jueves, abril 25

Sobreseyeron a Aníbal Fernández, Abal Medina y Capitanich en la causa por el Fútbol para Todos

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«No se aprecia que la maniobra desplegada hubiese estado orientada a generar un perjuicio patrimonial a la administración pública», concluyó Rafecas al sobreseer a los imputados

El juez federal Daniel Rafecas sobreseyó este miércoles a los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo Anibal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich, y al empresario Alejandro Burzaco, entre otros imputados, en la causa que nvestiga supuestos delitos en la adquisición de derechos televisivos en el programa Fútbol para Todos.

Rafecas desestimó por “inexistencia de delito” la denuncia presentada por la Procelac por supuesto lavado de activos, que implicaba al ex CEO de Torneos y Competencias Burzaco, y lo sobreseyó junto a los ex funcionarios por el delito de defraudación.

En la denuncia se aludía a una presunta “existencia de una maniobra delictiva llevada adelante en el marco de las contrataciones entre funcionarios” y la “empresa ‘Torneos y Competencias SA” para ocho torneos entre 2011 y 2013 por un total de 33.050.000 dólares que el Estado Nacional “fue abusivamente obligado” a pagar”, según el dictamen fiscal que impulsó el caso.

El juez aludió además a un peritaje en el que “no pudo demostrarse” el perjuicio: “Tampoco se ha advertido que la conducta desplegada haya tenido como meta -con independencia de la inexistencia de daño para el erario público- el beneficio del particular”.

Además agregó que de las pruebas en el caso no han exhibido “la presencia de un lazo entre los funcionarios y los empresarios capaces de solventar la hipótesis en la que se funda la acusación”.

“No se evidencia que se hayan salido en ningún momento del marco legal que regula el desempeño de sus roles, a partir de las adquisiciones de los derechos de televisación de los eventos deportivos pues las mismas no son otra cosa que la materializacón de decisiones enmarcadas en la normativa legal que regulaba ese ámbito de la gestión de gobierno”. El magistrado descartó la “existencia de un obrar criminal”.