Nota extraída de TN por Jesica Bossi

El juez Federico Villena hizo requerimientos a organismos locales e internacionales, como el FBI. Investiga vínculos de la tripulación con organizaciones terroristas.

Cuando el caso del avión retenido en Ezeizaaún no había trascendido con fuerza en los medios, el primero que pudo olfatear la relevancia del asunto fue un viejo barón del conurbano. La tripulación de cinco iraníes y 14 venezolanos se alojó al inicio de su estadía forzada en el Holiday Inn, hotel del histórico intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, quien sutilmente logró que se mudaran a otro hospedaje de la zona para alejarse del escándalo.

La rápida reacción del “Sheriff”, exministro de Seguridad bonaerense, contrasta con la torpeza con la que se manejó el Gobierno, que dio distintas versiones sobre el vuelo sospechoso, según el área que se consultara. Hubo un intento posterior de ordenar la comunicación, y transmitir la idea de que se actuó correctamente, dando por cerrada la discusión.

La llave la tiene el juez Federico Villena, que hizo requerimientos a organismos locales e internacionales -como el FBI- y deberá establecer si alguno de los pasajeros del Boeing 747 de la empresa Emtrasur tiene vínculos con organizaciones terroristas.

Según dijeron altas fuentes oficiales a TN, ninguno de los iraníes registra otros ingresos a la Argentina, lo que descartaría que los mismos personajes hubieran realizado visitas similares, al menos con esos pasaportes.

Un sector del kirchnerismo, afecto a Netflix, ve la mano del Mossad y la CIA como telón de fondo.

La lupa está puesta en el piloto Gholamreza Ghasemi. Aníbal Fernández primero sostuvo que estaba relacionado a la Fuerza Quds, un brazo paramilitar de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, considerado por los Estados Unidos como grupo terrorista. Después dijo que en realidad era un “homónimo”. Eso fue refutado por autoridades de Paraguay.

Quds es un grupo de elite especializado en operaciones encubiertas. La organización sufrió un golpe fuerte en enero de 2020, cuando el Pentágono desplegó un ataque relámpago en Irak, donde se encontraba Qasem Soleimani, que no solo era el líder de Quds sino que era catalogado como un “héroe” en Teherán. En su masivo funeral, hubo una estampida que dejó decenas de muertos y desde entonces se juró venganza por esta muerte.

La sensibilidad del episodio del avión despertó el alerta en la región y, especialmente, en los Estados Unidos e Israel. La alianza entre Venezuela e Irán es seguida atentamente, sobre todo por la importancia que cobra como aliado de Nicolás Maduro después de que Vladimir Putin quedara fuera de juego por la invasión a Ucrania.

El presidente de Venezuela agradeció el discurso de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, desde Irán, donde fue de gira. Es sugestivo que Maduro no haya hecho ningún reclamo público a la Argentina desde que el avión quedó retenido. En cambio, sí lo hizo con Uruguay.

Irán es el nuevo sostén de Venezuela, y ambos son parias internacionales. ¿Qué hacía una aeronave que pertenecía a Mahan Airs –aerolínea persa acusada de servir a Quds- con tripulación iraní venezolana en la Argentina? ¿La comercialización de autopartes era una fachada para una operación de inteligencia?

“Israel está jugando más fichas que Estados Unidos”, advierte, con recelo, un funcionario que considera el caso como una “novela”. De hecho, el comunicado de la embajada israelí afirma en su primer párrafo algo que el Gobierno desestima: que un miembro de la comitiva es un “alto ejecutivo” de una aerolínea acusada de dedicarse al “tráfico de armamento y traslado de personas y equipos para la Fuerza Quds”.

Otro dato que llamó la atención es que el texto reconoce el accionar en “tiempo real” de las fuerzas de seguridad argentinas, algo que Aníbal remarcó que se refería a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esto encaja con uno de los pases de facturas dentro del oficialismo. Para un sector, la AFI se durmió en generar luces de alarma; para otros, la PSA “exageró”.

En la AFI, según reconstruyó TN, se recibió una nota del agregado en la delegación de Paraguay el lunes 6, por la tarde, en la que se comunicaba los antecedentes del avión, que ya había aterrizado en el país. Ese día se daba la transición entre Cristina Caamaño, interventora saliente, y Agustín Rossi, entrante. Alberto Fernández estaba preparando su viaje a Los Ángeles en ese momento. Nada pasó.

La primera intervención fuerte la hizo la PSA, con inspecciones el 8 y el 10 de junio en la aeronave que quedó varada en Ezeiza, al negársele el ingreso a Uruguay. El director de esa policía es José Glinski, a quien algunos dentro del gabinete le atribuyen “sobreactuar” con el objetivo de congraciarse con Israel. ¿Para qué? Convertirse en el embajador allí, cargo vacante que dejó Sergio Urribari, condenado por corrupción. Para ese puesto, el Presidente propuso a Caamaño, quien debe tener el visto bueno del Senado. El Gobierno no envío aún el pliego, y se espera que lo haga la próxima semana, según fuentes diplomáticas.

Glinski es un histórico de la PSA que entró en la época de Marcelo Saín, el primer jefe del organismo creado por Néstor Kirchner, en 2005. Nació en Comodoro Rivadavia y fue ministro de Seguridad de Chubut en 2014. Quienes lo tratan dicen que ser embajador en Israel es su “proyecto personal” y que cuenta con avales dentro de la comunidad judía. Esa aspiración generó recelo en medio del escándalo del avión.

Un sector del kirchnerismo, afecto a Netflix, ve la mano del Mossad y la CIA como telón de fondo. Leopoldo Moreau sumó a Paraguay en el complot contra Argentina. Los que abonan esa teoría dicen que la posición del país vecino se da en el marco de una feroz interna del Partido Colorado, entre el actual presidente, Mario Abdo Benítez, y el anterior, Horacio Cartes, quien quedó salpicado por el traslado de cigarrillos de una tabacalera a la que lo vinculan a través del mismo avión iraní venezolano que hoy sigue en Ezeiza. Cristina Kichner, al igual que Alberto, mantienen un conveniente silencio sobre el affaire.