jueves, marzo 28

Tras la condena, la Corte reactivó una demanda civil contra Cristina Kirchner por 22.300 millones de pesos

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Así lo definió el máximo tribunal, basados en una petición presentada por Javier Iguacel, cuando era funcionario de la gestión Cambiemos.

Luego de la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner, por fraude al Estado, la Corte Suprema de Justicia decidió reactivar la demanda civil contra la Vicepresidenta por 22.300 millones de pesos, para que pague de su propio patrimonio los daños de la corrupción.

Si bien, la demanda había sido presentada en 2018, por Javier Iguacel, quien era en ese entonces quien administraba el área de Vialidad Nacional, durante el gobierno de Mauricio Macri, recién pudo reactivarse ahora, tras la condena a los imputados.

De este modo, el máximo tribunal del país, resolvió por unanimidad, que sea el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N°11, a cargo de Alejandro Nobili, quien intervenga en la acción civil que inició la Dirección Nacional de Vialidad contra la titular del Senado.

En esta instancia se reclama por los daños y perjuicios ocasionados al Estado Nacional, en la adjudicación, direccionamiento y ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, por los que ayer fue condenada la ex mandataria, junto con el empresario Lázaro Báez y demás funcionarios públicos.

En tanto, la causa que está caratulada como “Dirección Nacional de Vialidad c/ Fernández, Cristina Elizabet y otros s/ responsabilidad por daños”, también se extiende a aquellos que sean responsables por los daños ocasionados al Estado por las obras públicas otorgadas a Lázaro Báez y que en algunos casos quedaron inconclusas.

Por eso involucra del mismo modo a Báez y a José López, entre otros ex funcionarios, que en caso de ser condenados deberán también enfrentar los gastos.

Vale destacar que esta demanda, Iguacel, la había presentado ante el Tribunal Oral Federal Nro. 2, que falló contra la ex presidenta, en 2018, para que en el mismo juicio oral se resuelvan tanto la causa penal como la civil.

Sin embargo, el tribunal declinó su competencia en materia civil en favor de la Justicia Civil y Comercial Federal, por lo que quedó en suspenso a la espera de la sentencia en el fuero penal.