sábado, julio 20

Privatizaciones, convertibilidad y corrupción: cómo fueron las dos presidencias de Menem

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Tras la salida anticipada del radical Raúl Alfonsín, el riojano gobernó al país durante una década.

La figura de Carlos Saúl Menem signó toda la década del 90. Sus gobiernos (1989-1995 y 1995-1999) de corte neoliberal ampliaron la brecha social, aumentaron la desocupación, la pobreza estructural y dejaron al país al borde de la crisis económica más grande de la historia. Entre las medidas que llevó adelante se destacaron las privatizaciones de las principales empresas estatales y de las jublaciones, a través de cajas privadas. Bajo la ley de convertibilidad mantuvo al dolar al mismo valor que el peso, en base a un fuerte endeudamiento. En el plano internacional se alineó con los Estados Unidos y se definió al vínculo con ese país como de «relaciones carnales».

La llegada al poder

La crisis del gobierno de Raúl Afonsín, desatada por la hiperinfación, hizo que el traspaso de gobierno a Carlos Menem se adelantara al 8 de julio de 1989. Menem había obtenido una amplia victoria con el 48,51% de los votos, contra el 37,10% que apoyaban al radical Eduardo Angeloz, y un 7,17% obtenido por Álvaro Alsogaray. Si bien asumió con promesa de «sacrificio, trabajo y esperanza», pronto cambio su discurso de campaña virando a un gobierno neoliberal.

Durante la campaña, el riojano hacía recorridas por el país en su Menemóvil, que se transformó en un ícono de la época e hizo furor entre la gente de los barrios populares. Otra de sus herramientas de campaña fueron los ñoquis del 29. Hacía encuentros donde compartía esa comida con más de 10 mil personas. Debajo de los platos no había dinero, sino fotos de Menem.

Su asunción fue la primera entre dos presidentes constitucionales desde 1928, y la primera desde 1916 entre presidentes de diferentes partidos políticos.

Los dos primeros años del gobierno menemista fueron trágicos, ya que el programa de desregulaciones, privatización general de las empresas públicas, reducción del gasto público y bloqueo de los salarios tardó en generar la estabilidad deseada.

En el marco de la fuerte espiral hiperinflacionaria, Menem designó en 1989 a Miguel Ángel Roig como Ministro de Economía, quien hasta ese momento se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo general de Bunge & Born y a partir de su designación se dedicó a diseñar el denominado «Plan BB». Ante el súbito fallecimiento de Roig, Carlos Menem nombró como sucesor al vicepresidente de Bunge & Born, Nestor Rapanelli y el gobierno adoptó parcialmente los principios del Consenso de Washington introduciendo una serie de reformas liberales.

Privatizaciones

Con la aprobación de la Ley de Reforma del Estado en agosto de 1989, el presidente fue autorizado a privatizar varias empresas estatales.

La campaña de privatizaciones fue de tal magnitud que al final de la presidencia no quedaba ninguna empresa en manos del Estado. La petrolera YPF fue vendida a la española Repsol; la empresa de telecomunicaciones Entel, repartida entre France Telecom, Telecom Italia y Telefónica de España; el mayor capital de Aerolíneas Argentinas fue entregado a la española Iberia;, el Sistema Eléctrico del Gran Buenos Aires (SEGBA) fue repartida entre la española Endesa, la francesa EDEF y el grupo chileno Enersis. En total, más de 400 empresas públicas que fueron privatizadas.

Extranjerizacion de la economía

Durante los dos gobiernos menemistas industria nacional se vio amenazada por la libre importación, provocando no sólo desocupación sino también “trabajo en negro”. Se extranjerizó la economía con la compra de fabricas y empresas del capital extranjero. En 1990, 116 empresas extranjeras facturaban el 33,6% del total de ventas de las 500 empresas más grandes, mientras que en 1995, pasaron a ser 214 y su facturación superó al 50% del total.

La extranjerización se basó en las transferencias de grandes empresas existentes y en el desplazamiento espacial de actividades de manufactura desde las naciones industrializadas a nuestro país, que tenía menores salarios e, incluso.

La balanza de pagos arroja fuertes déficits y se dispara el crecimiento de la deuda externa: de 60.000 millones de dólares en 1992, a 87 mil millones este año. El modelo está agotado ya que aumenta la concentración del ingreso, crece la fuga de capitales.

Convertibilidad

En enero de 1991 renuncia Erman González y Menem designa como ministro de economía a Domingo Cavallo, quien estableció la Ley de Convertibilidad. Se crea una nueva moneda, el peso convertible, que comenzó a circular en el país desde el 1 de enero de 1992, y reemplazó a la entonces austral. 1 peso era igual a un dólar y equivalía a 10.000 australes. Bajo este sistema, el Banco Central estaba obligado a respaldar con sus reservas. La aplicación del régimen de convertibilidad se prolongó hasta la crisis argentina de fines de 2001 y comienzos de 2002.

