Nota extraída de TN por Sebastián Aulicino

Mientras la Justicia investiga, la ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, pidió a la AFIP el nombre de los 250.000 beneficiarios que supuestamente incumplieron las condiciones. Enojo en los movimientos que forman parte del Gobierno.

La polémica por los 250.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que según la AFIP declararon Bienes Personales o compraron dólar ahorro sigue atravesando la agenda política nacional. Entre acusaciones de supuestas operaciones internas del kirchnerismo, el Movimiento Evita quedó en el centro.

La oposición reclamó saber a qué organización corresponden los beneficiarios y el ministerio de Desarrollo Social que conduce Victoria Tolosa Paz le tiró la pelota a la AFIP y al BCRA. Mientras, hay enojo en las organizaciones sociales, que salieron lastimadas, y temor por un posible recorte masivo de planes.

En las últimas horas, Tolosa Pazfue más medida en sus promesas de dar de baja los planes de todos aquellos que haya cometido irregularidades, y lanzó mayores dudas sobre el contenido del informe que se filtró de la AFIP, que conduce Carlos Castagneto, hombre cercano a Cristina Kirchner.

La ministra aseguró en declaraciones radiales que le pidió a la AFIP “los nombres de las personas que incumplieron las reglas para estar dentro del programa” y al Banco Central cuáles son los beneficiarios del Potenciar Trabajo que compraron dólar ahorro algo que, advirtió, no debería estar autorizado por la propia entidad monetaria. Además, prometió comunicar públicamente cuando se identifique fehacientemente a quienes incumplieron las condiciones.

La figura que quedó más comprometida es Emilio Pérsico, titular de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo -autoridad de aplicación del Potenciar Trabajo- y referente del Movimiento Evita, una de las tres organizaciones sociales más poderosas del oficialismo.

Además de las denuncias penales y de la investigación judicial a cargo del fiscal Marijuan, la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió realizó un pedido de informes para que el Ministerio indique qué organismos avalaron el ingreso de estos titulares que registran incompatibilidades para acceder al plan, cuántas de ellas ingresaron de manera directa sin validación de información, a qué unidades ejecutoras pertenecen y a qué organizaciones.

Las “unidades ejecutoras” están a cargo de la coordinación, el seguimiento, la gestión y la evaluación del plan. Estas unidades ejecutoras son, para cientos de miles de titulares del plan, movimientos sociales. También lo son los municipios.

“El pedido de información tiene que ser respondido en diez días. Pérsico maneja el diseño del programa, la implementación, el ingreso y el control: ¿Quién los dejó ingresar o permanecer con estas incompatibilidades, fue para que esa plata fuera a las organizaciones? Queremos saber a qué unidades ejecutoras pertenecen porque si la mayoría está en una misma organización sabemos dónde está la irregularidad”, dijo a TN Fernanda Reyes, economista de la Coalición Cívica y directora del Instituto de Vivienda de CABA, que encabezó la presentación.

Desde el punto de vista técnico, en el Evita salieron de forma coordinada a indicar que el informe de la AFIP -que según referentes de la agrupación Castagneto filtró para lastimar a los movimientos sociales- mezcla personas que tienen algún tipo de bien, como una moto, con personas que declaran Bienes Personales (que tiene un mínimo no imponible de $6 millones), o a quienes pagan Netflix o Spotify con quienes compran dólares para ahorro.

“La ministra ya indicó que los datos del informe están mal hechos, las conclusiones son erróneas, los medios y la oposición afirman, conjeturan, editorializan. El cruce de datos va a demostrar que la enorme mayoría cumple los requisitos. Es un disparate que se le den de baja de un plumazo 200.000 planes, es un disparate lo que pide el fiscal. Cómo le vas a quitar un pobre los únicos pesos que tiene porque vos sospechas por algo leíste” dijo a TN Fernando “Chino” Navarro, otro de los líderes del Evita.

El programa es compatible con una moto pequeña, un vehículo de más de 10 años y hasta un inmueble. Sumando sospechas sobre la AFIP, en otros movimientos oficialistas también cuestionaron la propia metodología del informe.

“Fue un informe que pidió Juan Zabaleta en junio y lo hicieron sobre un padrón de beneficiarios de entre octubre del 2021 y febrero de este año. Eso hasta te explica por qué hay 3000 que hoy están muertos y se cuentan como si cobraran, por ejemplo”, señalaron, palabras más o menos, referentes de organizaciones con lugar en el Ministerio.

En el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que conduce Juan Grabois dejaron advertencias para el Ejecutivo y la nueva ministra: “Están generando un colchón de consenso para una posibilidad de un recorte. A un pobre, para que cobre 25.000 pesos, le van a hacer hasta una endoscopía. La ministra está hace tres semanas, no le queda mucho más tiempo para mostrar que va por un camino diferente”.