Casinos Austria pide US$62 millones. Es más que un presupuesto del municipio capitalino. Para la defensa argentina, la indemnización no debería superar los US$7 millones.

La Provincia recauda cerca de $480 millones al año por el canon que pagan los operadores de casinos, tragamonedas, tómbola y lotería.

Tras la pausa que impuso la pandemia desde comienzos de 2020, los arbitrajes del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) recobraron su ritmo habitual y muchos quedaron en las últimas semanas a un paso de su resolución.

Entre las ocho causas activas que tiene Argentina en la entidad arbitral con sede en Washington, la millonaria demanda que entabló el grupo Casinos Austria por la licencia de los juegos de azar que le revocaron en Salta en 2013 es la que más cerca está de un veredicto que le podría costar a la Provincia 62 millones de dólares de su coparticipación. Al cambio de estos días, los conceptos indemnizatorios reclamados por los inversores austríacos superarían los $12.000 millones, cifra que hoy representaría más de un presupuesto general completo del municipio capitalino, si se considera que el Concejo aprobó un total de erogaciones por $10.238 millones para el corriente ejercicio.

El procedimiento arbitral abierto en 2014 por la revocación de la licencia de la empresa Entretenimientos y Juegos de Azar SA (Enjasa) se cerró el pasado 5 de octubre. Desde este día un tribunal integrado por el belga Hans Van Houtte (presidente), el alemán Stephan Schill (propuesto por la empresa demandante) y el español Santiago Torres Bernárdez (postulado por la representación argentina) trabaja en la redacción del laudo. Este, de acuerdo con la regla 38 del Ciadi, debería emitirse dentro de los 120 días siguientes al cierre del procedimiento arbitral.

La demanda

En agosto de 2013 el Gobierno provincial le revocó a Enjasa, firma controlada por Casinos Austria, la licencia que tenía desde 1999 para explorar los juegos de azar en Salta, con carácter exclusivo, por 30 años.

La medida se apoyó en una resolución con la que el Ente Regulador del Juego de Azar (Enreja) había sancionado a la licenciataria por presuntos incumplimientos a las normas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, como así también por la subcontratación de otros operadores del juego sin la autorización previa exigida por el artículo 5 de la ley marco 7020.

En 2014, Casinos de Austria llevó su reclamo al Ciadi. Sostuvo que la revocación de la licencia de Enjasa y la posterior transferencia de sus operaciones de juegos de azar y loterías a otras empresas «destruyó» su inversión en Salta. La demandante planteó que la medida atropelló derechos de inversores extranjeros protegidos por el acuerdo bilateral. Esgrimió ante el Ciadi que el Gobierno salteño sobredimensionó las faltas contractuales atribuidas a Enjasa para avanzar con una «expropiación violatoria» del convenio de promoción y protección de inversiones firmado por Argentina y Austria en agosto de 1992.

El 22 de junio de 2018 el tribunal declaró su jurisdicción para arbitrar en la controversia ante un posible incumplimiento de los artículos 2 (trato justo a las inversiones) y 4 (indemnización por medida expropiatoria) del citado tratado bilateral de inversiones.

Casinos Austria también denunció una supuesta transgresión al artículo 3 del convenio (trato discriminatorio), pero el tribunal rechazó ese punto de la demanda.

El 30 de abril de 2014, tras notificar a la entonces presidenta Cristina Fernández sobre la controversia, Casinos de Austria empezó a reclamar una indemnización de más de 200 millones de dólares, pretensión que luego se redujo a US$ 51,9 millones de capital, más otros US$ 10 millones en intereses y costas, aproximadamente.

La defensa

A lo largo del proceso arbitral, la representación argentina, a cargo de la Procuración General del Tesoro de la Nación, sostuvo que la revocación de la licencia de Enjasa fue una medida administrativa encuadrada en facultades legítimas del Enreja y no un acto expropiatorio que amerite cuantificar daños en la inversión de Casinos Austria.
Según el argumento central de la defensa, el retiro de la licencia a Enjasa obedeció a una “justa causa” ante incumplimientos contractuales por los que el Enreja había emitido previamente más de 20 resoluciones con advertencias, suspensiones y multas consentidas.

