sábado, septiembre 19

Secuestraron más caños del gasoducto NEA en el Gran Buenos Aires

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Los tubos fueron recuperados por fuerzas federales en un playón de Berazategui. El intendente Prado pidió mordaza para un abogado. El juez Montoya la rechazó de plano.

Parte de los caños que fuerzas federales secuestraron el pasado jueves en Berazategui.

La causa abierta por el robo de los caños del Gasoducto NEA (GNEA) sigue sumando novedades. Ante un requerimiento del fiscal general del distrito Salta, Eduardo Villalba, el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, ordenó el pasado jueves un allanamiento en el sudeste del Gran Buenos Aires, donde se recuperaron otros 12 tubos saqueados el norte salteño.

El procedimiento se realizó en un playón de Berazategui que pertenece a la empresa Co-Marfil, cuyo titular, José Matías Rossi, es uno de los diez imputados que tienen formalizados cargos por fraude a la administración pública y robo calificado. El pasado 5 de junio, en otro predio de la citada firma, ubicado en Quilmes, fuerzas federales secuestraron 52 caños del GNEA.

Hasta ahora, en distintos procedimientos, se recuperaron 339 tubos de la obra de interconexión regional que tiene los trabajos paralizados en Salta desde diciembre de 2015. Son algo más de 5 kilómetros de los 35 que el intendente de Aguaray, Jorge Prado, desafectó el 23 de diciembre de 2019 con la resolución 1215. Con ese acto administrativo, el jefe comunal cedió los caños del Estado nacional a la empresa mendocina Osip SA, como supuesto material en desuso y contaminante. De esa forma, la cañería saqueada atravesó los controles de cinco provincias y terminó reducida desde la región central del país en el mercado negro. Prado encabeza la lista de imputados junto al exsecretario de Hacienda de Aguaray Freddy Céspedes, quien lo acompañó en la firma de la resolución 1215. El empresario Diego Alos, titular de la empresa Osip, es otro de los imputados de la causa que podría desembocar, por los elementos que suma la investigación judicial, en cargos por asociación ilícita.

«El caso está en plena tramitación», señaló Villalba, quien destacó el activo rol que está desempeñando el Juzgado Federal de Orán, ante medidas solicitadas en el marco del sistema acusatorio, pese a las dificultades que plantean las medidas de aislamiento social con las que se intenta desacelerar el avance de la pandemia.

«Por el momento los reflectores están puestos en Quilmes», señaló el fiscal coordinador del distrito Salta, quien tomó las riendas de la investigación el pasado 18 de mayo, luego de que el juez Montoya cuestionara las tardías reacciones de la sede fiscal de Orán tras los secuestros de caños concretados por Gendarmería en Aguaray (7 de febrero) y General Mosconi (18 de abril).

Ante su imputación, el titular de Co-Marfil presentó un descargo escrito. Al respecto, Villalba señaló que «la documentación analizada no es satisfactoria en el sentido de acreditar una adquisición de los caños de buena fe».

En los últimos días muchas voces concordaron en que el caso tiene características distintivas de una asociación ilícita. Uno de los que así opinó ante distintos medios es Sergio Heredia, abogado que defiende a Céspedes y a otros dos imputados, Milton Saavedra y Bruno Degoy, socios gerentes de la empresa MyP, de General Mosconi.

Libertad de expresión

Ante las explosivas declaraciones de Heredia, el defensor de Prado, Fernando Teseyra, pidió una medida cautelar que prohíba a su colega hacer manifestaciones que el intendente de Aguaray considera agraviantes.

A mitad de semana, en una audiencia de la que participaron Villalba, Prado y su defensor, el juez Montoya rechazó la medida tras exponer los derechos y garantías que están en juego. El juez, coincidió con el fiscal en la gravedad institucional que plantean los hechos investigados. En este punto, Villalba aclaró que las cuestiones ventiladas por el defensor de Céspedes «no están dentro del legajo» de la causa.

Montoya, por su parte, remarcó que «lo que está en juego son dos bienes jurídicos protegidos perfectamente determinados: el primero es la libertad de expresión y el segundo es el honor de las personas».

El magistrado recordó que “la libertad de expresión está consagrada en la Constitución argentina desde 1853, a través del artículo 14, que establece que todo ciudadano tiene el derecho a expresar libremente sus ideas por la prensa sin censura previa”. Montoya resaltó que, a su vez, el artículo 32 incorporó en 1860 una cláusula que impide al Congreso de la Nación dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o que fijen la jurisdicción federal sobre ella. Agregó que, posteriormente, el Pacto de San José de Costa Rica consagró en su artículo 13 el derecho de toda persona a buscar y recibir información de cualquier índole y especie, como así también a divulgarla, sin perjuicio de las consecuencias ulteriores. “La libertad de expresión no es un derecho, sino una garantía que permite afianzar y ejercer otros derechos”, subrayó el juez. También aclaró que funcionarios públicos, en caso de sentir afectado su honor, pueden accionar en el fuero provincial, donde deben demostrar, sin duda alguna, que la persona que cuestiona su desempeñó actuó con real malicia.

