Para una universidad europea, en Argentina se cometieron “violaciones mayores” a la democracia durante la pandemia

0
141
Desde restricciones a la libertad de prensa hasta exceso de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Los datos de la Universidad de Gotemburgo que revelan las lesiones a la democracia que sufrió el país en los últimos 15 meses La pandemia ha servido a muchos Gobiernos como un justificativo para avanzar sobre la democracia y las libertades individuales, bajo el paraguas de que se trataba de una situación excepcional. Es así que el instituto Varietes of Democracie, dependiente del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, realizó un estudio en el que analizó cómo los esfuerzos de los gobiernos para contener la pandemia de Covid-19 durante los últimos quince meses (abril 2020-julio 2021) han limitado los derechos humanos y la Argentina fue uno de los países con mayores violaciones a la democracia.

El criterio de evaluación consiste de dos indices: el de violaciones a los estándares democráticos en pandemia (PanDem por sus iniciales en inglés) y el de retroceso democrático (PanBack). El primero toma en cuenta “la medida en que las respuestas estatales al Covid-19 violan los estándares democráticos destinados a una respuesta de emergencia. Por su parte, el PanBack refleja el grado en que esas respuestas representan un riesgo general para la democracia del país, mas allá de la pandemia. Al cruzar ambos indices, “brindan una imagen de cómo las respuestas de emergencia al Covid-19 pueden estar afectando la calidad de la democracia dentro del país”.

Por último, una vez obtenido estos resultados, el país puede ser ubicado entre cuatro categorías: sin violaciones a la democracia, violaciones menores, violaciones moderadas e importantes violaciones. Es así que Argentina fue ubicada en este último grupo luego de haber tenido un magro desempeño democrático: de 144 países analizados, quedó décima en el índice PanDem y, aún más preocupante, segunda en el PanBack. Lo que implica que las violaciones cometidas son una amenaza para la democracia más allá de la emergencia pandémica y quedar instaladas luego de que el covid 19 deje de ser un problema. Al respecto, consideraron de que el riesgo es “alto”.

El instituto analizó siete variables y en tres de ellos el país evidenció “importantes violaciones”: derogación de derechos no derogables, exigencia abusiva en el cumplimiento de normas y restricciones a la libertad de prensa.

Como aspectos más preocupantes que llevaron a que Argentina tenga uno de los peores desempeños democráticos durante la pandemia, se encuentran que los investigadores evidenciaron que el papel del congreso como cuerpo legislativo se vio “un poco” limitado ya que el poder ejecutivo goza de del derecho de “gobernar por decreto” en varios temas relacionados con el covid-19. En este sentido, hasta el 10 de julio Alberto Fernández firmó 107 Decretos de Necesidad y Urgencia mientras que en el mismo periodo el Congreso solo dictó 98 leyes. A su vez, muchos de esos DNU nunca pudieron ser aprobados por el poder legislativo.

En otro de los apartados sobre el informe de Argentina, los investigadores reconocen la violación de derechos “no derogables” reconocidos por la Convención Internacional en Derechos Civiles y Políticos (ICCPR por su iniciales en inglés). Como fundamento mencionan el caso de Formosa donde “las personas fueron recluidas en centros de aislamiento y cuarentena obligatorios que estaban hacinados y tenían condiciones insalubres. Algunas instalaciones parecían tener una ventilación y un acceso al agua limitados. Muchos fueron retenidos en estos centros por más de los 14 días recomendados por la OMS”. A su vez aseguran que se violó el articulo 7 de la ICCPR que establece que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Sobre la libertad de prensa, se garantiza que no hubo limitaciones. Sin embargo, alertan que los medios de comunicación sí enfrentaron limitaciones de facto para informar sobre la respuesta del gobierno a la pandemia de Covid-19“. En este sentido, mencionan la existencia de “informes de que a los periodistas no se les permite ingresar a la provincia de Formosa para informar sobre la situación del Covid-19”. Al respecto “un miembro del gobierno local dijo que los periodistas deben “enviar preguntas por correo electrónico” si desean conocer la situación en la provincia”.

En adición, más adelante, el informe también alerta porque “ocasionalmente” el Gobierno limitó “el acceso a información relacionada con el covid-19”. No obstante, manifiestan que estos sucesos “no fueron sistemáticos ni continuos”.

Siempre tomando como caso madre lo ocurrido en la provincia de Formosa y la nula respuesta del Gobierno nacional, los investigadores afirmaron que durante el periodo analizado las autoridades “acosaron verbalmente a periodistas que informaban sobre el coronavirus”.

Por último, quizás el dato más preocupante, el instituto Varietes of Democracie, denunció que las fuerzas de seguridad ejercieron con “mucha frecuencia excesiva violencia” para que se cumplan las medidas de emergencia relativas al coronavirus. Un dato alarmante es que en algunos países estas violaciones ocurrieron en algún momento del periodo estudiado, pero en argentina sucedió en los 15 meses analizados. “Hay informes generalizados sobre el uso de la violencia, a veces con resultados letales, por parte de las fuerzas de seguridad al ejecutar las medidas de emergencia tomadas con referencia al Covid-19” sostiene como respuesta general. En particular, agrega: “Hay varios informes de fuerzas de seguridad involucradas en actos de violencia. La Secretaría de Derechos Humanos recibió 531 denuncias de abusos policiales entre fines de marzo y principios de agosto de 2020, incluidas 25 muertes“.