Nota extraída de TN por Sergio Berensztein

Las decisiones del Ejecutivo se ven alimentadas por diagnósticos disímiles. Esperan soluciones fantásticas que nunca llegan y piensan que hay confabulaciones que buscan hacer fracasar sus planes permanentemente.

La economía argentina se deteriora a una velocidad muy preocupante. En el frente cambiario, el dólar blue tocó máximos de $345(para luego acomodarse unos pesos más abajo) y el CCL se mueve en torno a los $330, por lo que la brecha con el oficial ya supera el 140%.

Con una diferencia de esta magnitud, las exportaciones (no solo las del campo) se encogen enormemente, retroalimentando la crisis: al exceso de pesos se le suma una falta de dólares cada vez mayor, sin que el gobierno logre generar los incentivos necesarios para revertirlo.

De hecho, el saldo de la balanza comercial de junio ya había sido negativo (-115 millones de dólares) por primera vez desde diciembre de 2020, como resultado de una aminorada liquidación del agro y un fuerte aumento de las importaciones (en especial, de la energía). En este marco, el gobierno está restringiendo los dólares para importar, lo cual a su vez provoca escasez de múltiples productos.

Este rápido desplazamiento de la moneda norteamericana tiene su correlato en los precios: comerciantes y consumidores están advirtiendo sobre las fuertes remarcaciones y se espera que la inflación de julio sea la más alta en lo que va del año (en un escenario optimista, en el que la crisis se logra contener en los meses venideros, lo cual está puesto en duda).

Tan solo con los datos actuales, se calcula que la inflación anual alcanzará como mínimo el 85%, y ante lo crítico de la situación nadie se anima a predecir un techo. Y es que, en los últimos dos meses, el BCRA emitió una cantidad desopilante de dinero (para comprar bonos en pesos y financiar al déficit fiscal, en un contexto en el que al Tesoro se le cerró el mercado de deuda local) que presionan con fuerza sobre los precios y el dólar.

A su vez, el Riesgo País también se disparó y se acerca a los 2900 puntos, lo que da cuenta de la desconfianza y el desinterés en la Argentina. Los actuales precios de los bonos descuentan un escenario de default o fuerte reestructuración en el mediano plazo. A esta altura es evidente que la reestructuración del año 2020 fue un fracaso total.

Mientras tanto, el Gobierno observa este panorama con una pasividad exasperante, como si realmente no comprendiera la fragilidad de la situación, envuelto entre fantasías y señalando conspiraciones. El presidente Alberto Fernández creía que su visita a Washington, que finalmente será reprogramada porque Joe Biden se contagio de Covid-19, serviría para traer buenas noticias, suficientes para comenzar a resolver los problemas económicos que enfrenta.

Espera que Biden intervenga ante el FMI para flexibilizar las metas del acuerdo pactado hace tan solo unos meses y fantasea incluso con un crédito extraordinario proveniente del Banco Mundial u otro organismo, sobredimensionando no solo el interés que Estados Unidos tiene en la Argentina (en especial luego del acercamiento a Rusia y China), sino también el propio margen de acción con el que cuenta el presidente Biden, que acumula un fuerte desgaste.

Al margen de esta fantasía, en la coalición gobernante no hay un diagnóstico ni preciso ni único respecto a la crisis. Cada sector tiene su propio diagnóstico, incompatibles entre sí. Algunos ven conspiraciones de la derecha, la oposición, el campo, los empresarios u otros grupos dispuestos a provocar una devaluación y una aceleración de la inflación.

Son los mismos que no entienden cómo funciona el mercado de granos ni el sector rural, e imaginan cifras disparatadas, como el propio presidente Fernández que ayer en un acto en el Museo del Bicentenario aseguró que los productores rurales “guardan 20.000 millones de dólares y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita”.

Cada vez que se habla de los granos, que los productores guardan en silobolsas, las cifras cambian de un momento al otro en miles de millones de dólares, lo que da cuenta de la falta de certezas que existen y que los números son más una expresión de deseo que una realidad. En este punto la conspiración se cruza con las fantasías.

Aquellos que dentro del Gobierno sí tienen una idea más clara respecto al actual entorno influyen menos en el proceso de toma de decisiones, ya que sus voces no son escuchadas o no tienen aval político suficiente. De hecho, a Silvina Batakis le está ocurriendo lo mismo que a Martín Guzmán. Cuando comenzó a hablar de ajustar el gasto y reducir el déficit fiscal todos le soltaron la mano.

Muchas de las medidas que el Gobierno termina adoptando se basan en estas visiones sesgadas, que poco tiene que ver con lo que piensa el mercado. Cuando lo único que los funcionarios pueden ver son soluciones fantásticas que siempre están por llegar, pero nunca llegan, o conspiraciones permanentes que buscan hacer fracasar los planes del Gobierno, entonces se parte de un problema cognitivo.

No hay lugar para generar los incentivos correctos, porque estos sencillamente están fuera de la concepción que se tiene acerca de la realidad. Al final, las decisiones del Gobierno se ven alimentadas por diagnósticos disímiles, en el que los convencidos de las teorías conspirativas hacen más ruido que aquellos que tienen una visión más sensata acerca de cómo funcionan la economía. El resultado es una política económica contradictoria e incongruente que deja el país a la deriva.