“Permítame decirle, señor Prado, que una cosa es el honor de las personas privadas y otra es el honor de las personas públicas”, recalcó Montoya, y concluyó: “como juez, jamás dispondría una restricción a la libertad de expresión porque hace a la forma republicana de gobierno y, en segundo lugar, porque la competencia federal está restringida para las acciones por calumnias e injurias”. Con esas aclaraciones, Montoya se mostró resuelto solo a dirigirle una recomendación al abogado Heredia. El abogado Teseyra, por su parte, hizo reserva del derecho a pedir una revisión del criterio adoptado por el juez ante el tribunal superior. 

Mientras tanto, a nivel legislativo, el diputado Jesús Ramón Villa anticipó que en la sesión del próximo martes insistirá por el tratamiento del proyecto de intervención al Departamento Ejecutivo Municipal de Aguaray. La iniciativa espera dictamen desde marzo último.

El pasado miércoles, el senador Guillermo Durand Cornejo presentó en la Cámara alta un proyecto de ley similar. La iniciativa fue acompañada por Manuel Pailler y Javier Mónico. Los tres senadores solicitaron su tratamiento sobre tablas, pero el titular de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, Jorge Soto, mocionó que vuelva a comisión. “Se sabe que está en proceso una investigación penal, pero no contamos con información fehaciente”, sostuvo.

Los imputados que tiene la causa

Hay diez implicados con cargos por robo calificado y fraude.

Jorge Prado, intendente de Aguaray. El 23 de diciembre de 2019 dictó la resolución 1215, con la que habilitó a la empresa mendocina Osip SA a remover los caños del Gasoducto NEA para su disposición final como supuesto material en desuso y contaminante.

Freddy Céspedes, exsecretario de Hacienda de Aguaray. Firmó junto a Prado la controvertida resolución que la empresa Osip utilizó para sacar de la provincia los caños del Estado nacional. 

Diego Alos, titular de la firma Osip. La empresa se armó a fines de 2018 en Luján de Cuyo con el presunto objetivo de saquear el GNEA. Vendió los caños extraídos en el norte salteño al menos a una empresa de Buenos Aires, Co-Marfil, que los revendió para su uso como comederos de vacas y otros usos.

José Matías Rossi, presidente de Co-Marfil. A la firma de Quilmes le secuestraron hasta el momento 64 tubos del GNEA que atravesaron los controles de cinco provincias con remitos de Osip y la resolución municipal 1215.

Andrés Ayala, titular de la empresa Perterser, de General Mosconi. Allí el pasado 18 de abril se secuestraron 5 caños. Vera SA, empresa ficticia inventada por el mendocino Adrián Antonio Vera, contrató equipos de Perterser para sacar caños en El Desemboque.

Miltón Saavedra, socio gerente de MyP. En un predio de esa empresa, de General Mosconi, se secuestraron el 18 de abril 123 caños, según el acta. Saavedra declaró que esa firma solo alquiló el playón a Vera.

Bruno Degoy, socio gerente de MyP. Fue imputado bajo los mismos términos junto a su socio, Milton Saavedra.

Cristian Buzcek, uno de los trabajadores que ocupó Vera. Tras los procedimientos de Mosconi, se presentó como encargado de Vera SA y reclamó la liberación de los caños que eran transportados con facturas y remitos fraguados.

Miguel Angel Cuéllar, chofer de Salvador Mazza. Fue sorprendido el 12 de noviembre de 2019 por policías de Alto la Sierra con un equipo cargado con caños del GNEA. En ese procedimiento se secuestró un total de 77 caños. 

Oscar Rodríguez, vecino de Aguaray. Cuéllar lo señaló como su contratante. Los hechos fueron investigados originariamente por el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón. El caso pasó a la Justicia Federal el 8 de mayo con dos detenidos por robo calificado y los 77 caños secuestrados. El pasado 28 de julio, la Unidad Fiscal Salta amplió los cargos contra Prado, tras marcar una vinculación de Rodríguez -negada por el imputado- con el intendente de Aguaray. 

Un prófugo con inmunidad

Adrián Antonio Vera es un actor clave de la organización ilícita. El mendocino, de 26 años, tiene antecedentes de estafas masivas, robos de camionetas y saqueos a gasoductos con obras paralizadas en seis provincias. Desde fines de 2018 fue detenido dos veces en el sur, pero salió en pocos días con insólitos beneficios judiciales. Escapó del norte salteño, tras los allanamientos de abril, con presuntas connivencias que esperan ser esclarecidas.

f: El Tribuno