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Tras la expropiación de Vicentin: ¿quién manda en el Gobierno, Alberto o Cristina?

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Nota extraída de Clarín por Eduardo Van Der Kooy. Miércoles 10 de junio de 2020

Cada resolución importante del Gobierno está en tela de juicio por la existencia de un poder bifronte. El Presidente viene de sufrir distintos desafíos imprudentes a su autoridad.


Tras la expropiación de Vicentin: ¿quién manda en el Gobierno, Alberto o Cristina?

Por Eduardo Van Der Kooy para Clarín


El proyecto de intervención y estatización de la empresa agro-industrial Vicentin puede observarse desde dos planos. La decisión del Gobierno, en sí misma, en un contexto de elevada complejidad. Con la pandemia de coronavirus, como una amenaza todavía brava. La otra mirada habría que posarla sobre el sistema de poder. El modo en que se adoptan decisiones. El equilibrio –o no- entre la figura de Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández.

Un asunto que se instaló en la escena pública en mayo del 2019. Cuando la mujer comunicó que Alberto sería su candidato en las elecciones que ganó para destronar a Mauricio Macri. El diseño de esa fórmula para llegar al gobierno llamó poderosamente la atención.

El fantasma de la ex presidenta sólo estuvo agazapado durante la campaña. Fue adquiriendo otra presencia en el armado del equipo de gobierno. Talló aún más, aunque siempre en silencio, desde que Alberto asumió. Lo que pareció en estos seis meses solo un secreto a voces, opacado incluso por el protagonismo presidencial por el coronavirus, el propio Alberto se encargó de colocarlo en la primera línea.

“La decisión fue mía, no de Cristina”, comunicó el día después. Convalidando así que la autoría de cada resolución importante está en tela de juicio por la existencia de un poder bifronte. Esto ayudaría a explicar, por ejemplo, que la reforma judicial atribuida en origen a Gustavo Béliz y la secretaria Legal, Vilma Ibarra, funcionarios del riñón del Presidente, esté siendo revisada en el Instituto Patria. También se alcanzaría a comprender otro pleito. Alberto confesó su conformidad con la integración de la Corte Suprema. Debió sobreactuar el pluralismo y dejar abierto el debate sobre su cantidad de integrantes porque Cristina lo exige. De hecho, su aliado en el Senado, Adolfo Rodríguez Saá, presentó en la Cámara Alta hace días un proyecto para ampliar a nueve los cinco magistrados actuales del máximo Tribunal.

Aún antes de conocerse la intervención y estatización de Vicentin, Alberto había sufrido un par de desafíos imprudentes a su autoridad. El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, expresó que la vicepresidenta “es la única que conduce nuestro espacio”. Vaya ninguneo político. Berni reporta directamente a Cristina. Ni siquiera repara demasiado en Axel Kicillof, el gobernador.

En la misma dirección, el jefe de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, afirmó que “el Presidente no corta el bacalao”. Después celebró la decisión de intervenir y expropiar la empresa Vicentin. Hay algo que no podría pasarse por alto. Alberto y el dirigente social estuvieron reunidos días pasados. Luego hubo otro cónclave con delegados de otro centenar de movimientos sociales. En ambos casos se habló de la “soberanía alimentaria”, el nuevo latiguillo que el oficialismo acaba de incorporar a su relato.

La reforma judicial atribuida en origen a Gustavo Béliz y la secretaria Legal, Vilma Ibarra, funcionarios del riñón del Presidente, está siendo revisada en el Instituto Patria.

Muchas de las organizaciones integran el Frente de Todos. Incluso aparecen en algunas segundas o terceras líneas de ministerios. Su puente natural es con el kirchnerismo. Ni con el peronismo tradicional ni con los gremios históricos. Un par de días antes del anuncio sobre Vicentin varios miembros de los sectores duros del FdT firmaron una solicitada pidiendo la intervención de aquella empresa. Entre ellos, Claudio Lozano, titular del Banco Nación, y Victoria Donda​, a cargo del INADI.

El broche a ese curso de acción lo colocó un arrestado en causas por corrupción. Desde su arresto domiciliario, arrancado con la excusa del peligro del coronavirus, Amado Boudou​ se anticipó al anuncio del Presidente comunicando la intervención de Vicentin. Lo hizo a través de una página web identificada con el kirchnerismo.

Tantas huellas estarían demostrando que el problema de fondo, por ahora, no consistiría en el avance sobre la empresa con sede en Santa Fe. El dilema mayor sería que, recién amanecido el Gobierno, afloran dudas sobre quien define las decisiones estratégicas.

Quizás el Presidente debió haber reparado en ciertas formas a la hora de anunciar la decisión. Adoptar una formulación política más acorde con su trayectoria y condición de profesor de Derecho Penal que con un relato cargado de banalidad. ¿Qué sería la “soberanía alimentaria”? ¿Los colores argentinos en un frasco de aceite o una botella de vino? La reivindicación de la soberanía podrá admitirse cuando un país esencialmente productor de alimentos, como la Argentina, no condene como ahora al 40% de su población a la pobreza y el hambre. No hay gobierno de la era democrática inaugurada en 1983 que pueda salvarse de esa carga.

También el Presidente pasó por alto antecedentes que, en su momento, supo criticar con acidez. El primero fue la intervención en 2012 de la Calcográfica Ciccone, por cuya compra Boudou fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión. Se trata de la principal imprenta de billetes en la Argentina. La decisión fue catalogada por el entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino, como una manera de mantener la “soberanía monetaria”. Nuestro país casi carece de moneda. Manda el dólar. Luego llegó la estatización votada por el Congreso que arrojó una gran sorpresa: no hubo que pagarle indemnización a nadie. Una estatización gratuita. Extravagancia nacional.

También en los primeros días de aquel 2012 Cristina y su ministro de Economía, Kicillof, progresaron con la estatización del 51% de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Quedó afuera la española Repsol por cuya mala presunta gestión con la política petrolera el hoy gobernador de Buenos Aires prometió que debía abonar un resarcimiento a nuestro país. La que terminó pagando, como siempre, fue la Argentina. Más de U$S 5.500 millones. El desafortunado derrotero aún no terminó. La semana pasada la juez del segundo distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, falló en contra de la Argentina en un juicio residual por la expropiación de YPF. El pleito deberá dirimirse en los tribunales neoyorkinos y no aquí, como había planteado la defensa de nuestro país.

Alberto, desde el llano, cuestionó el mecanismo para recuperar YPF. Montado sobre el relato de Cristina de “recuperar la soberanía energética”. Tal soberanía, perdida en los hechos durante varios años del kirchnerismo, nunca se recuperó. Solo hubo un período de autoabastecimiento que, paradójicamente, logró Mauricio Macri.

Ahora se inicia una nueva e incierta experiencia con la empresa Vicentín. Un gigante agro industrial cuyo endeudamiento en poco tiempo, durante el macrismo, la llevó a una situación de inviabilidad. Con una deuda de US$1300 millones. La empresa está en convocatoria de acreedores que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista. Tenía negociaciones con emprendedores privados para intentar salir de su asfixia.

En ese marco surgió la intervención dispuesta por Alberto. Esgrimiendo, otra vez, la soberanía. Habrá que observar al final de la historia cuanto quedará de esa soberanía. También, qué costo terminará acarreando a toda la sociedad.