Propiedad privada, en jaque: una ordenanza impulsa la expropiación de terrenos baldíos en Avellaneda
Otra señal polémica del oficialismo. La Municipalidad de Avellaneda, en la Provincia de Buenos Aires, dispuso iniciar un censo para determinar los terrenos “improductivos” que tiene en su distrito y en el plazo de tres años iniciar la expropiación a pesar de que el propietario tenga al día el pago de todas las tasas e impuestos correspondientes.
En el Honorable Concejo Deliberante de esa localidad, que conduce políticamente el actual ministro de Vivienda y Hábitat, pero que está en uso de licencia como intendente, Jorge Ferraresi, como si le hubiera pasado letra al presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien el fin de semana pasado dijo que “debía analizarse la posibilidad de que el Estado se hiciera cargo de todos los terrenos improductivos del país”, ahora, en su distrito, aparece esta ordenanza que roza lo inocuo.
Se ordenó que “será obligatorio para todos los titulares de los terrenos que se incluyan en el registro público de inmuebles baldíos, tienen la obligación de comenzar a construir o terminar la misma en el plazo de tres años corridos. Si eso no sucede, aumentará un 50% el costo de la tasa de servicios generales y al quinto año se declarará de utilidad pública y sujeto a expropiación por parte del municipio.
Transcurrido los ocho años, y luego de superar una carga impositiva exorbitante, el Municipio quedará habilitado para declarar de utilidad pública el inmueble y expropiarlo, previo paso por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y el pago de una indemnización.
Según explicó el constitucionalista Pablo Manilli, “una ordenanza no puede tener carácter expropiatorio ni obligar a su propietario a realizar nada en su interior. Pero, igualmente, la Corte Suprema jamás se interpuso a ninguna actuación con respecto de las expropiaciones. Igualmente, para ser aplicadas, en este caso, necesitarían una ley provincial, por lo menos”.