La última ficha

En agosto de 2019 la Dirección de Asuntos Internacionales de la Procuración del Tesoro presentó ante el tribunal del Ciadi, como hecho nuevo, una sanción que la Unidad de Información Financiera (UIF) había dictado por esos días contra directivos austríacos, uruguayos y argentinos de Enjasa por incumplimiento de normas antilavado. La citada resolución, firmada por María Eugenia Talerico, cerró con multas económicas un sumario iniciado seis años antes con inspecciones dispuestas en Enjasa. Por entonces la UIF, organismo autárquico del Ministerio de Hacienda de la Nación, estaba a cargo de José Sbatella.
La estrategia de la defensa argentina ante el tribunal arbitral del Ciadi se completó con un análisis encomendado al Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA). De acuerdo con los criterios volcados en ese informe, la indemnización a Casinos Austria, en caso de un laudo desfavorable no debería superar los 7 millones de dólares. 
En una audiencia desarrollada en París, funcionarios argentinos que ejercieron la defensa de Salta plantearon que la demanda de Casinos Austria debía dirimirse en el fuero contencioso-administrativo del país y no en el ámbito jurisdiccional del Ciadi. El argumento fue rechazado en junio de 2018 por el tribunal, a través de un dictamen mayoritario ante el cual el árbitro español Santiago Torres Bernárdez se pronunció en disidencia.
Tras el revés jurisdiccional, los comisionados de la Procuración General del Tesoro insistieron por un laudo que desestimara o redujera la indemnización reclamada. 
En esa línea, y previendo un posible fallo adverso, es que la Procuración del Tesoro de la Nación presentó ante el tribunal internacional el informe encargado al CEMA. 
En ese documento, economistas que asistieron a la audiencia de París objetaron algunos de los parámetros que Casinos Austria invocó en su demanda, como el valor del negocio, el recupero de las inversiones y las tasas de interés, entre otros. 
Con las correcciones aplicadas, el estudio técnico concluyó que, ante el caso de que el tribunal considerara que no existieron razones fundadas para revocar la licencia de Enjasa en Salta, el monto de la indemnización no debería superar los 7 millones de dólares.
Entre las deducciones que se pidió al Ciadi atender ante una eventual reparación económica, los economistas del CEMA señalaron los recuperos que Casinos de Austria tuvo con la venta del Sheraton Salta Hotel y acciones.

En este punto, indicaron que el grupo chileno Phoenix compró la propiedad del citado hotel de cinco estrellas a Enjasa en marzo de 2017. 
En el informe, los especialistas del CEMA también consignaron que Casinos Austria tenía en agosto de 2013, cuando se le revocó la licencia, solo el 60% de las acciones de Enjasa. Indicaron que dos meses después, en octubre de 2013, el grupo europeo compró el restante 40% del paquete accionario a su asociada uruguaya Iberlux International. Esta movida, a juicio de los economistas del CEMA, tampoco debería ser soslayada por el tribunal arbitral al evaluar el monto de la indemnización reclamada.
Como fuere, el Ciadi tendrá la última palabra con un laudo que desde hace largo tiempo genera preocupación por el impacto que podría llegar a tener en las arcas de la Provincia. En un contexto de crisis y escasez de recursos, en medio de una pandemia que acecha con una nueva ola de contagios motorizada por la variante Delta, la ruleta del Banco Mundial dijo: “No va más”, y Salta tiene una buena parte de sus arcas jugadas en la mesa. 
 

Los nuevos actores de los juegos de azar

Tras la revocación de la licencia de Enjasa, que tenía carácter de exclusiva por 30 años, los juegos de azar pasaron a ser explotados en Salta por varios operadores. Los nuevos contratos, a 10 años, se aprobaron en mayo de 2014. 
Tecno Acción, firma del grupo Casino Club, de Cristóbal López, se quedó con la licencia exclusiva de la Tómbola, la Lotería y los demás juegos en vivo. En su caso, la Provincia elevó el canon de explotación al 17% de las ganancias netas. 
Video Drome, subsidiaria de Casinos MAC Group, cuyo titular es el empresario cordobés Miguel Ángel Caruso, se quedó con los casinos electrónicos de la capital, Metán, Rosario de la Frontera, Joaquín V. González, Tartagal y Orán. El Golden Dreams, uno de los más rentables, funcionaba desde mucho antes de la quita de la licencia a Enjasa, con máquinas tragamonedas, ruletas y mesas de Black Jack electrónicas alquiladas a Casinos MAC Group.
En las demás salas de la capital y el interior la participación en el negocio se abrió a otros siete operadores. Para los tragamonedas el canon se elevó al 24%, calculado al igual que en juegos de loterías sobre las ganancias netas y con pagos mensuales. 
La recaudación por canon de explotación, que en el último año de Enjasa (2013) cerró en $58 millones, saltó al año siguiente a $120 millones. Según registros del Ente Regulador del Juego de Azar (Enreja), en 2015 los ingresos por canon alcanzaron casi $167 millones y en 2016 rozaron los $220 millones. En 2017 se recaudaron cerca de $284 millones y en 2018 el Estado provincial recibió casi $339 millones.
Para este año se calculó un ingreso del orden de los $477 millones por el canon de los juegos de azar. Video Drome y Tecno Acción concentran el grueso del negocio junto a Sigar y Newstar.