Política exterior y endeudamiento

En política exterior, desde el inicio mismo de su mandato se promovió un alineamiento con los Estados Unidos. El Ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella, se refirió a dicho alineamiento en forma humorística como las «relaciones carnales. Tiempo después ese término sería tomado por los críticos de esta política internacional para referirse a la misma en forma denigratoria. Las relaciones que mantuvo el gobierno menemista con los Estados Unidos causaron que Argentina fuera nombrada un aliado importante extra-OTAN en 1998, durante la administración de Bill Clinton.

La deuda pública se triplicó durante el menemismo, pasó de $60.000 millones a $105.000 millones a pesar de que se vendieron la mayor parte de las empresas públicas. Al 31 de diciembre de 1995 la deuda del Estado nacional era de 87 091 millones y para cuando Domingo Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández, en julio de 1996, la misma ya se había elevado a 90 472 millones.

Los intereses que el Estado debía abonar por sus deudas, habían crecido significativamente del 1.8 % al 5.3 % del PBI entre 1993 y 2001.​Por lo tanto, el origen del déficit estaba en la carga de intereses de la deuda que se había elevado considerablemente, aunque el ministro Cavallo prefirió realizar ajustes por el lado de los gastos de funcionamiento del Estado y los servicios sociales.

Durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad, debido al crecimiento exponencial de la deuda pública, el gasto público pasó de 46.351 millones de dólares en 1991 a 82.842 millones de dólares en 2001, un aumento del 79%, produciendo un constante y creciente déficit fiscal.

Desempleo, flexibilización laboral y pobreza

En el primer gobierno el aumento del desempleo fue exponencial y pasó a dos dígitos. De 9,9% en 1993 a 18,4% en 1995. El aumento de la desocupación, así como las disposiciones de la flexibilización laboral, provocaron la pérdida de conquistas laborales.​ Es una época signada además por el subempleo, los despidos masivos en las empresas, la terciarización de actividades y las sucesivas medidas de flexibilización laboral.

La retirada del Estado en su función de semibienestar y la descentralización de los servicios educativos y de salud fueron detonantes de grandes estallidos populares que se cristalizaría posteriormente en el movimiento piquetero. Los primeros episodios de antesala de este fenómeno se ubican en diciembre de 1993, cuando pobladores varios de Santiago del Estero invadieron tres edificios públicos y residencias de políticos en reclamo de salarios adeudados. Se dio a conocer como el “Santiagazo”. También fueron importantes las puebladas de Cutral Có y Plaza Huincul, en contra de las políticas económicas neoliberales aplicadas en el marco de Consenso de Washington.

Hacia 1997 y 1998 la pobreza había afectado a más del 36 % de la población, 13,4 millones de personas, se encontraban bajo la línea de pobreza, mientras que el 8,6 % -3,2 millones de personas- vivían en la indigencia. En las regiones del noroeste, nordeste y Cuyo la pobreza superaba el 50 % de la población y la indigencia rozaba el 20 %.

Vaciamiento de la educación

La retirada general del Estado afectó de lleno también al sistema educativo. En 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación, que extendió la obligatoriedad de la educación a diez años y reorganizó la educación secundaria mediante la creación del polimodal. En agosto de 1995 se promulgó la Ley de Educación Superior,que mantuvo la gratuidad universitaria para las carreras de grado pero admite los aranceles para posgrados. El 2 de abril de 1997 se instaló frente al Congreso Nacional la Carpa Blanca Docente en protesta por el aumento de los fondos para la educación. Los docentes también reclamaron una mayor defensa del mercado interno, políticas productivas y de sustitución de importaciones, y la suspensión del pago de la deuda externa. Participaron docentes de todo el país y fue visitada por casi 3 millones de personas, incluyendo a 7000 alumnos de escuelas argentinas.

La protesta culminó cuando el Congreso Nacional promulgó una Ley de Financiamiento Educativo que garantizaba un fondo salarial de $660 millones de dólares. La carpa fue retirada el 30 de diciembre de 1999, a 1003 días de su instalación.

Política de Derechos Humanos y justicia

Menem llevó a cabo una serie de medidas dirigidas a la protección jurídica de los miembros del estamento implicados en la violación de los Derechos Humanos. La principal fue los polémicos indultos del 5 octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990, que excarcelaron a los máximos culpables de la represión de la dictadura que permanecían en prisión, entre ellos los ex presidentes Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, así como Mario Eduardo Firmenich, máximo jefe de los Montoneros.

El 31 de agosto de 1994 abolió el decreto del Servicio Militar Obligatorio, que había durado casi un siglo. El asesinato del soldado Omar Carrasco, en 1994 mientras cumplía con el servicio militar obligatorio en la guarnición militar de Zapala, provincia de Neuquén, Argentina fueron un aliciente para poner fin a la obligatoriedad.

