Un decreto del Gobierno prevé costosas indemnizaciones para altos cargos del Estado
Los altos cargos del Estado, es decir directores generales, directores o coordinadores del Estado que hayan sido sido nombrados por concurso público hace más de un año tendrán privilegios en caso de ser despedidos por el Gobierno entrante.
Es que el decreto 788/19 otorga una estabilidad por cinco años a los funcionarios en la “alta administración pública” y, despedir a éstos, sólo se puede hacer por tres causas: evaluaciones de desempeño insuficientes, sanciones disciplinarias o una reestructuración que implique la supresión del puesto.
Por las dos primeras causales, no se prevé indemnización alguna. Pero en caso de que la persona pierda su cargo por una reestructuración del organigrama (habitual con cualquier cambio de gestión), están previstas jugosas compensaciones.
Dado que el decreto prevé estabilidad en los cargos por cinco años, en caso de que por una reestructuración la persona pierda su puesto, el decreto contempla distintos escenarios. Según consignó la periodista Maia Jastreblansky cuando se trate de una persona de planta permanente podrá reintegrarse a su puesto y percibir una bonificación para sostener el salario que tenía en la alta administración pública.
Cuando el trabajador no esté en planta permanente podrá obtener un cargo con el mayor nivel escalafonario y recibir el mismo plus. Caso contrario, podrá exigir “una indemnización equivalente a la remuneración de su posición multiplicada por la cantidad de meses que resten para cumplir los cinco años”.
La medida fue repudiada por ATE, que advirtió que “a 15 días de la asunción de la próxima gestión, Macri intenta condicionarla, homologando un régimen que genera beneficios extravagantes respecto de los trabajadores de carrera”.
En el Gobierno defendieron la medida: “Es un régimen protectivo de la persona que concursó, beneficia a quienes quieren meterse en lo público con reglas de juego claras y es disuasivo de los cambios por motivos políticos o discrecionales”.
Según pudo conocer la nacion, la gestión de Macri formalizó más de 80 altos cargos por concurso, de los cuales la mitad ya cumplieron más de un año en el puesto y podrían exigir una indemnización. Muchos de los concursos son muy recientes y se oficializaron después de las elecciones de octubre.
ATE aseguró que el decreto, dos semanas antes de dejar la gestión, es “un golpe de efecto” y advirtió que está evaluando una denuncia en la Justicia Laboral o una presentación administrativa.
La Asociación Gremial de Abogados del Estado, por su parte, denunció: “Se intenta consagrar un régimen de ingreso a cargos directivos con exigencias mucho más laxas, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto y un régimen indemnizatorio inédito, con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el gobierno saliente”.
En el equipo de Fernández señalaron que “hay que ver si el decreto es legal”, aunque todavía no se pronunciaron.
