7 DE Junio 2020 El intendente de Aguaray, cada vez más complicado. Imputarán a compradores.Hasta el momento la Justicia Federal secuestró 600 tubos. Son cerca de 7 kilómetros.

En las últimas tres semanas la investigación del robo de caños del Gasoducto del NEA ganó impulso bajo la dirección del fiscal coordinador del distrito federal de Salta, Eduardo Villalba. Hasta el momento se secuestraron 600 tubos (equivalentes a cerca de 7 kilómetros de cañería) y la causa se encamina a sumar nuevas imputaciones en pocos días.

El viernes último, en un allanamiento realizado en Quilmes (Buenos Aires), Gendarmería Nacional recuperó 55 caños que, por poco, no terminaron reducidos ilegalmente como comederos de ganado o piezas estructurales para obras de alcantarillado, conductos de agua y otros usos en establecimientos agropecuarios, plantas industriales y proyectos de ingeniería.

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La medida, que había sido requerida por Villalba al juez federal de Orán, Gustavo Montoya, se llevó a cabo en predios de la empresa Depofer, luego de que la fuerza federal corroborara con un dron el testimonio ofrecido por un camionero. Según su declaración, esos tubos franquearon los controles camineros con la resolución municipal 1215 de Aguaray, por la que el intendente Jorge Enrique Prado enfrenta un proceso de destitución iniciado por el Concejo de la localidad norteña. El allanamiento del viernes complicó la situación del jefe comunal, que está imputado por fraude a la administración pública nacional y podría enfrentar en los próximos días un pedido de detención.

Más imputaciones

Esta no sería la única novedad, ya que la semana entrante empresarios que adquirieron caños de la paralizada obra del Gasoducto del NEA comenzarían a ser citados a indagatorias. Los principales directivos de Depofer, José Rossi y Alejandro Rigiracciolo, quedaron al borde de una imputación penal. El viernes, los encargados de la empresa que vende estructuras metálicas en la intersección de la autopista Ricardo Balbín y avenida Guido, en el sudeste del Gran Buenos Aires, intentaron por todos los medios evitar que gendarmes atravesaran el portón de la firma.

Ante cuestionamientos formales, el allanamiento se retrasó en espera de que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, respondiera a un exhorto que le dirigió Montoya.

Mientras esto ocurría, el juez federal de Orán dispuso que se acordonara el predio.
En el procedimiento intervinieron funcionarios de Integración Energética Argentina (Ieasa). La sociedad estatal que reemplazó a Enarsa se presentó como querellante en la causa en la que Freddy Céspedes, exsecretario de Hacienda de Aguaray, también enfrenta cargos. Céspedes acompañó a Prado en la firma de la resolución por la que se cedió a una empresa mendocina, OSIP SA, 35 kilómetros de cañerías que le costaron a la Nación cerca de 13,5 millones de dólares (unos $965 millones al cambio oficial de estos días). En la resolución, Prado, que es ingeniero en recursos naturales, le puso a los tubos del dominio público nacional el rótulo de pasivo ambiental contaminante y autorizó al mendocino Diego Alos, titular de OSIP SA, a extraerlos de la jurisdicción de Aguaray y sacarlos de la provincia como supuesto material de rezago para una disposición final adecuada.
El pasado 19 de mayo, cuando formalizó los cargos contra Prado, Céspedes y Alos, el fiscal general del distrito Salta remarcó que el hecho de ceder bienes que son del dominio público nacional e intransferibles convierte a la resolución 1215 en una suerte de confesión. Y ahora, que se constató judicialmente el destino final de parte de los tubos saqueados, el trasfondo comercial de la maniobra ilícita quedó aún más evidenciado.

Comederos para vacas

El pasado 10 de mayo, El Tribuno había anticipado que caños del Gasoducto del NEA se venden en el mercado negro como comederos y para otros usos clandestinos. De hecho, muy cerca del predio donde se realizó el allanamiento el viernes, otra firma de Quilmes ofreció 30 caños acerados de 24 pulgadas “en buen estado”, como alternativa “ideal para comedero animal”, a $12.700 el metro lineal. Llamativamente, tras la publicación del informe de este diario, el aviso se levantó de Mercado Libre. Por aquellos días, un camionero aportó a comerciantes estafados por Vera la ubicación de una firma de La Plata a la que dijo haber llevado caños desde Mosconi. 

Recuperaron casi 7 kilómetros de cañería hasta el momento

El de Quilmes fue el quinto procedimiento con caños secuestrados.

Caños del Gasoducto del NEA apilados en la zona de El Desemboque.

Entre los 600 caños que se secuestraron hasta el viernes, en la causa del Gasoducto del NEA, se cuentan los 30 tubos que recuperó Gendarmería el pasado 7 de febrero en Aguaray. Entre los papeles que entregaron ese día los transportistas demorados apareció la resolución 1215, que dictó el intendente Jorge Prado el 23 de diciembre de 2019.

