Pagarán una deuda y harán una donación para no ir a la cárcel

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Salta sorprende con una de las salidas alternativas del nuevo Código procesal. No aplica para funcionarios.

El sistema acusatorio, que se aplica en la jurisdicción de la Cámara Federal de Salta desde junio de 2019, sigue mostrando los rasgos

que lo distinguen del modelo inquisitivo que aún rige en el resto del país.

Un caso de estafa al Banco Nación, que con las anteriores reglas procesales habría terminado con un matrimonio metanense en prisión, se resolvió con la cancelación de una deuda bancaria y una donación a favor del hospital de Joaquín V. González.

El conflicto se inició en 2018 en el fuero civil y pasó luego al penal, como un caso de estafa por «desbaratamiento de derechos acordados», figura que tiene contempladas en el Código de fondo penas cárcel.

En este caso, sin embargo, el proceso quedó resuelto con una de las salidas alternativas que introdujo el nuevo Código Procesal Penal Federal. El fiscal general Francisco Snopek, del Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Salta, dispuso de la acción penal pública que pesaba sobre la pareja empresaria por un hecho de estafa en perjuicio del Banco Nación.

En el marco del acuerdo celebrado, los encausados deberán cumplir con el pago de una deuda, de un millón de pesos, que les reclama la entidad financiera.

Asimismo, y como acción reparadora, la pareja integrada por Hugo Francisco Solorza y María Verónica Poma Pegoraro deberá efectuar una donación mensual de $3 mil a favor del hospital de González.

Los antecedentes del caso

El litigio se inició el 27 de abril de 2018 cuando el Banco Nación promovió una acción civil de ejecución prendaria de maquinarias contra los acusados, oriundos de la ciudad de Metán. La medida se frustró a raíz de acciones de ocultamiento que impidieron al banco disponer de los bienes puestos en garantía.

El 21 de octubre de 2019 la entidad crediticia denunció ante a los deudores por el presunto delito de estafa, con lo cual el conflicto pasó al fuero penal federal.

El caso giraba en torno a maniobras que tenían como objetivo el incumplimiento de pagos de dos préstamos por un monto total de un millón de pesos, tramitados y obtenidos en 2016. Al asumir la investigación del hecho, el fiscal Snopek llevó adelante el proceso bajo la calificación de «desbaratamiento de derechos acordados», contemplado en el artículo 173, inciso 11, del Código Penal.

En medio de los contratiempos generados por la pandemia, la Fiscalía avanzó con varias audiencias que, a fines del año pasado, dejaron encaminada la salida alternativa.

La resolución

En el marco de los artículos 22 y 26 del Código Procesal Penal Federal, que promueven la resolución de conflictos de manera expedita, el fiscal Snopek decidió disponer de la acción penal mediante un acuerdo de suspensión del proceso a prueba.

El 11 de diciembre del 2020, con la asistencia de la auxiliar fiscal Rocío Mariscal, el fiscal aceptó los términos acordados con la defensa de los acusados, quienes se comprometieron a pagar la deuda y cumplir con la acción reparadora.

Durante un año los acusados deberán someterse al control del Patronato de Liberados, bajo la advertencia de que, ante cualquier incumplimiento, la acusación penal en su contra será restaurada.

Salidas alternativas
 
El nuevo Código procesal faculta a fiscales federales a disponer de la acción penal pública en determinados casos por criterios de oportunidad, conversión de la acción, conciliación y suspensión del proceso a prueba. 
No pueden prescindir de la acusación “si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo, o cuando apareciere como un episodio dentro de un contexto de violencia doméstica o motivada en razones discriminatorias”. Tampoco cuando haya en juego “supuestos que resulten incompatibles con previsiones de instrumentos internacionales” con rango constitucional.