Vicentin: La Justicia rechazó planteo para declarar la inconstitucionalidad de la intervención
Alberto Fernández recibió al CEO de Vicentin y se ratificó el objetivo de «rescate» de la empresa
El juez Lorenzini señaló que el planteo «carece de legitimación». Restituyó al Directorio de la empresa y el interventor quedará como veedor.
El juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini rechazó este viernes declarar la inconstitucionalidad del decreto del gobierno de Alberto Fernández que dispuso la intervención de la empresa Vicentin. Pero a la vez ordenó que se restituya el Directorio de la firma y se mantenda al interventor como «veedor controlador».
Con argumentos técnicos, el juez civil y comercial de Reconquista, Santa Fe que lleva adelante el concurso de la firma, rechazó el planteo que había hecho uno de los acreedores, un proveedor de granos y se declaró incompetente en ese aspecto.
En una resolución, Lorenzini ordenó restituir al directorio del Grupo Vicentin al frente de la cerealera en una medida cautelar temporal, por un plazo de 60 días prorrogables, hasta tanto se expidan el interventor dispuesto por el Gobierno y la sindicatura.
El magistrado hizo lugar así a un reclamo de la compañía. Sus directivos dijeron que «la irrupción de los interventores en dicha administración preexistente, de manera abrupta e intempestiva, impidió cualquier tipo de transición ordenada dejando a la empresa a la deriva».
Sin embargo el magistrado confirmó la intervención y decidió que por el momento, tendrá un rol de «veedor controlador».
Lorenzini ordenó que “con carácter de medida autosatisfactiva y previa prestación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la ultima Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma».
En tanto, los Interventores designados en el decreto 522/2020 del PEN, «podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores».
En cuanto al pedido de inconstitucionalidad de la intervención, para el magistrado, el empresario José Passadore que lo planteó “carece de legitimación” para hacer ese planteo, según las normas que rigen los concursos.
