
José Leiva es albañil y días atrás recibió en su casa en Tupungato, provincia de Mendoza, una credencial de PAMI. Sorprendido, indagó acerca de la tarjeta que tenía su nombre, un numero de afiliado y la fecha de alta del 16 de mayo del 2000, es decir, cuando el hombre todavía tenía 18 años.
Para poder aclarar lo ocurrido, concurrió a las oficinas de la Anses desde donde, según él mismo refirió, le dijeron “y bueno, use la tarjeta”, y no le dieron mayores detalles sobre lo ocurrido ni iniciaron una investigación.
Leiva supone que alguien robó su identidad, y con sus datos se presentó a una oficina del Estado y tramitó el beneficio. De acuerdo a los papeles, la jubilación es depositada en el banco Santiago del Estero y cobrada en Tucumán.
Con todos estos datos, Leiva se asesoró legalmente y quiso presentar una denuncia a la entidad, pero debido a la pandemia, le dijeron que “no están recibiendo denuncias”.
Su abogado, Daniel Álvarez, sostuvo que en la entidad “nadie se hace cargo y nos dijeron que hagamos la denuncia online, pero se trata de algo muy grave que puede involucrar a muchas personas”: “Hay alguien que solicitó la jubilación a nombre de Leiva y está cobrando este beneficio“, dijo el abogado. Asimismo, intentan determinar cómo una persona con 18 años pudo acceder a una jubilación sin que ningún ente regulatorio se percatara de la situación.
Por esto, el letrado irá a la Justicia Federal donde espera que se pueda determinar quién falsificó la documentación e incurrió en el delito de supresión de identidad.
“Hay otros casos de personas que figuran como acreedoras de pensiones, jubilaciones o asignaciones y nunca las han solicitado. Esto quiere decir que alguien las está cobrando en nombre de ellas”, indicó Álvarez.
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