La Casa Rosada sabe que no tiene los votos en el Congreso para avanzar con el proceso contra el Máximo Tribunal, pero apela a la táctica electoral de crear enemigos.“Cristina Kirchner hoy no tiene más alternativa que fidelizar a su electorado duro”, reconocen fuentes oficiales.

En el Gobierno saben perfectamente que el anuncio de Alberto Fernández sobre su decisión de impulsar un juicio políticocontra los integrantes de la Corte Suprema por el fallo sobre la coparticipación terminará siendo sólo eso: un anuncio.

El juicio político es un procedimiento previsto para —entre otros— los jueces del máximo tribunal. El órgano responsable de ejecutarlo es el Congreso de la Nación. Allí, cada cámara tiene una responsabilidad: la de Diputados es la encargada de la acusación mientras que el Senado es responsable por el juzgamiento. Y cada instancia tiene un requerimiento complejo de lograr: se necesitan dos tercios de los legisladores presentes para que tanto la acusación como la condena (en este caso, la destitución del juzgado) prosperen.

Dos tercios suponen 172 diputados y 48 senadores. Hoy en día, nadie, ni oficialismo ni oposición, tiene números suficientes para avanzar con un juicio político. Además, el pedido aún no fue presentado el pedido. ¿Qué pasará cuando eso ocurra?

En Diputados, el Frente de Todos tiene 118 legisladores propios y 4 aliados permanentes. Suman 122, 50 diputados menos de lo que se requiere para aprobar en el recinto la eventual acusación que, solo en ese caso, pasaría al Senado.

En la Cámara alta, en tanto, el oficialismo tiene 34 senadores propios y 3 aliados. Suman 37, es decir, 11 por debajo de los 48 necesarios para dictar sentencia.

Ante este panorama surge una primera pregunta: ¿el Gobierno es consciente de esta situación adversa? La respuesta es sí. Entonces aparece una segunda pregunta: entonces, ¿por qué quieren hacerlo? La respuesta es política.

El de Alberto Fernández es un “gobierno de alianza política” en la que el kirchnerismo es parte mayoritaria. Y el kirchnerismo suscribe a la idea de hacer política y ejercer el poder siempre confrontando y diferenciándose con un “otro”. Así construye su propia identidad.

Desde hace ya varios años, uno de esos “otros” elegidos para confrontar es el Poder Judicial, especialmente la Justicia Federal y la Corte Suprema. La estrategia se intensificó con el avance y posterior condena en el juicio contra Cristina Kirchner conocido como “causa Vialidad”. Y se volvió irreversible tras la publicación de supuestos chats de WhatsApp entre jueces, fiscales, empresarios y funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, principal bastión opositor.

“El Presidente sabe perfectamente que el juicio político contra Rosatti y el resto de la Corte no va a prosperar; no vive en un termo; pero es una decisión política que responde a una manera de ver las cosas”, cuenta una persona de mucho peso en la Casa Rosada.

El oficialismo sólo tiene número para hacer sesionar la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que preside la entrerriana Carolina Gaillard. Y hasta eso llega.

“Cristina hoy no tiene más alternativa que fidelizar su electorado duro y para ello necesita construir este tipo de confrontaciones”, reconoce un importante integrante del Gobierno.

El pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti (ex ministro de Justicia durante la presidencia de Néstor Kirchner), aún no fue presentado. Mientras tanto, la oposición apunta los cañones contra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la que sospechan de haber ejecutado -en conjunto con empresas de telefonía- una maniobra de hackeo de teléfonos de integrantes de Juntos por el Cambio del cual habrían emanado los chats en los que se apoya el Gobierno para cuestionar a la Justicia.