sábado, noviembre 28

Prado deja de ser el intendente de Aguaray y la Pro­vincia designará un interventor

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Por unanimidad el Senado sancionó la medida para remover al intendente Jorge Enrique Prado. El gobernador Sáenz promulgaría hoy la ley y se espera el nombre del interventor. 

El Senado sancionó ayer de manera unánime la ley que dispone la intervención del Ejecutivo municipal de Aguaray y con esta medida se destituirá al intendente Jorge Prado, quien se encuentra imputado por fraude en perjuicio de la administración pública por el robo millonario de caños del Gasoducto NEA.
El senador Javier Mónico fundamentó la decisión del Senado porque se encuentra comprometida la paz social, por la gravedad de los delitos que se le imputan a Prado y por lo evidente y lo notorio de las pruebas que existen en su contra.
Además, porque se encuentran comprometidas las instituciones del municipio y porque es una cuestión trascendente a las proyecciones y que pueden incidir gravemente en el futuro de la Intendencia.
Prado se encuentra imputado desde mayo en la causa que investiga la Justicia Federal tras el informe que publicó El Tribuno y que repercutió en el país.
También fue acusado por contratar dos abogados con fondos del municipio para que lo defiendan en esa causa y de propiciar acciones que pusieron en riesgo la paz social en el municipio y en la zona, como el corte de la ruta nacional 34 y la amenaza para impedir la normal actividad de la planta de Refinor en Campo Durán.
La ley de intervención al Ejecutivo del municipio del norte salteño fue votada ayer por la totalidad de los 22 senadores presentes, luego que la Cámara de Diputados le otorgara el martes último media sanción con 54 votos a favor y 1 en contra del PO. El proyecto había sido presentado en la Cámara Baja por el diputado del opositor PV, Jesús Villa, en marzo pasado, pero recién la semana anterior el oficialismo admitió la necesidad de apelar al remedio de la intervención.
La medida deberá ser promulgada por el Ejecutivo provincial, lo que podría ocurrir en esta jornada.

Las pruebas que encontraron luego de hablar con el fiscal federal Eduardo Villalba llevaron a adoptar el remedio extraordinario que plantea la Constitución provincial. “Para restablecer la paz social en el municipio, proteger a los vecinos y rápidamente se pueda encontrar el orden constitucional, es que se debe avanzar en la intervención”, sostuvo Mónico.


La ley faculta al Ejecutivo provincial a designar un comisionado interventor, con las atribuciones que la Constitución y las leyes locales confieren a los órganos intervenidos y la función se extenderá hasta la asunción del intendente que resulte electo en los comicios provinciales de 2021. Los senadores de la comisión de Legislación General del Senado emitieron dictamen favorable para aprobar la intervención por considerar que la situación es grave. Como miembro informante, el senador Javier Mónico señaló que se hizo un análisis profundo de la situación y remarcó el respeto de los senadores por la autonomía y del derecho de los pueblos de darse a sí mismos sus gobernantes a través del voto popular. Pero señaló que existen también herramientas en el régimen municipal para corregir situaciones de gravedad institucional, que marca el inciso 2 del artículo 179 de la Constitución de Salta, se encuentra acreditado en este caso.

“Pasó por encima de la ley”

El senador Manuel Pailler dijo que en la Legislatura se actuó con prudencia, esperó el avance de la investigación que hace la Justicia y que ahora se tuvo en cuenta la grave crisis institucional que está viviendo el municipio de Aguaray.
Tras remarcar que se trata de una medida que cuesta tomar, dijo que la situación amerita adoptarla, ya que el intendente llevó a cabo una acción unilateral al disponer de bienes patrimoniales del Estado nacional, que fueron sacados para darle una función ajena a la que estaban destinados. 
“Se excedió en sus funciones, sin aprobación del Concejo y ni siquiera consultó a los gobiernos nacional y provincial; pasó por encima de la Constitución y las leyes, quedando en evidencia el mal desempeño como funcionario público”, puntualizó. 
Durante el debate también expresaron sus posiciones los senadores Esteban D Ándrea y Jorge Soto.