sábado, septiembre 19

Tras el acuerdo por la deuda, el Gobierno busca el apoyo de fondos independientes para dar la oferta final

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El Ministerio de Economía estima que unos U$S10.000 millones están en manos de acreedores no alineados con los comités.

Con el acuerdo en el bolsillo con Blackrock y el comité de bonistas más importante, el Gobierno avanzará en los próximos días y hasta fines de agosto en dos frentes: por un lado, sumar a ese consenso a un grupo numeroso de fondos que tienen unos U$S10.000 millones de deuda y que esperó como minoría «silenciosa» el avance de la negociación; y, también, lograr el apoyo internacional para cambiar la letra chica de los bonos y que eso sirva de referencia para el resto del mundo.

El ministro de Economía Martín Guzmán estimó este martes por la tarde, cuando presentó en sociedad el acuerdo con los fondos de inversión, que el canje representará un alivio de deuda para el país en los próximos cinco años cercano a los U$S42.500 millones. A esa ventana de ahorro se le sumará en las próximas semanas la reestructuración de los bonos bajo ley local, que serían otros U$S15.000 millones.

Cuando pase la página de la negociación con los tenedores privados de la deuda llegará la hora de discutir con el Fondo Monetario Internacional un nuevo calendario para que el país devuelva los U$S45.000 millones del préstamo firmado por Mauricio Macri y Christine Lagarde. Ese diálogo, según anticipó el propio Guzmán, no será cuestión de días o semanas.

Pero más acá en el tiempo restan una serie de detalles a pulir para concretar la operación de canje de los bonos regidos bajo ley extranjera y espantar los fantasmas del default y de juicios en tribunales externos. Para eso, ya extendió el plazo de aceptación de la oferta al 24 de agosto.

En los próximos 20 días hasta que termine ese período el Gobierno se moverá en dos frentes para cristalizar el canje de U$S66.000 millones. Por un lado, convencer a más bonistas para que se sumen al acuerdo y conseguir una mayoría casi total. Por otro, dejar un precedente para el resto de los emisores de deuda en los mercados internacionales.

Respecto al primer punto, un alto funcionario del Ministerio de Economía estimó que existe una masa «silenciosa» de fondos de inversión -algunos, incluso, relevantes a nivel mundial- que se mantuvieron al margen del barro de la discusión entre el Gobierno y los comités de acreedores. Su estrategia fue esperar que el desgaste lo hicieran otros y tomar una decisión cuando las cartas ya estuvieran echadas.

El Palacio de Hacienda cree que este ejército de tenedores de deuda -que también incluye a los inversores retail o minoristas y otros tenedores institucionales- firmará al pie el acuerdo general. Si así sucediera, sumaría otros U$S10.000 millones más de bonistas al canje, un 15% del total en circulación.

De esta forma, Guzmán se aseguraría que los respaldos de los acreedores superen los pisos mínimos establecidos por las cláusulas de acción colectiva de todos los bonos a reestructurar. La función de estas cláusulas es evitar que queden tenedores holdout (buitres). Si el Poder Ejecutivo consigue determinado porcentaje de aval, las condiciones de la propuesta de pago «derraman» hacia el 100% de los bonistas.

La negociación del Gobierno con sus acreedores dejará además un antecedente para el resto de los países del mundo con deuda soberana emitida en el mercado internacional. La Argentina fue el primer país que debió encarar una reestructuración con los estándares actuales de contratos de bonos soberanos. Así, tuvo que poner a prueba el éxito de la «letra chica» de esos títulos públicos a la hora de negociar un canje.

En el último tramo de las conversaciones con Blackrock y el resto de los fondos más duros incluyó una disputa, precisamente, por el alcance de esas cláusulas. Además de la distancia económica, acordar sobre ese factor fue uno de los elementos centrales del acuerdo. A grandes rasgos, la discusión tiene que ver con qué nivel de protección a los inversores tendrán los nuevos bonos que emita el Palacio de Hacienda como parte de la reestructuración.

En los próximos días el Gobierno buscará apoyo de la comunidad financiera internacional para realizar «algunas modificaciones» a los modelos de contrato de bonos soberanos. Para eso, llevará una propuesta consensuada con los acreedores ante la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), que suele definir este tipo de cuestiones.

El FMI será otra historia pero el ministro Guzmán ya adelantó en qué estará basada la negociación. «No se puede pagar al FMI en los tiempos establecidos. Vamos a buscar un programa bien distinto, con premisas sensatas. (Discutir) cómo debe ser la política fiscal y monetaria en momentos de recesión», anticipó.