales para rechazarlo”.

“Como no aflojaba, el abogado de ellos nos dijo que íbamos a tener una sorpresa“, relató Castell. La amenaza se materializó el 31 de julio de 2020 cuando, mientras viajaba a Buenos Aires, el empresario se enteró de que unas diez personas identificadas con el Sindicato de Camioneros y que decían responder a Hugo Moyano bloquearon de 9.30 a 13.30 el depósito de la pyme, en Villa Soldati, impedían el paso de los camiones y amenazaban a los choferes.

Alejandro Castell, dueño de Andar Transportadora

En su investigación de los hechos, el fiscal Mahiques consideró ilegítima la deuda reclamada a Castell, ya que se comprobó que no había constancia alguna en los ministerios de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Es por ello que los dirigente fueron imputados como coautores del delito de extorsión en grado de tentativa, un hecho que el Código Penal reprime con reclusión de 5 a 10 años.

“Aun de resultar existente la deuda reclamada, lo cierto es que ello no los habilitaba a forzar el pago bajo la amenaza de paralizar el transporte”, afirmó el fiscal.

Además sostuvo que “los imputados carecían de toda autoridad para reclamar directamente a la empresa del denunciante que incumplía la normativa legal en perjuicio del sindicato”, ya que, como había afirmado el juez Caunedo, el Ministerio de Trabajo es la autoridad para determinar si no se cumplía el convenio laboral. “Es decir -sostiene Mahiques-, el sindicato no estaba habilitado para reclamar directamente a la empresa, y debía acudir ante la autoridad administrativa para formular sus reclamos en representación de sus afiliados”.

En ese sentido, recordó que los jueces de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional señalaron al confirmar el procesamiento de los acusados que “ningún derecho puede ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni mucho menos ampara las demandas violentas realizadas al margen del monopolio estatal de la fuerza pública y el imperio de las decisiones judiciales”.