La Corte de Apelaciones de Versalles había sancionado a la mujer en 2019 porque se negaba a tener relaciones sexuales con su marido.
Los jueces decretaron el divorcio por culpa exclusiva de la mujer, sobre todo por tal motivo, considerando los hechos “confirmados por la esposa y que constituyen una violación grave y repetida de los deberes y obligaciones del matrimonio, que hacen intolerable continuar la vida en común”.
Las dos asociaciones que asisten a la mujer, la Fundación de las Mujeres y el Colectivo Feminista contra el Estupro, condenaron el hecho de que la justicia francesa “continúe imponiendo el deber conyugal, negando así el derecho de las mujeres de consensuar o no la relación sexual”.
Las dos asociaciones recuerdan que “en el 47% de los 94.000 estupros e intentos de violencia sexual que se registran cada año, el agresor es el cónyuge o ex cónyuge de la víctima”.
“El matrimonio (concluyen las dos asociaciones que piden la condena de Francia) no debe ser una servidumbre sexual”.