El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al expresidente Alberto Fernández en una causa impulsada por su expareja, Fabiola Yáñez, quien lo acusó de violencia de género. La citación, programada para el 11 de diciembre en los tribunales de Comodoro Py, responde a una denuncia que incluye presuntos episodios de violencia psicológica y física durante la relación entre ambos, extendida desde 2016 y agravada durante el embarazo de Yáñez en 2021, cuando Fernández ejercía la presidencia.

La decisión del juez fue tomada a pedido del fiscal federal Ramiro González, quien consideró que existen elementos probatorios suficientes para que el exmandatario brinde explicaciones ante la Justicia. La denuncia detalla supuestas agresiones físicas, como golpes, zamarreos y un hematoma en el ojo derecho, registrado en imágenes presentadas como prueba. También se señalan episodios de manipulación psicológica y coacciones, en los que Fernández habría ejercido presión para impedir la denuncia penal, ofreciendo apoyo económico futuro o formulando amenazas.

La investigación se basa en una serie de pruebas, entre ellas fotografías, testimonios de familiares, declaraciones de empleados de la Quinta de Olivos y registros médicos. Entre los testigos clave se encuentran la madre y una hermana de Yáñez, personal médico de la Unidad Presidencial y trabajadores que habrían presenciado algunos de los hechos denunciados.

En su resolución, el juez Ercolini destacó que la relación estuvo marcada por una asimetría de poder que habría facilitado conductas abusivas reiteradas. Además, como medidas cautelares, ordenó la prohibición de salida del país para Fernández y le impuso una restricción de contacto con Yáñez, incluyendo la prohibición de comunicarse mediante intermediarios. Estas medidas buscan asegurar el desarrollo del proceso judicial sin interferencias.

El fiscal González imputó al expresidente por los delitos de lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por violencia de género, además de coacciones. En caso de ser hallado culpable, Fernández podría enfrentar penas de hasta 18 años de prisión. La causa ha generado gran expectativa pública por las implicancias legales y políticas del caso.