El titular de uno de los principales sindicatos judiciales se presentó como querellante y pidió ampliar la investigación para incluir en la misma al juez del Máximo Tribunal, salpicado en la causa que investiga desvío de fondos de la obra social, una red de afiliados VIP y licitaciones digitadas en favor de empresas cordobesas, de donde es oriundo el propio magistrado

Los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial se transformaron en los últimos meses en uno de los mayores golpes a la imagen institucional de la Corte Suprema, a cargo de gestionar esta multimillonria caja. Particularmente, el nombre de Juan Carlos Maqueda quedó vinculado a irregularidades de todo tipo: desvíos de fondos, licitaciones dudosas y la existencia de afiliados VIP a los que se le otorgaban prestaciones que la obra social no cubría.

NEXOFIN tuvo acceso exclusivo al pedido realizado por Hugo Agustín Bruera, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (SITRAJU), quien se presentó como querellante en la causa que investiga la red de presuntos delitos y pidió al juez subrogante ampliar la investigación e incluir a Maqueda en la posible comisión de delitos.

El denunciante explicó su pedido de incluir a Maqueda al mencionar la red de familiares de éste en funciones clave dentro del manejo de la Obra Social, hoy auditada e investigada por la Justicia. “El magistrado no sólo no cumplió con su función y con su deber de fiscalización sobre la Obra Social, sino que además en virtud del manejo efectivo que el nombrado tuvo mediante la designación de personal de su confianza, como su propia sobrina, María Guadalupe Burgos en el cargo de tesorera, o su secretaria privada Maribe Bonucelli, en el Directorio de la Obra Social, entre muchos otros funcionarios y empleados. Es posible suponer que estos habrían participado en la actividad ilícita que se le reprocha al Dr. Aldo Tonón”.

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Al inicio de su presentación, Bruera explica: “Vengo por el presente a efectuar formal denuncia contra los Dres. Aldo Tonón y Diego Taetti, este último auditor médico de la Obra Social, por la posible comisión de delitos contenidos en el Código Penal de la Nación Argentina y sus leyes complementarias debido a las diversas irregularidades en la falta otorgamientos de las prestaciones de salud a nuestra/os afiliada/os”.

Y aclara que sus representados “se acercaron a nuestro sindicato para que los ayudemos jurídicamente en los casos”. Además, al explicar las razones que lo empujaron a presentarse como querellante, Bruera aclara que los presuntos desmanejos causaron “perjuicio no sólo de los fondos públicos, sino de los aportes que realizan los trabajadores mes a mes, a los fines de recibir las correspondientes prestaciones médicas”.

Puntualmente, el pedido del sindicato exige a la Justicia indagar en dos licitaciones millonarias ya informadas en exclusiva por NEXOFIN semanas atrás. “Estamos convencidos que la licitación particularmente del servicio de Emergencias Médicas debe ser investigada en profundidad por el Sr. Juez, a efectos de determinar con precisión posibles vínculos de los dueños de la Empresa en cuestión, con funcionarios/as de la OSPJN y determinar la presunta comisión de delitos por parte de los mismos y/o de quien en definitiva resulte responsable de los ilícitos en cuestión”.

Además, el denunciante aseguró que otra de las empresas beneficiadas con las contrataciones millonarias era una “compañía fantasma”. “La otra licitación millonaria es la contratación de la empresa Farmadant, otra empresa cordobesa, cuya función por lo que conocemos era la de controlar las recetas que presentaban las farmacias, pero que control podía efectuar de las recetas de distintas farmacias del país, si la empresa tiene domicilio en Avda. Colón 610 de la ciudad de Córdoba, donde además señor Juez no existiría ninguna infraestructura de empresa y sólo sería una empresa fantasma”.

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Una de las novedades del pedido realizado por el titular del sindicato judicial es que solicitó al juez subrogante que lleva adelante la causa incluir en la investigación al juez Maqueda “a efectos de determinar su responsabilidad y/o su posible participación criminal”.

“El magistrado no sólo no cumplió con su función y con su deber de fiscalización sobre la Obra Social, sino que además en virtud del manejo efectivo que el nombrado tuvo mediante la designación de personal de su confianza, como su propia sobrina, María Guadalupe Burgos en el cargo de tesorera, o su secretaria privada Maribe Bonucelli, en el Directorio de la Obra Social, entre muchos otros funcionarios y empleados. Es posible suponer que estos habrían participado en la actividad ilícita que se le reprocha al Dr. Aldo Tonón, debiendo en todo caso mediante el análisis de la prueba secuestrada, y los demás elementos que deban incorporarse como declaraciones testimoniales de empleados, ex empleados, proveedores, afiliados, etc. determinar las personas que han intervenido en los distintos ilícitos cometidos en el ámbito de la Obra Social”.

Luego, en su pedido de ampliación de la investigación, Bruera vinculó a Maqueda directamente con las licitaciones bajo sospecha: “Resulta más que sospechoso que las dos licitaciones millonarias más escandalosas que se investigan, se habrían cometido durante el período en que estuvo a cargo de supervisar y controlar la gestión de la Obra Social, el ministro de la Corte Dr. Juan Carlos Maqueda; y que ambas empresas (EMI S.A, y FARMANDAT S.A.) sean de Córdoba, provincia de la que es oriundo el antes nombrado”.