El médico Martín De la Arena, acusado por tentativa de fraude a la administración pública (dos hechos) y por tentativa de estafa, todo en concurso real, quedó al borde del juicio, luego del pedido que realizó al Juzgado de Garantías N´4 la fiscala de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.

Además, Salinas Odorisio solicitó el sobreseimiento de De la Arena por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, dado que «de los datos colectados durante el devenir de la investigación penal preparatoria no pudo acreditarse que el obrar del mencionado médico haya estado efectivamente direccionado a la confección o ejecución de algún contrato o negociación en el cual haya intervenido interesándose en miras a un beneficio propio o de un tercero».

En cuanto a los dos hechos de fraude a la administración pública, Salinas Odorisio se basó en la declaración testimonial de distintas funcionarias y funcionarios, además de evaluar los informes y documentación brindados por organismos nacionales y provinciales y la investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El año pasado, cuando el caso de De la Arena salió a la luz, el ministro de Salud, Juan José Esteban, salió al cruce y señaló que la colocación de plasma es gratuito en todos los centros privados y clínicas, y había cuestionado al centro privado Hemosalta SRL que pretendió cobrar por el servicio. “Todos los centros privados y las clínicas están colocando el plasma gratuitamente, entonces este señor no puede salir a cobrar el plasma”, había advertido. 

 

Entre los argumentos brindados por la fiscala en el pedido de elevación a juicio se encuentran las pruebas de que De La Arena -como socio gerente de Hemosalta SRL- para la realización de Servicio Transfusional Hospitalario, y siendo prestador de la obra Social IPS, solicitó en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de PCC -plasma- (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado.

La primera presentación fue rechazada, ya que pretendía el pago de $69.000, asimilando esta práctica a la de plaquetoferésis; solicitando posteriormente, por medio de notas a dos sanatorios, el cobro de $30.000 a los pacientes, monto que luego debería ser reintegrado por el IPS. Todo esto a sabiendas de que, al no haber una resolución ministerial, no se estaba cobrando la entrega de las unidades, y que por orden del Ministerio de Salud Pública, el Centro de Hemoterapia entregaría las unidades de plasma en forma gratuita a los nosocomios autorizados.

Salinas Odorisio explicitó que De La Arena no llegó a consumar su acto delictivo por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que el Instituto Provincial de Seguros de Salta rechazó sus pedidos, y le indicó el código correspondiente a transfusión de plasma, cuyo valor en nomenclador IPS era de $4.607,88.