Una investigación destapó el multimillonario negociado escondido en Fútbol para Todos
En 1991 la empresa Torneos y Competencias adquirió los derechos televisivos de la AFA y creó un programa que tuvo la exclusividad de las imágenes más importantes. Todos recuerdan esperar hasta las 22hs para ver el mitico programa Futbol de Primera transmitia el resumen de todos los partidos de la fecha. Pese a ser un acuerdo entre privados, la expresidente, Cristina Kircher, politizó el futbol y acusó a las empresas de “secuestrar los goles” para justificar la creación del Fútbol para Todos. Esa relación entre TyC y la AFA le generaba a este último, en promedio, más de 30 millones de dólares anuales.
Esto duró hasta el febrero del año 2010, cuando el gobierno argentino anunció el comienzo del programa Fútbol para Todos, en el que tomó una de las decisiones más importantes del momento: sorprendentemente quedarían prohibidas todas las publicidades privadas en las transmisiones de los partidos.
Como todo lo que sucede en la política nacional, la medida tenía dos caras. Por un lado, se popularizaría la transmisión de los partidos, permitiendo que todos puedan verlos en vivo en forma gratuita. Por otro lado, sin embargo, daba pie a un nuevo negociado del gobierno K.
La financiación del FpT, a cargo de la Casa Rosada, fue de unos 200 millones de dólares por año. Dado que no se permitía -por lo menos en los papeles- la participación de auspiciantes privados, no existía posibilidad alguna de recuperar la inversión. Pero hecha la ley, hecha la trampa.
La clave para “la trampa” estaba en los carteles de LED. Éstos habían sido incorporados a las canchas en el año 2009, en reemplazo de los viejos carteles estáticos de chapa. Con sólo apretar una tecla, todo el estadio podía ver la misma publicidad repetida en vallas de más de 200 metros de extensión.
Los anunciantes privados, que tenían vedado anunciar sus productos en las tandas o incluso durante los partidos, fueron tentados por empresas elegidas a dedo por el gobierno para “entrar por la ventana” al negocio de la pantalla chica.
¿Cómo funcionaba “la trampa”? La firma Publicidad Estática Internacional (PEISA), a cargo de la cartelería, se encargaba de combinar en las vallas de LED las publicidades privadas de primeras marcas que pagan 100 dólares el segundo para aparecer en los partidos. A su vez, la productora La Corte, a cargo de la producción televisiva, se encargaba de ampliar los planos para que durante 60 de los 90 minutos de partido se vean bien claro las vallas de LED. De este modo, y a pesar de que el gobierno había asegurado que prohibía la publicidad privada, ésta gozaba de plena salud y facturaba millones que luego se repartían entre las agencias de publicidad elegidas a dedo para el trabajo y el propio gobierno.
“La trampa” se llevaba adelante en dos pasos. Primero, las empresas de trabajo técnico audiovisual contratadas desde la jefatura de Gabinete nacional se encargaron de garantizar que durante 60 de los 90 minutos de juego se vieran al aire los carteles electrónicos con publicidad. Segundo, las pocas agencias de noticias elegidas a dedo por el gobierno ofrecían publicidad no tradicional (PNT) facturando millones.
En números concretos, durante la vigencia del Fútbol para Todos se generaron nada menos que 10 millones de segundos de publicidad a un valor promedio de 100 dólares el segundo.
Entre los apuntados por la investigación se encuentran las empresas PEISA (encargada de los carteles de LED), La Corte (productora a cargo de contenido) y VHS (agencia de publicidad).
En efecto, en lo que el investigador llamó un verdadero “sincericidio”, la propia VHS se presenta en su sitio web como una sociedad que “adquirió entre el 2010 y el 2020 diversos sistemas que permiten introducir imágenes transmitidas en vivo destinadas a la creación de secuencias gráficas que permiten insertan spots con fines publicitarios o artísticos para realzar, de modo comercial, las transmisiones deportivas”.
La política de Fútbol Para Todos le costo al país un total de 1.200 millones de dólares en seis años. Bajo la excusa de que “el fútbol es un derecho” el gobierno realizó un gran negocio monopolizandolo.