En materia judicial, la reforma de la Constitución en 1994 introdujo nuevas instituciones como el Consejo de la Magistratura que se encarga de la selección de jueces. Menem amplió el número de jueces de la Corte Suprema a nueve y se nombraron un total de 10 jueces, de los cuales cuatro renunciaron antes de 1999. Cinco de los jueces nombrados conformaron lo que los medios denominaron la «Mayoría automática» que fallaba a favor del gobierno.

Carlos Menem y Raúl Alfonsín durante la Convención Constituyente de 1994

Carlos Menem y Raúl Alfonsín durante la Convención Constituyente de 1994

Reforma de la Constitución de 1994

Menem convocó en 1994 a una convención constituyente que modificar la Constitución Nacional. Se dio entonces el Pacto de Olivos, un acuerdo firmado entre la Unión Cívica Radical representada por el ex presidente Raúl Alfonsín y el Partido Justicialista representado por el presidente, en el que los dos principales partidos argentinos se comprometían a impulsar una reforma constitucional y votar en la asamblea constituyente a favor de un «Núcleo de Coincidencias Básicas» establecidas en el acuerdo. El Pacto fue el antecedente directo de la reforma de la Constitución Argentina de 1994 que permitió la reelección de Menem.

La reforma introdujo nuevos derechos e instituciones y confirió al texto constitucional una legitimidad que estaba cuestionada.127​ Introdujo los derechos de tercera y cuarta generación, normas para la defensa de la democracia y la constitucionalidad, las características de los órganos de gobierno, y nuevos órganos de control.

La corrupción de gobierno

Las denuncias de corrupción sobre el gobierno menemista fueron varias, como los escándalos de la informatización IBM-Banco Nación y el de las ventas de armas a Croacia y Ecuador. En 1993, su Ministro del Interior, Gustavo Béliz, renunció a su cargo y declaró públicamente que el presidente «estaba rodeado de corruptos».

En caso IBM y Banco Nación, la filial local de la empresa estadounidense sobornó a funcionarios del Banco de la Nación Argentina, con el fin de obtener el contrato para informatizar la entidad bancaria por un monto de 250 millones de dólares. ​La casa matriz de IBM aceptó pagar en Estados Unidos una multa por dichos sobornos.

Por su parte, el escándalo de los sobornos de Siemens tuvo que ver con una licitación pública convocada en 1996 por el gobierno argentino que incluía la impresión de los nuevos Documentos Nacionales de Identidad, de los padrones electorales y la informatización de los pasos fronterizos.

La causa del Yomagate investigaba una operación de narcotráfico de cocaína. Fuertes sumas de dinero del narcotráfico provenientes de la ciudad estadounidense de Nueva York habrían sido destinadas hacia la Argentina, para ser blanqueadas mediante diversas operaciones financieras, como compra de inmuebles, joyas o creación de empresas.

Quizás el más escandoloso de los casos de corrupción tuvo que ver con la venta de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia-Herzegovina. Fueron una serie de ventas ilegales de armamentos fabricados en la Fábrica Militar de Río Tercero en Argentina, utilizados por Croacia y Bosnia-Herzegovina en las Guerras Yugoslavas y por Ecuador en la Guerra del Cenepa contra el Perú. Estuvo vinculado conlas explosiones de Río Tercero de 1995, que mataron a siete personas, hirieron a más de trescientas y destruyeron parte de esa ciudad.

Por la causa, Menem estuvo preso más de cuatro años. En 2018, veintitrés años después, la Cámara Nacional de Casación Penal de Argentina, absolvió a todos los acusados argumentando que el tiempo que le llevó al poder judicial argentino resolver un caso relativamente simple, implicaba una violación a los derechos humanos de los acusados.

Los atentados a la AMIA y a la embajada

Los dos peores atentados terroristas que sufrió el país, en la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA (1994), ocurrieron durante la presidencia de Menem.

El 18 de julio de 1994, un coche bomba estalló en la AMIA con el saldo de 86 muertos. En 2004 un tribunal federal comprobó que el juez que hacía 10 años investigaba la causa, Juan José Galeano, había sobornado, siguiendo instrucciones del gobierno de Menem, a uno de los inculpados para que incriminara a oficiales de la policía bonaerense. En 2005 fue procesado por 27 cargos y destituido. Además, el ex juez Galeano fue procesado por el supuesto desvío de la llamada «pista siria» en la causa AMIA, que apuntaba a una familia de ese origen allegada a la familia del ex presidente Carlos Menem.

El ataque terrorista a la Embajada de Israel sucedió unos años antes que el de la AMIA, el 17 de marzo de 1992, y causó 22 muertos y 242 heridos. ​ El atentado fue investigado por la Corte Suprema de Justicia, sin identificar ningún sospechoso y sin que hasta 2020 se haya elevado la causa a juicio.