miércoles, agosto 12

Seguridad, los presos políticos y la deuda: las internas en el Gobierno en los primeros meses en el poder

0
57

  • 2020-02-12

Las disputas en la primera línea del oficialismo obligaron al Presidente a intervenir directamente. Los enfrentamientos fisuran su estrategia de mostrar poder unificado.

En los primeros dos meses en el mando, fueron varios los puntos en los que funcionarios de primera línea del Gobierno no coincidieron y generaron polémicas. Los principales en discusión son la seguridad, los políticos presos durante la administración de Mauricio Macri y la deuda.

Uno de los contrapuntos más importantes tuvo como protagonista a Cristina Fernández de Kirchner. La ex presidente se mostró exultante durante su estada en Cuba y horas antes de regresar, publicó por primera vez una foto junto a su hija Florencia en La Habana. El viaje superó claramente las entregas anteriores: dejó un reclamo de quita en la deuda con el FMI.

Causó sorpresa y veloz ratificación de la posición asumida por Alberto Fernández, que no incluye hasta ahora insinuación alguna sobre una demanda de recorte al Fondo. No faltó tampoco alguna especulación sobre un supuesto juego de dureza y moderación concertado entre el Presidente y la vice. Suena descabellado y hasta infantil. En cualquier caso, expondría una señal hacia el exterior que variaría de inquietante a mala.

No es lo único que hizo en la escalada de tensiones que vive en los últimos días el oficialismo. De hecho, el Presidente debió involucrarse de manera personal y pública para frenar dos conflictos. Los dos de fuerte repercusión social: el contrapunto sobre los “presos políticos” –en rigor, una pulseada alrededor de las causas por corrupción- y los cortocircuitos en materia de seguridad, nada menos que entre la Nación y la provincia de Buenos Aires.

Se trata de secuencias no de episodios aislados, que comparten no sólo temporalmente el difícil escenario de las primeras pruebas sobre la deuda pública. Axel Kicillof viene de sufrir un traspié por un bono provincial –aún circulan versiones contrapuestas sobre la coordinación o el desencuentro entre los planes nacionales y provinciales frente a los acreedores- y el ministro Martín Guzmán acaba de enfrentar el fracaso de la estrategia del bono AF20, finalmente “reperfilado” para septiembre.

El problema, y eso habría precipitado la intervención directa de Alberto Fernández, es que el enfrentamiento por la política de seguridad y sobre todo la disputa por los “presos políticos” están provocando la primera o más visible fisura en una viga principal de la estrategia de imagen del oficialismo. Esa estrategia apuntó desde el primer día a desmontar los temores sobre un gobierno sino bicéfalo, al menos dividido internamente, con el Presidente y la vice como exponentes de proyectos diferentes.

Se trata de un asunto central para Alberto Fernández. El Gobierno ha subordinado prácticamente toda su política a lo que suceda con la renegociación de la deuda, con el Fondo y con los acreedores privados. Eso, al punto de no exhibir un programa o un plan más allá de cierto ajuste de las cuentas públicas, freno –se supone que temporal- de tarifas y combustibles, mantenimiento del cepo y alguna presión para contener la inflación. El Presidente ha tratado de explicarlo diciendo que tiene un plan pero actúa como jugador de póker.

Puede anotar la aprobación sin reproches del resto de la política a la ley para renegociar la deuda. Es un dato de escaso peso práctico en el plano legal pero que para el oficialismo contribuiría a afirmarlo en el terreno exterior. Se verá. Por lo pronto, el Gobierno ha privilegiado las tratativas con el FMI. Giraron en esa dirección los primeros capítulos de su política exterior, con renglones destacados: la reciente gira europea de Alberto Fernández –en especial, los encuentros con Angela Merkel y Emmanuel Macron- y los mensajes a Donald Trump.

Es más, de manera exagerada, algunos voceros pintan una estrategia que consistiría básicamente en tener al Fondo como socio para presionar luego a los privados y lograr una quita significativa. Es difícil interpretar entonces la carga de CFK sobre el FMI. Desde La Habana, reiteró críticas a los acuerdos con la gestión macrista –en esto, hay discurso coincidente con Alberto Fernández- y reclamó una “quita sustancial” de la deuda contraída en esa etapa.

Lo dicho: un mensaje inquietante visto como posición contraria a la del Presidente, y un despropósito si se la interpreta, según se ha insinuado en algún circuito político, como una “estrategia” conversada en el máximo nivel del oficialismo. En cualquiera de los casos, colocaría a la vicepresidenta en lugar destacado.

Precisamente, la pulseada por la seguridad es una cuestión casi imposible de entender fuera de lo que ha sido hasta ahora el reparto o, más aún, la construcción de poder luego del triunfo electoral de octubre. El enfrentamiento entre Sabina Frederic y Sergio Berni excede consideraciones sobre características personales, que las hay y tienen su peso. Para lograr la paz hizo falta que el Presidente citara a Axel Kicillof y que el gobernador encabezara una reunión con la funcionaria nacional, que debió viajar a La Plata, y su ministro.

Siguen flotando los recelos. En el gobierno nacional dicen que le pusieron la carga al gobernador para que resolviera la pelea. Pero en la provincia descartan una renuncia a corto plazo. Y apuntan a las cercanías de la ministra por el trascendido de la carta de Berni que gatilló este último capítulo público. El problema mayor es otro: lo que pasa con la gestión de Kicillof en general, y con este ministro en particular, remite a CFK. Y el impacto, más allá del hilado más fino, estará asociado siempre con esa interna grande, dato este último siempre de lectura externa.

Del mismo modo, el enfrentamiento y los contrapuntos por los “presos políticos” exponen bastante más que una discusión sobre esa caracterización de presos. La cuestión de fondo es otra: se trata de las causas por corrupción durante la gestión kirchnerista. Y no se limita al cuestionado uso de las prisiones preventivas, tema de polémica resuelto en buena medida con la nueva reglamentación de esa medida cautelar.

El Presidente descarta la intervención del Ejecutivo para cerrar causas que involucran a ex funcionarios y a la propia CFK. Ni indulto ni el impulso a una ley de amnistía. Es decir, el juego llegaría hasta la presión sobre jueces federales: en rigor, el manejo en áreas sensibles de la Justicia aparece en manos kirchneristas. La ofensiva en sentido inverso, para clausurar procesos judiciales –incluso los que ya anotan condenas- entra en vía muerta si se limita a revertir prisiones preventivas: demanda cerrar los casos. Ese es el punto de máxima tensión.

En el mundo exterior, el análisis puede ser más o menos profundo y ajustado. Pero el trazo grueso no queda inadvertido. La sola postal de internas es un dato político que puede ser asimilado como un elemento perturbador. Una prioridad inicial de este gobierno ha sido, precisamente, afirmar el poder de Alberto Fernández y aventar la idea de que estará marcado por la competencia entre proyectos enfrentados. No ayudan la última aparición de la vicepresidente o las disputas domésticas que involucran a funcionarios de primera línea. Trascienden las fronteras de la política local.