El presidente no acepta restituirle a la Ciudad de Buenos Aires el punto de coparticipación que le quitó, pese a la orden del máximo tribunal. Cómo se gestó la decisión.

Sin un objetivo personal claro, Alberto Fernández abrió un conflicto institucional inédito de consecuencias desconocidas. El Presidente accedió a la presión de un grupo de gobernadores del PJ –ni siquiera todos estaban de acuerdo- que promovían desconocer el fallo de la Corte en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Por qué lo hizo? La soledad política y el vacío de poder lo llevó a recostarse sobre los mandatarios provinciales. Jorge Capitanich, uno de los más cercanos a Cristina Kirchner, fue el primero en marcar la cancha y exigir que no sea acatada la resolución judicial. El chaqueño fue el encargado de buscar apoyos entre sus pares.

La vicepresidenta optó por el silencio, pero tendrá la oportunidad de hablar largo y tendido en un acto el próximo martes en Avellaneda. Jorge Ferraresi la convenció personalmente de hacer un cierre del año ante la militancia. “Va a ir con un discurso muy duro contra el Poder Judicial”, deslizan en su mesa chica.

“Cuando fueron por Cristina se quedaron quietos, ahora que van por la de ellos, reaccionan. Lo tendrían que haber hecho antes”, sostuvo un funcionario bonaerense, sobre la actitud de los gobernadores.

En Juntos por el Cambio calificaron con dureza la movida: ruptura del orden constitucional, ataque a la democracia, autogolpe. El oficialismo entró en un camino sinuoso y algunos referentes puertas adentro consideran que se trató de un “error de cálculo”.

Si finalmente la Corte rechaza los planteos de recusación de sus miembros (que no corresponde por extemporáneo) y el pedido de revocatoria “in extremis”, al Gobierno no le quedará otra que obedecer. De hacerlo, la maniobra traerá como resultado un enorme costo político sin ninguna ganancia para el Gobierno. Si al contrario, persiste en la rebelión contra otro poder del Estado, nadie arriesga una solución política pacífica.

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A diferencia de Capitanich, que tuvo una posición rimbombante, Axel Kicillof apoyó la medida, pero jugó al misterio hasta con sus colaboradores. No quiso hacer declaraciones previo a la cumbre de gobernadores en la Casa Rosada y, ya lanzado el comunicado oficial de Presidencia, pidió a sus funcionarios que no le pusieran el cuerpo al tema en las primeras horas.

El ministro de Economía, Sergio Massa, no se pronunció sobre el asunto y se preocupó por aparecer lejos de las conversaciones. Cuando desde la Casa Rosada convocaban por teléfono a una reunión de emergencia con los gobernadores, él decía desconocer la cita. “Nadie me avisó”, sostuvo ante distintos interlocutores.

Ese nivel de indiferencia no cierra con el perfil de Massa, que está encima de todos los temas hasta el más mínimo detalle, mucho más si tienen impacto político y económico. En el Palacio de Hacienda se concentraron durante la tarde del viernes en insistir con que Massa no interviene en el proceso de pago de la coparticipación, una manera de despegarse del incumplimiento.

Lo mismo hizo Eduardo “Wado” de Pedro que, al igual que Massa, podrían ser candidatos presidenciales en 2023. El ministro del Interior llevó adelante el diálogo inicial con Horacio Rodríguez Larreta que resultó sepultado tras la quita sin aviso, en plena revuelta de la policía bonaerense por la suba de salarios.

El Presidente le avisó un minuto antes del anuncio al jefe de gobierno porteño y lo dejó en ridículo, para regocijo del kirchnerismo y de los halcones del PRO, que descreen de cualquier tipo de negociación con el peronismo.

También fue De Pedro el que siguió las audiencias de mediación en la Corte y coordinó la estrategia política con los gobernadores del PJ. Aún así, también en su entorno intentaron salvarlo de la jugada con argumentos discutibles: que el Ministerio del Interior no es parte del expediente y que la defensa jurídica la lleva adelante el Ministerio de Economía y la Procuración General del Tesoro. Wado echándole la culpa a Massa y a Carlos Zannini.

Massa apuntó a la responsabilidad del Banco Nación, presidido por Silvina Batakis. Paradojas del destino: fue ella quien en 2020, desde su cargo de secretaria de las Provincias, promovió el manotazo a los fondos de la Ciudad para financiar a Kicillof y ahora es ella quien tiene que apretar el botón para devolverle parte de esa quita a Larreta.

Las denuncias penales presentadas por la oposiciónponen la mira en el Presidente pero también en sus principales ministros. Ninguno parece querer ponerle el pecho a la rebelión por sus consecuencias judiciales. Se verá hasta donde resiste Batakis, que no guarda un gran recuerdo de lo poco que la bancó Fernández en su fugaz paso como ministra de Economía.

Por estas horas, Zannini trabaja en la presentación que hará el Estado nacional ante la Corte. Lo hace en consulta con Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete, uno de los custodios de la firma del Presidente, bastante expuesta después del llamado a incumplir el fallo.

Olmos, además, se quedará pronto virtualmente a cargo de la Jefatura de Gabinete ante la salida de Juan Manzur, que quiere irse a hacer campaña a Tucumán. De hecho, el gobernador en uso de licencia ni siquiera está en Buenos Aires, y semejante conflicto institucional lo agarró de viaje en Israel.