En la sumatoria también están comprendidos los 77 caños que policías de Alto La Sierra secuestraron el 13 de noviembre de 2019, junto a un camión, en las inmediaciones de El Desemboque.

Al frente de esa causa estuvo el fiscal penal Armando Cazón hasta hace cuatro semanas. El pasado 8 de mayo, luego de que se declarara la incompetencia material de la Fiscalía de Salvador Mazza, el caso pasó al fuero federal con dos detenidos: un chofer de Salvador Mazza, Miguel Ángel Cuéllar, y su contratante de Aguaray, Dante Rodríguez. Ambos recuperaron la libertad, pero siguen imputados.

Prófugo

En la lista de imputados con cargos por robo calificado resalta Adrián Antonio Vera. Tiene orden de captura y permanece prófugo en la causa. Desde 2018 viene robando caños de gasoductos y camionetas 4×4 en distintas provincias.

Con solo 26 años de edad, tiene una insólita marca personal de estafas con cheques sin fondos. En diciembre de 2017 fue detenido en La Pampa, pero un beneficio judicial lo puso en poco tiempo en las calles. En marzo de 2018 fue nuevamente apresado en Santa Fe por otra estafa masiva, pero volvió a salir como si nada. En los dos años siguientes apareció implicado en robos de caños de gasoductos que tenían paralizadas las obras en Chubut, La Rioja y Catamarca.

En marzo último, con todos esos antecedentes, recaló en General Mosconi y amplió su carrera delictiva impune, por desempeños judiciales y policiales que despertaron fuertes cuestionamientos en esa localidad del departamento San Martín.

En la Fiscalía Penal 1 de Tartagal se acumuló más de una docena de causas contra Vera. Las presentaciones fueron realizadas por trabajadores, comerciantes y empresarios que terminaron defraudados con sueldos, servicios de hotelería, gastronomía y transporte, como así también en operaciones de compraventa y alquiler de vehículos y maquinarias.

Su firma ficticia, Vera SA, apareció detrás de los 161 caños que se recuperaron en Mosconi el pasado 14 de abril. Ese día en las instalaciones de las empresas Perterser y Wheatherford efectivos de Gendarmería secuestraron 128 tubos que habían sido extraídos con maquinaria especial en El Desemboque. Otros 33 caños de 24 pulgadas, casi 13 metros de largo y 3 toneladas de peso fueron bajados de tres camiones.

En el sur de Salta

En otra medida, que fue confirmada oficialmente en los últimos días, gendarmes allanaron un predio de Olmedo Agropecuaria en Rosario de la Frontera. En el lugar encontraron acopiados más de 400 caños. Según el acta del procedimiento, Tomás Olmedo, hijo del exdiputado salteño Alfredo Olmedo, exhibió facturas de compra que hoy son objeto de investigación. Eiasa entregó a la Fiscalía los números de serie de los tubos que Enarsa adquirió para el Gasoducto del NEA y, con esa información, se haría en los próximos días una constatación sobre 250 caños que, por sus características, quedaron inmovilizados por orden judicial. Este diario intentó comunicarse con los responsables de la empresa sin obtener respuestas.

Algunas medidas

En la primera semana de mayo, con tres meses sin detenidos ni imputados por el robo de caños, el fiscal coordinador del distrito Salta, Eduardo Villalba, se puso al frente de la investigación.
Como primera medida, formó una comisión integrada por el fiscal federal de Tartagal, Marcos Romero, y la fiscal auxiliar de Orán, María del Carmen Núñez.
El 11 de mayo la Fiscalía pidió al juez federal de Orán el allanamiento del municipio de Aguaray, donde se secuestró documentación relacionada con la resolución 1215 del intendente Jorge Prado.
El 19 de mayo se formalizaron cargos contra el intendente, el exsecretario de Hacienda y el titular de OSIP SA, empresa de saneamiento ambiental que, a juicio de la Fiscalía, se habría constituido en Luján de Cuyo (Mendoza) al solo efecto de la maniobra.
En la audiencia del 19 de mayo, Villalba pidió la orden de captura para Vera y convocó a la causa a Cristian Buczek, uno de los trabajadores que denunció al prófugo mendocino por estafa el 1 de mayo. 
Horas después de la audiencia de imputación, el jefe federal de Orán, Gustavo Montoya, libró la orden de captura. 

La sede oranense de la AFIP realizó un avalúo de los caños robados. 
Viajes de caños salieron de Salta con facturas y remitos de Minera del Altiplano y la empresa de subastas Adrián Mercado. Se trataría de documentación falsa, pero, de todos modos, se harían requerimientos a ambas empresas en los próximos días.
Días atrás se realizó una inspección de trazado salteño del Gasoducto del NEA, de 230 kilómetros, por vía aérea. Al frente de esa medida estuvo el fiscal federal Marcos Romero. 

Agresión

En la madrudada de ayer desconocidos atacaron con piedras la casa y el auto de Sandra Fernández, concejal de Aguaray que promovió el juicio político al intendente Jorge Prado.

f: El Tribuno