Se acerca el final del juicio por el robo de caños del GNEA

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El próximo 2 de diciembre concluirá uno de los juicios más escandalosos realizados en contra de la administración pública de los recursos del Estado.

Ya se retomaron las obras de construcción del polémico Gasoducto del Nordeste argentino.

A pesar del papel preponderante que le cabe al fiscal federal Eduardo Villalba en el juicio por el Gasoducto del NEA, el letrado anticipó que no estará presente en esa audiencia.

«El Ministerio Público Fiscal dice que hay que creerle a (Antonio Adrián) Vera; creemos en Dios por un acto de fe que no se razona ni se analiza. Pero ¿sin tener apoyo probatorio alguno tenemos que creerle a Vera? Pues no, primero porque la ley lo prohíbe, ya que una sentencia no puede fundarse solamente en los dichos de un imputado colaborador», dijo Fernando Teseyra, defensor del exintendente Prado.

El juicio que se le sigue al destituído exintendente de la localidad de Aguaray, Jorge Enrique Prado, acusado junto a otras 9 personas por el robo de los caños que conformaban el tramo norte del Gasoducto del NEA, está llegando a su fin después de casi 5 meses de audiencias que, a consecuencia de la pandemia de COVID-19, se hicieron en forma remota y de las que participaron el TOF N´ 2 desde la capital de la provincia, desde Aguaray el propio Prado, desde Tartagal Adrián Antonio Vera, el imputado colaborador y cuya declaración ante el fiscal Eduardo Villalba concluyó en la imputación de otras 9 personas aparte de él mismo, y otros abogados defensores de una de las causas más sonadas de los últimos tiempos por su complejidad.

Si bien en un principio la fiscalía a cargo de la investigación se refirió al robo de 35 kilómetros de caños de alta presión que conformaban el tramo norte del GNEA, cuya construcción había estado a cargo de la constructora Servicios Vertúa pero que había quedado abandonada hacía más de 18 meses por un litigio de la compañía con la ex-Enarsa, durante el juicio se precisó que en realidad son 8 kilómetros los que faltan de los caños de alta presión valuados cada uno en más de 5 mil dólares y que fueron localizados en diferentes provincias argentinas, luego de ser vendidos por Adrián Vera, quien estuvo prófugo de la Justicia y fue capturado en la provincia de Buenos aires.

Todo indicaría que la maniobra ilícita se facilitó a partir de una resolución municipal que lleva la firma del exintendente de Aguaray, el ingeniero en recursos naturales y medio ambiente Jorge Enrique Prado. Pero nada está dicho acerca del sonado caso que tuvo como figura principal en la investigación al fiscal federal Eduardo Villalba, quien ya anunció que no estará presente cuando el tribunal dicte sentencia.

Fue el defensor de Prado, el penalista salteño Fernando Teseyra, en sus alegatos quien consideró que por más imputado colaborador que sea, la sentencia para su defendido y para el resto de los imputados no puede girar en torno a la declaración de Adrián Antonio Vera, quien fue detenido un par de semanas antes de iniciarse el juicio. Todos están acusados por robo agravado y fraude a la administración pública y se trata, además del exintendente Prado y del propio Vera, de otros empresarios tanto norteños como de otras provincias, quienes para el fiscal Villalba pergeñaron la maniobra para hacerse de los costosos caños a los que terminaron vendiendo por chatarra a fincas y establecimientos de diferentes provincias.

Habló el defensor de Prado

La figura más preponderante en todo el juicio es, sin dudas, el exintendente de Aguaray Enrique Prado, quien a poco de asumir firmó una resolución autorizando que Osipsa, una empresa privada dedicada al retiro de pasivos ambientales, sacara los caños del GNEA que luego fueron comercializados.

Fue Vera, al actuar como imputado colaborador, la pieza clave de la que se valió el fiscal Villalba para imputar a una decena de personas; pero para Fernando Teseyra, defensor de Prado, «según el Ministerio Público hay que creerle a Vera y según expresó en este juicio el representante del Ministerio Público Fiscal voy a defenderlo mejor de lo que lo hizo su defensora».

Y lo defiende al punto de perder la objetividad y afirmar que el imputado colaborador es un chivo expiatorio para los demás imputados en este proceso. «Un chivo expiatorio según la historia bíblica era un animal inocente, y yo les pregunto a todos ustedes: Vera, es inocente?», cuestionó el letrado Teseyra y consideró que «la parte acusadora, perdiendo ya la brújula, afirma que todos mienten menos Vera», expresó en referencia a la postura adoptada por el fiscal Villalba.

El Tribunal tendrá un par de semanas para analizar la gran cantidad de elementos de prueba presentados que buscan la absolución de los imputados por parte de los defensores y la condena por parte del fiscal Villalba, quien llevó a cabo toda la instrucción del robo de los caños del GNEA.

Pruebas indiscutibles

“No hay testimonio que no haya sido favorable a esta defensa ni declaración de mis defendidos que no se haya podido probar. Estamos muy satisfechos porque ninguno de los otros defensores cuestionó nada de lo que nosotros presentamos, simplemente porque los elementos probatorios que presenté y están a la vista de todos, son indiscutibles”, expresó Sergio Heredia, abogado de Freddy Céspedes, el exsecretario de Hacienda de la gestión de Prado y de otros tres imputados en la causa. 

Una empresa creada en 1992

“El fiscal nos quiere hacer creer que la empresa Perterser actuó ilícitamente, cuando esta empresa lo único que hizo fue una locación de servicios, contratada por Adrián Vera. Tampoco se obnubiló por las ganancias, como interpreta el agente fiscal, porque esta empresa trabaja en esta actividad desde 1992, no es nueva”, dijo Jorge Salvatierra, defensor del director de la empresa de servicios petroleros, Jorge Ayala, otro de los imputados en la causa y cuya maquinaria pesada retiró parte de los caños del GNEA.