Por falta de acusadores, el juez Sebastián Casanello aseguró que ya no hay “proceso penal posible” contra la vicepresidenta.

Tras el retiro del fiscal y las querellas de la causa de la Ruta del dinero K, que la tenía a Cristina Kirchner como una de las principales funcionarias acusadas, el juez Sebastián Casanello resolvió sobreseerla. La decisión del magistrado se fundamenta en que ya no quedan acusadores para investigar el caso en el que Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión por lavado de activos.

“El juicio previo es una garantía de naturaleza constitucional (art. 18 de la CN). Entre otras cosas, ella supone que a una condena solo puede llegarse a través de un debido proceso que respete sus formas sustanciales, es decir, la existencia de acusación, defensa, prueba y sentencia. Sin acusación no hay proceso penal posible”, dijo Casanello en su fallo de tres páginas.

Y destacó: “El juez encuentra limitada su jurisdicción a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes”.

El juez federal Sebastián Casanello

Tanto el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, como los dos organismos estatales que intervienen como querellantes en este expediente ─la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)─, habían solicitado la desvinculación de la ex mandataria.

El sobreseimiento podría haber sido no dispuesto por Casanello en un caso concreto: si el dictamen del fiscal no cumplía los requisitos de “razonabilidad y legalidad” y decidía anularlo -algo muy inusual-. Sin embargo, el magistrado, había asegurado que esos requisitos “se hayan satisfechos toda vez que la fiscalía ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente”.

Por otra parte, el juez rechazó el pedido de la Asociación Civil Bases Republicanas de ser querellante en la causa para continuar con la imputación por considerarlo inadmisible.

Cabe recordar que el pasado viernes, luego de que se diera a conocer la posición de los dos organismos gubernamentales en apoyo al pedido por el fiscal, se presentó en la causa la Asociación Civil Bases. Solicitó ser aceptada como querellante (es decir, como particular damnificada por el caso) y que se anulara el dictamen del fiscal, una cuestión que fue rechazada este lunes.