viernes, abril 19

Robo de caños: Cuándo se prendió la luz de alerta

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Un procedimiento de Gendarmería sacó a la luz el saqueo el 7 de febrero de 2020. 

El 7 de febrero de 2020, el puesto que tiene Gendarmería en el acceso a Aguaray detuvo un camión con 15 caños del GNEA. Los tubos eran transportados hacia una planta chatarrera de la empresa Comarfil, en Quilmes (Buenos Aires), bajo el amparo de la resolución 1215. En ese predio del sudeste de Buenos Aires, el 5 de junio de 2020 fuerzas federales recuperaron 52 tubos. El 6 de agosto de 2020 se secuestraron 12 caños más en otro predio que tiene la misma empresa en Berazategui. Su propietario, José Matías Rossi, declaró que los compró de buena fe, pero nunca pudo explicar por qué tenían sus numeraciones de serie completamente limadas. 
Un actor clave del robo de los caños fue Adrián Vera, un joven mendocino que había llegado al norte salteño con una insólita marca personal de estafas. Desde 2017 había estado implicado en robos de caños de gasoductos que tenían paralizadas las obras en Chubut, La Rioja y Catamarca. Tras huir de Salta con una camioneta robada en Mosconi, en abril de 2020, amplió su historial delictivo saqueando otro gasoducto en Cañuelas (Buenos Aires), donde fue finalmente apresado. En la causa federal que enfrentó en Salta, Vera se acogió a la figura del imputado colaborador. En esa condición declaró que Prado y Alos recurrieron a sus servicios para seguir extrayendo caños del GNEA en el norte salteño, después de que se destapara la trama ilícita, con el procedimiento realizado en el puesto de Gendarmería de Aguaray el 7 de febrero de 2020.

En General Mosconi

Adrián Vera montó en General Mosconi el 1 de abril de 2020 una empresa de papel: Vera SA. Con esa firma ficticia suscribió un acuerdo de servicios con el titular de Perterser, Andrés Ayala, por personal y máquinas que se usaron para extraer los tubos del GNEA.
En un playón de Perterser el 18 de abril de 2020 se secuestraron cinco tubos que habían sido extraídos en la zona de El Desemboque. 
El mismo 1 de abril, Vera suscribió con M&P Servicios Especiales un contrato de arriendo por un predio en el que 17 días después se secuestraron otros 123 caños. Vera utilizó documentación fraguada (facturas, remitos y una acta de remate) en las maniobras.