Un juez afín al kirchnerismo se queda con la presidencia de la Cámara de Casación y definirá el futuro judicial de CFK

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Se trata de Alejandro Slokar, miembro de Justicia Legítima que pidió una “refundación del Poder Judicial”

De forma unánime, el camarista Alejandro Slokar fue electo presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal del país por debajo de la Corte Suprema de Justicia. La situación no escapa a la polémica ya que el magistrado no ha ocultado su simpatía por el kirchnerismo e incluso formó parte del Gobierno de Nestor Kirchner en el ministerio de Justicia.

En la previa dos eran los candidatos que picaban en punta para quedarse con el cargo: por un lado, Alejandro Slokar, referente de Justicia Legítima y uno de sus fundadores, a quien, según consigna La Nación, le correspondería porque sería su turno de acuerdo con una rotación interna del tribunal; y Daniel Petrone, de perfil técnico no político, y uno de los jueces nuevos, de los último en integrar la Cámara.

Quién es Alejandro Slokar

El flamante presidente de la Casación es un académico, profesor titular por concurso de Derecho Penal en la UBA y UNLP. De gran vinculación con el exministro de la Corte Raúl Zaffaroni. Hasta el martes ocupaba el cargo de vicepresidencia. Integra la agrupación ultra K Justicia Legítima y es el juez de mayor rango que tiene simpatía con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Además, Slokar fue secretario de política criminal del Ministerio de Justicia durante la presidencia de Néstor Kirchner. El camarista fue quien pidió la remoción de Gustavo Hornos -quien era el presidente de Casación-, tras las denuncias formuladas por el kirchnerismo al conocerse las reuniones que también mantuvo con Macri durante su presidencia. Pero además, criticó la integración de la Corte Suprema y pidió una “refundación del Poder Judicial” utilizando los mismos términos que el presidente Alberto Fernández.

La Cámara de Casación es el máximo tribunal en el fuero federal, siempre por debajo de la Corte Suprema de Justicia. Se ocupa de unificar criterios jurídicos para evaluar resoluciones definitivas: por ejemplo confirma o rechaza las condenas dictadas en los juicios orales. En otras palabras: las causas por corrupción deben pasar por Casación antes de llegar a la Corte.

Con información de Clarín