Un nuevo informe de laONU sobreDerechosHumanos enVenezuela pone en jaque la política exterior delGobierno argentino
En su alocución, Bachellet alertó por el continuo deterioro del costo de vida de los venezolanos quienes continúan protestando “ante un acceso cada vez más difícil a los servicios básicos”. En este sentido, destacó que pese a las manifestaciones hubo una tendencia a la baja en las victimas fatales aunque fue contundente: “una sola muerte ya es demasiado“.
Bachelet también reclamó por la detención de presos políticos. “Sigo instando a que se liberen a todas las personas detenidas arbritrariamente”, expresó. En ese sentido, se refirió a la reciente detención de tres activistas de la ONG Fundaredes, que venía denunciando la connivencia entre el régimen y las disidencias de las FARC en la frontera colombovenezolana. “El arresto de tres miembros de Fundaredes hace tan solo tres días es sumamente preocupante. Aprovecho para solicitar el acceso urgente de los abogados defensores”, dijo.
Semanas atrás el presidente argentino, Alberto Fernández, había aseverado que “las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela fueron desapareciendo”, sin embargo, el informe presentado por Bachellet demuestra que las mismas persistieron.
Con respecto a las muertes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) registró al menos 17 decesos “presuntamente ocurridas en el contexto de operaciones de seguridad o de protestas, que coinciden con los patrones de ejecuciones extrajudiciales”. A su vez, en 12 de los casos documentados por el ACNUDH, los autores irrumpieron en los hogares de las víctimas y los testigos informaron de que “los agentes de seguridad utilizaron la violencia, incluida la violencia de género, para controlar a los testigos y separar a las víctimas de sus familiares”. En muchos de esos se denuncio abusos y violencia sexual.
El informe subraya que la mayoría de las muertes documentadas fueron atribuidas a funcionarios de algunos de los cuerpos policiales del Estado venezolano.
En cuanto cuestiones referidas a la integridad física y moral, “el ACNUDH continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación”. En este sentido, se documentaron nueve desapariciones forzosas a quienes se mantuvo incomunicado y sin informar de su paradero a los familiares. Las mismas duraron “unas horas y varios meses”.La ACNUDH denunció la violación sistemática de los derechos de las personas acusadas a la libertad, a un juicio sin dilaciones indebidas, a un juicio imparcial y a la asistencia jurídica. En el informe documentan al menos doce casos en lo que se detuvo a personas sin que se presentara una orden de detención y en ausencia de flagrancia.
La política exterior del Gobierno sobre Venezuela, en jaque
En los últimos meses el Gobierno había mostrado un giro a favor del país caribeño ante las denuncias de la Comunidad Internacional sobre la situación política y de Derechos Humanos en el país caribeño. Tras no desconocer los comicios legislativos llevados a cabo a fines de 2020, durante el 2021 se retiró del Grupo de Lima (foro de países con el objetivo de dar seguimiento y acompañar a la oposición venezolana para buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela) y retiró la denuncia contra el régimen de Maduro por la violación a los derechos humanos en Venezuela, presentada en conjunto con otros países en la Corte Internacional de La Haya.
Tras la contundencia del informe, que se suma a actualizaciones anteriores igual de duras, el Gobierno no poseía mucho margen para hacer silencio frente al resto de las delegaciones como si lo hizo en la OEA en reiteradas ocasiones. En este sentido, retomó su postura ambivalente en la que declara según el ámbito en el que se encuentre y en la Comisión de Derechos Humanos, el embajador argentino Federico Villegas presionó al Gobierno venezolano a que cesen las detenciones políticas, las violaciones a los Derechos Humanos y que genere las condiciones para poder celebrar elecciones libres.
“Instamos al gobierno de Venezuela a implementar las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada, que incluyen realizar investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes sobre las denuncias de violaciones a los Derechos humanos, incluyendo aquellas sobre ejecuciones extrajudiciales (…), llevar a los perpetradores ante la Justicia y garantizar una reparación adecuada a las victimas, así como poner fin a los ataques contra miembros de la oposición, medios de comunicación y defensores de derechos humanos“, indicó. Y agregó: “la plena vigencia de los Derechos Humanos es una condición esencial para que los venezolanos puedan expresarse políticamente a través de elecciones libres, justas, pacíficas e independientes que incluyan a las voces disidentes”, añadió.
El informe completo
