El fiscal Marijuan se negó a cerrar la causa que investiga el lavado y desvío de fondos por corrupción, sosteniendo que aún hay medidas de prueba pendientes.

Las malas noticias no dejan de llegar al despacho de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, luego del revés con el Consejo de la Magistratura, ahora se dio a conocer que el fiscal general Guillermo Marijuan, se negó al cierre de la investigación de la causa que la investiga por lavado de dinero y desvío de fondos públicos.

La negativa llegó como respuesta al pedido de sobreseimiento y archivo de la causa, donde ya fueron condenados Lázaro Báez y sus hijos, por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quienes forman parte de la querella.

Según resaltó la fiscalía, ambos organismos “abandonaron su actuación como acusadores en este proceso”, al pedir que la investigación y las medidas de prueba quedara sin efecto.

Cabe destacar, que la UIF está a cargo del abogado Juan Carlos Otero, estrechamente relacionados con Máximo Kirchner. Mientras que al frente de la AFIP, se encuentra Mercedes Marcó del Pont, cercana a la Vicepresidenta.

En este contexto, Marijuan reafirmó su denegación argumentando que aún, “se encuentran pendientes de producción medidas de prueba solicitadas por esta Fiscalía que se estiman conducentes y fundamentales a los fines de dirimir la responsabilidad penal de la nombrada en relación a los hechos por los cuales se encuentra imputada”.

Por esta causa, Cristina fue indagada en 2018, ya que la investigación concluía que “mantenía un vínculo con su consorte de causa” lo que permitía “afirmar su participación en las acciones de lavado por las que el nombrado Báez y otros imputados ya habían sido indagados”.

Sin embargo, en noviembre de 2018, el juez Sebastián Casanello resolvió que no existía mérito suficiente como para procesar o sobreseer a la actual Vicepresidenta, y dispuso diversas medidas de prueba, “cuyos resultados parciales se fueron incorporando en autos”, explicó Marijuan en su dictamen en el que sostiene que es necesario continuar con el proceso investigativo a fin de corresponder los hechos. Además, recalcó que fue la propia UIF la que propuso el entrecruzamiento de llamadas entre Lázaro Báez y los ex secretarios de Cristina Kirchner.

La causa conocida mediáticamente como la “Ruta del dinero K”, se inició en 2013, a partir de un informe periodístico que mostraba una maniobra bancaria con cuentas en el exterior y la compra y venta de bonos para reingresar el dinero a la Argentina, que sostenía el empresario de la construcción santacruceño.

A partir de la pesquisa judicial, en febrero del 2021 el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavar 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. En ese mismo expediente está imputada la actual presidenta del Senado, aunque cuenta con una falta de mérito.

Tras cuatro años, la Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó al magistrado actuante que resuelva la situación procesal de Cristina, considerando que no se podía permanecer con una falta de mérito tanto tiempo, porque se violaban los plazos estipulados en el Código Procesal Penal. Pero al pedir la opinión de la fiscalía interviniente, Marijuan consideró que la investigación “no se encuentra acabada” y que es necesario que se “permita determinar el efectivo rol que le cupo a la imputada en los hechos investigados”.