Un fiscal pidió el procesamiento de dirigentes de la TV Pública por el retiro de $11,4 millones de pesos en bolsos

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Se trata de cinco dirigentes de alto rango y una proveedora de servicios escenográficos para una producción que nunca salió a la luz. Las penas incluyen la inhabilitación de la función pública y hasta seis años de prisión. Según el fiscal, la presidente de RTA, Rosario Lufrano, estaría exenta de toda sospecha

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el procesamiento de cinco funcionarios de la TV Pública y RTA (Radio y Televisión Argentina), la empresa pública que preside Rosario Lufrano, en el marco de la causa que investiga el retiro irregular de $11,4 millones de pesos en efectivo del cajero ubicado dentro del edificio. En ese sentido, el fiscal los acusó de los cargos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

La maniobra involucraría a los funcionarios Guillermo Siaira, Ernesto Molinero, Alejandro de la Torre, Ariel Berliner y Claudio Lamalfa, todos ubicados en puestos de jerarquía, con la participación de la escenógrafa Adriana Maestri y otros empleados. Por su parte Rosario Lufrano, máxima autoridad de la empresa, estaría exenta de toda sospecha. Más aún, la línea argumental de Pollicita es que los inculpados habrían actuado “por fuera de los pertinentes controles de las autoridades, en contra de las previsiones de las normas que regulan el manejo del dinero del Estado”. Sin embargo, hace seis meses renunciaba Eliseo Álvarez, mano derecha de la presidente de RTA.

Pollicita señaló que al retirar el efectivo, “el escenario descripto basta para tener por cierto —con el grado de certeza que esta instancia requiere— que los imputados, violando sus deberes y abusando de la confianza que les había sido depositada como funcionarios jerárquicos de RTA SE (…) perjudicaron a las arcas públicas asignadas a RTA, en un claro beneficio propio y de terceras personas”.

Cuando se destapó el escándalo el secretario de Medios Públicos, Francisco Meritello, admitió que hubo tres extracciones por un total de $11.400.000 de la sucursal del Banco Itaú que está dentro del edificio de la TV Pública: dos por 5.000.000 y una restante por 1.400.000 de pesos. La suma fue extraída de la cuenta oficial de la empresa estatal, con la supuesta intención de pagar los gastos de producción de una ficción sobre Manuel Belgrano.

Quiénes son los acusados

Las penas podrían alcanzar hasta los seis años de prisión y la inhabilitación en la función pública.

Guillermo Siaira, director de Administración y Finanzas; Ernesto Molinero, gerente de Producción, tenían contratos con la TV Pública y presentaron sus renuncias, a pedido de Lufrano.

Lo misma suerte corrió el tesorero Claudio Lamalfa, que sería quien retiró los $11,4 millones de la sucursal del Banco Itaú que está dentro de las instalaciones del canal estatal.

Alejandro de la Torre, director adjunto de Administración y Finanzas, y Ariel Berliner, subgerente de Producción, tienen prohibido el ingreso al canal en tanto los sumarios administrativos estén abiertos. Una vez concluida la investigación se determinará si permanecerán o no en sus cargos.

Adriana Maestri es la única que no ocupa un cargo en la función pública, sino que fue señalada por el fiscal por obtener “indebidos beneficios” porque cobró a principios de marzo $1,9 millón en efectivo de manos de los funcionarios de la TV Pública, por su participación como directora de arte en la miniserie.