El Gobierno suspendió las subas en las tarifas de servicios públicos para evitar un rebote inflacionario, en el marco de un nuevo DNU firmado por el presidente Javier Milei. A través de esta medida, se extendió por seis meses la emergencia energética, lo que permitirá aplicar aumentos controlados en las tarifas de luz, gas y agua, con el objetivo de no afectar el índice de precios al consumidor (IPC).

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1023, publicado el 20 de noviembre de 2024, también pospuso la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), que iba a establecer los incrementos tarifarios para los próximos cinco años, y prorroga la intervención de los entes reguladores, ENRE y ENARGAS, hasta que se constituyan nuevos directorios.

El decreto resalta que, a pesar de los aumentos transitorios en las tarifas durante la emergencia, aún no se han completado las inversiones necesarias en infraestructura energética, las cuales requieren tiempo para materializarse. Además, se fijó que la revisión tarifaria de las empresas de transporte y distribución de energía y gas comenzará antes del 9 de julio de 2025, y se instruyó a la Secretaría de Energía a seguir implementando medidas para asegurar precios competitivos y cubrir las necesidades de inversión en el sector.