Por el costo de la guerra en Ucrania, el Gobierno negocia flexibilizar las metas del acuerdo con el FMI

Nota extraída de TN por Julia D¨Arrisso

Sergio Massa presentó a las autoridades del organismo un informe que estimó en US$4940 millones las pérdidas que se generaron en la Argentina a raíz de la invasión rusa. Paralelamente, el equipo técnico ultima la tercera revisión con el Fondo.

El pasado miércoles, en medio de la gira internacional que se desarrolló en Bali, Indonesia, se produjo un encuentro clave para el Gobierno en relación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En esa reunión, el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó a las autoridades del organismo un informe en el que detalló las pérdidas que sufrió la economía argentina a raíz de la guerra en Ucrania y, bajo esa premisa, busca negociar una compensación sobre las metas pactadas.

La convocatoria -de la que participaron la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente, Alberto Fernández- tuvo como eje central la discusión por la reducción de la sobretasa del organismo, es decir, el interés extra que le cobran a países con deudas por encima de su cuota en el organismo, como es el caso de la Argentina, pero el titular del Palacio de Hacienda llevó un documento para convalidar ciertos cambios en los objetivos del acuerdo por las consecuencias que trajo la invasión rusa en el escenario macroeconómico.

En el informe que presentó al Fondo, el Gobierno argumentó que la guerra en Ucrania generó un saldo negativo de US$4940 millones, principalmente por la escalada en los precios internacionales del sector agropecuario –soja, trigo y maíz- y en los valores de los combustibles -gas boliviano, GNL y Gasoil-.

En concreto, el equipo económico puso la lupa especialmente sobre que el sector energético generó un fuerte impacto en las reservas, sobre todo en los meses de invierno, donde se elevó la demanda de importación de energía. Según cifras oficiales, el valor de las importaciones de combustible aumentó a US$5756 millones cuando la proyección previa a la guerra era de US$1999 millones. Es decir, que reportó una diferencia de US$3757 millones por este concepto.

Por este punto, el Gobierno justificó ante el FMI que decidió aumentar la producción de gas local, renegociar el contrato de Gas Natural con Bolivia e incrementar las importaciones de energía eléctrica con Brasil, pero también aumentó los subsidios energéticos que se entregaron este año. Las estimaciones oficiales arrojan que esas asistencias ascenderán a $1.799.286 millones este año.

Sumado a la vertiente energética, el impacto de la guerra también trajo efectos por la suba en los precios del llamado complejo agroexportador. En este caso, las exportaciones se ubicaron US$617 millones por encima de la proyección anterior al inicio del conflicto, aunque también estuvieron afectadas por el alza en el costo de los fletes marítimos y la importación de fertilizantes.

La iniciativa de poner en discusión las pérdidas provocadas por la guerra, en realidad, no es nueva, sino que busca retomar un mecanismo que ya había planteado anteriormente el exministro de Economía, Martín Guzmán, quien a principios de año intentó activar una denominada “cláusula de guerra” con el Fondo para reacomodar las metas. “Con el FMI se buscó tener en cuenta que se podían presentar contingencias que requerirían adaptar el acuerdo”, había dicho en ese entonces el funcionario nacional.

Paralelamente, dentro del Palacio de Hacienda dan por aprobados los lineamientos técnicos con el FMI sobre la tercera revisión del acuerdo, que repasa el avance de las variables macroeconómicas vinculadas al déficit fiscal, la acumulación de reservas y adelantos transitorios correspondientes al cierre de septiembre. En caso de que todo avance correctamente, se aprobará un desembolso de alrededor de US$5800 millones.

Los funcionarios del ministerio, encabezados por el jefe de asesores, Leonardo Madcur, mantuvieron reuniones –virtuales y presenciales- durante varios días con técnicos del Fondo para avanzar en el seguimiento de las metas trimestrales y también del cierre del 2022. Los objetivos que mayormente apremian al Gobierno son la reducción del déficit fiscal primario del 2,5 % del PBI en 2022 y del 1,9 % del PBI en 2023, y la acumulación de reservas, que debe alcanzar los US$5000 millones hacia fin de año.

“A causa de la guerra, el Fondo asumió la responsabilidad de apoyar a los países de ingreso medio o bajo. En el 2023 tenemos que ver qué significa asumir esta responsabilidad y cómo exige los cumplimientos”, dijo Massa en una entrevista radial con Futurock, ya de regreso en el país. “Mi intención es que el Fondo asuma la responsabilidad que le toca como prestamista en la última instancia de los países en desarrollo”, añadió.

Lo cierto es que por ahora, en Economía aguardan por una reacción favorable por parte del Fondo. El pasado miércoles, terminada la reunión con la comitiva argentina, la jefa del organismo de crédito admitió que llevará el asunto a la reunión del directorio ejecutivo, prevista para diciembre.