A la difícil situación se suma el drama del yacimiento jujeño que hace peligrar el empleo de decenas de salteños.

Yacimiento petrolífero Caimancito, ubicado dentro del parque Nacional Calilegua, en Jujuy.

Un grupo de ambientalistas presentaron ante la Justicia de la vecina provincia de Jujuy dos medidas cautelares para exigir el cierre definitivo del yacimiento petrolífero Caimancito, ubicado en esa vecina provincia dentro del Parque Nacional Calilegua.

La medida generó la lógica preocupación de unos 30 trabajadores de esa industria, la mayoría de ellos salteños y provenientes del departamento San Martín, quienes prestan servicios en ese yacimiento y niegan enfáticamente que la producción espontánea que se da en Caimancito prácticamente desde hace medio siglo esté generando algún impacto ambiental.

El fin de semana anterior el sindicato que nuclea a los trabajadores de las provincias de Salta y Jujuy publicó sendas solicitadas en medios de ambas provincias descartando de plano los argumentos de este grupo de letrados que responden a una organización ambientalista y aseguraron que no existe ningún tipo de afectación al ambiente, pero que un eventual cierre de las operaciones podría dejar sin sus fuentes de empleo a unos 30 operarios, la mayoría de ellos del departamento San Martín.

Sebastián Barrios, secretario general del gremio de los trabajadores petroleros, precisó que «el yacimiento está emplazado dentro del Parque Nacional Calilegua y ha reducido su área en gran medida, precisamente a pedido de las autoridades que tienen jurisdicción sobre la misma. En la actualidad la operación está a cargo de la estatal Jujuy Hidrocarburos».

«Caimancito es un yacimiento que tiene como característica principal tener pozos surgentes, es decir que no requieren de ninguna operación mecánica para la extracción del crudo, sino que el hidrocarburo aflora a la superficie en forma espontánea. De manera que el personal, lo que hace es ir de forma escalonada haciendo el abandono técnico del pozo, lo cual en la jerga de nuestra actividad no significa dejarlo abandonado y que contamine el suelo o las napas de agua, sino que se refiere a un procedimiento técnico que antecede a la cementación de las perforaciones», explicó.

En el departamento San Martín no se anunciaron nuevos planes de inversión en áreas productoras, lo que genera mucha incertidumbre. Legisladores, intendentes y gremios se reunirán para  abordar la situación.

Barrios precisó que «el año pasado ya se hizo una operación en este sentido y actualmente la empresa estatal jujeña ha contratado otro equipo, de manera que desde el gremio consideramos que está cumpliendo con el compromiso que asumieron en su momento; la provincia no cuenta con los recursos suficientes y esos solo se obtienen vendiendo el crudo del mismo yacimiento, que es lo que se está haciendo», dijo el gremialista.

«Estamos hablando de varios pozos que datan de la década de 1960 y que era una operación que en esos años realizó la exestatal YPF. Además de este trabajo, otra empresa se dedica a levantar los explosivos que han quedado después de esas operaciones cuando la detección de petróleo se hacía con esa técnica de detonación de los boosters sísmicos y la situación se complicó bastante cuando se produjeron incendios forestales en la zona, lo que producía un gran riesgo para el ambiente», dijo.

No hay contaminación

Barrios indicó que «debemos reconocer que hubo un pozo que derramaba bajas cantidades de crudo, siempre en forma espontánea, una vez que adquiría más presión, lo cual sucedía en los días de calor intenso. De ese pozo se había hecho el abandono técnico pero, evidentemente, no estaba realizado en forma adecuada. Como estaba en cercanías a un arroyo se hicieron fotos y filmaciones y ese fue el argumento de este grupo de abogados, pero lo que no se expresa es que ese tema puntual ya quedó totalmente subsanado. Pero ellos siguen mostrando las mismas fotos y los mismos videos y como las autoridades de Parques Nacionales no permiten el ingreso a la empresa de hidrocarburos ni a ningún particular, se insiste en que la contaminación continúa cuando no es así».

US$100 mil por operación

Barrios consideró que «estos grupos quieren ejercer presión sobre el gobernador Gerardo Morales quien, antes de tomar pleno conocimiento de la situación, había anticipado que el yacimiento se iba a cerrar. Pero cuando supo de qué manera se opera y los trabajos de remediación realizados, tuvo otra mirada sobre la situación».

«Cuando el común de la gente escucha hablar de abandono cree que es dejar todo e irse y en realidad se trata de toda una operación de gran complejidad. Es un proceso técnico y se debe ingresar al pozo con un equipo, montarse en la torre, hacer la inspección de la locación, revisar en qué estado se encuentra la tubería que en su momento entró al subsuelo. Una vez que termina esa etapa ingresa un equipo de cementación que termina colocando el tapón de abandono. Pero el gran inconveniente que tenemos es que no se permite el ingreso al parque nacional», detalló el conocedor.

«Lo que nos preocupa es que estamos próximos a firmar un nuevo acuerdo con el Gobierno de Jujuy para que nuestra gente siga trabajando, hacer los abandonos graduales de los pozos y no que por presión de estas organizaciones quedemos con más gente sin trabajo, cuando no existe tal contaminación ambiental», precisó Barrios.