El exsecretario de Seguridad de Salta y vocal del Tribunal de Cuentas municipal, Benjamín Cruz, presentó su renuncia para enfrentar con mayor transparencia y serenidad el proceso judicial en su contra. La decisión fue comunicada a través de un escrito en el que el funcionario subrayó su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y su intención de evitar interpretaciones que vean su permanencia en el cargo como un obstáculo para las investigaciones.

Cruz enfatizó que durante su gestión priorizó el profesionalismo y el bienestar de la comunidad, agradeciendo la confianza depositada en él. No obstante, declaró que el contexto actual exige una actitud que permita aclarar las acusaciones y proteger su nombre y el de su familia frente a los señalamientos que enfrenta.

Las acusaciones en su contra

Benjamín Cruz está imputado por los delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Se le acusa de haber favorecido a terceros mediante acciones fuera de los límites legales de su cargo. En particular, la investigación destaca su presunta participación en la visita irregular de Darío Monges a la cárcel de Orán en 2022, un hecho que habría implicado el uso indebido de su posición para facilitar el acceso a la unidad penitenciaria.

Impacto judicial y político

El caso de Cruz ha generado un fuerte impacto en los ámbitos político y judicial de Salta. Su renuncia busca despejar cualquier cuestionamiento sobre la imparcialidad del proceso judicial y garantizar que las investigaciones puedan desarrollarse sin interferencias. Al dar un paso al costado, el exfuncionario pretende enviar un mensaje de responsabilidad institucional y confianza en el sistema judicial.

Este caso se suma a una creciente demanda social por transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, evidenciando el escrutinio al que están sometidos los funcionarios ante posibles actos irregulares.