Una jugosa factura a una empresa de Cristóbal López: el pasado que el Presidente se niega a explicar

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En 2018, la Justicia encontró una factura en Oil Combustibles a nombre del ahora Presidente; desde la oposición, exigieron que el jefe de Estado informe sobre los clientes que tuvo en su época como lobbysta para descartar conflictos de interés, pero en las últimas horas Alberto Fernández negó este pedido

El presidente Alberto Fernández se negó en las últimas horas a revelar quiénes fueron sus clientes en los tres años previos a asumir al frente del Ejecutivo Nacional, cuando se desempeñó como abogado y consultor, a pesar de que la Oficina Anticorrupción (OA) le solicitó que presentara la “nómina” de aquellas personas y sociedades para las que haya trabajado que sean concesionarias o proveedoras del Estado, o realicen actividades reguladas.

Un dictamen del 19 de febrero, firmado por el titular de la OA, Félix Crous, le recomendó al Presidente, además, que renunciara a su mandato como titular de la firma Inmueble Callao 1960 SA y que se tomara licencia como profesor en la Universidad de Buenos Aires, ya que el ejercicio en simultáneo de los dos cargos, advirtió la OA, incumple la Constitución, pero Fernández también rechazó ese pedido del organismo.

Su rechazo trae a la memoria un curioso episodio de una jugosa factura emitida en 2018 a su nombre a una de las empresas más importantes del grupo que encabeza Cristóbal López. La factura, por $ 435.600 a nombre del ahora presidente a la firma Oil Combustibles, cobra hoy importancia tras el rechazo a informar sobre sus clientes previos.

La factura fue encontrada en la pila de contrataciones de Cristóbal López por los coadministradores puestos por el juez del concurso Javier Cosentino, según informó dos años atrás el diario Clarín.

Según explicó entonces Fernández, la factura “fue librada por error, anulada y consecuentemente jamás cobrada”. Sin embargo, en ese momento, Fernández admitió a Clarín que “asesora” a las entonces “autoridades” del Grupo Indalo. Por aquellos días, López estaba detenido y quien había tomado las riendas de la empresa era el hasta el momento desconocido Andrés Rosner, señalado por muchos como testaferro de Cristóbal. El ahora Presidente, defendía en ese momento al señalado de ser el factótum de López.

Los coadministradores judiciales en Oil, Carlos Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Lencova Besheva que encontraron la factura coincidieron en ese momento con Fernández en que no se pagó la factura de 435.600 pesos. Según ellos, la misma estaba “pendiente de pago” y discrepan con Fernández sobre qué servicio facturó. Dicen que fue por “servicios de asesoramiento en materia penal prestados a los señores Cristóbal López y De Sousa”, los dueños de Oil y del grupo Indalo.

Según informó en 2018 Clarín, Fernández había visitado en dos ocasiones al juez federal Julián Ercolini en calidad de “asesor de Rosner”, el empresario que en 2017 apareció como “comprador” del Grupo Indalo. Sin embargo, Rosner respondió siempre a los intereses de López; de hecho, llegó a declarar mientras el empresario del sur estaba encarcelado: “Si Cristóbal pretende volver, nos vamos”.