Vicentín: los vínculos del nuevo interventor con funcionarios del Gobierno y el “favor” del juez que aspira a camarista

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La decisión del juez Fabián Lorenzini debe leerse en contexto: según pudo confirmar NEXOFIN el magistrado aspira a ser camarista, cargo para el que ya concursa y cuyo futuro dependerá también del poder político; quién es Andrés Shocron El juez del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, dispuso este jueves la intervención de la empresa agroexportadora de Santa Fe por 90 días, un período que podría extenderse. El interventor será Andrés Shocron, uno de los veedores que había propuesto el comité de acreedores, y el subinterventor tendrá que ser designado por la provincia de Santa Fe.

Sin embargo, según pudo confirmar NEXOFIN con fuentes con acceso a la empresa, Shocron también mantiene fluidos vínculos con autoridades del Banco Nación. “Conoce desde hace mucho tiempo a las principales autoridades del banco. Si bien lo nombraron los acreedores y el Banco Nación nombró a otro veedor en su momento, Shocron juega para ellos”, explicó.

Shocron, además tendrá funciones de presidente en la cerealera. El juez ordenó que Shocron tenga las facultades propias del similar rango al presidente del directorio. Además, el juez aclaró que el interventor actuará de manera conjunta con el presidente electo por la última asamblea de accionistas.

La decisión de Lorenzini, además, debe leerse en contexto: según pudo confirmar NEXOFIN el magistrado aspira a ser camarista, cargo para el que ya concursa. El reciente fallo favorable a las aspiraciones del Gobierno Nacional fue leído por muchos en la empresa como un “favor” de Lorenzini hacia el Ejecutivo, en pos de avanzar con su carrera judicial.

“En lo sucesivo todo acto de administración o que demande la previa autorización judicial deberá contar con su expresa conformidad”, dijo.

La decisión del juez generó un tembladeral en las autoridades de la empresa: “Hemos recibido con profunda sorpresa y preocupación un nuevo intento de intervenir la empresa”, aseguró la compañía.

La empresa, que entró en cesación de pagos justo hace un año y dos meses después se presentó en convocatoria de acreedores, había quedado en el ojo de la tormenta luego de que el presidente Alberto Fernández decidiera, a mediados de mayo, su intervención y enviar al Congreso una propuesta de expropiación. Un mes y medio después, y luego de fuertes críticas y manifestaciones en todo el país en defensa de la propiedad privada, el mandatario dio marcha atrás y anuló el DNU inicial.