La medida, que busca evitar que el tribunal quede con solo tres integrantes, desata tensiones con la oposición y dentro del oficialismo.

El Gobierno nacional analiza avanzar con los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema a través de un decreto en comisión, una medida que eludiría el tratamiento legislativo en el Congreso. Esta decisión llega en un contexto de negociaciones estratégicas con el kirchnerismo y sectores de la oposición, mientras la administración central prioriza otras iniciativas como la eliminación de las PASO y la privatización de Aerolíneas Argentinas.

La próxima salida de Juan Carlos Maqueda genera urgencia en el Ejecutivo, que busca evitar que el máximo tribunal quede con solo tres integrantes.

“La prioridad es garantizar la operatividad de la Corte, y no podemos esperar a que las negociaciones en el Congreso bloqueen este avance”, aseguró un asesor cercano al presidente

El Gobierno nacional analiza avanzar con los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema a través de un decreto en comisión, una medida que eludiría el tratamiento legislativo en el Congreso. Esta decisión llega en un contexto de negociaciones estratégicas con el kirchnerismo y sectores de la oposición, mientras la administración central prioriza otras iniciativas como la eliminación de las PASO y la privatización de Aerolíneas Argentinas.

La próxima salida de Juan Carlos Maqueda genera urgencia en el Ejecutivo, que busca evitar que el máximo tribunal quede con solo tres integrantes.

“La prioridad es garantizar la operatividad de la Corte, y no podemos esperar a que las negociaciones en el Congreso bloqueen este avance”, aseguró un asesor cercano al presidente.

En este marco, la designación en comisión surge como una solución inmediata. Sin embargo, sectores de la oposición y analistas legales han advertido sobre los riesgos de judicialización de este mecanismo.

El Gobierno tiene el apoyo de ocho senadores para avanzar con el pliego de Lijo y seis para García-Mansilla, pero enfrenta dificultades para lograr consenso pleno en el Senado. El kirchnerismo, en tanto, condiciona su respaldo a incluir una ampliación de la Corte y la integración de una mujer en el tribunal.

Además, las tensiones internas en Balcarce 50 no han sido menores. Sectores del oficialismo plantean que ambos pliegos deben votarse juntos para asegurar una estrategia uniforme, mientras que otros consideran que las urgencias podrían justificar avanzar con uno soloEstos nombramientos por decreto podrían enfrentar desafíos legales y generar críticas por parte de la oposición. No obstante, el Gobierno confía en que esta estrategia permitirá resolver una de las mayores tensiones institucionales de cara al cierre del año.

La decisión marcará un hito en la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial, mientras el país observa con atención los pasos del oficialismo en un contexto político cada vez más polarizado.

Otros desafíos legislativos

La eliminación de las PASO, junto con la privatización de Aerolíneas Argentinas, se posicionan como prioridades en la agenda de sesiones extraordinarias. Estas iniciativas, sin embargo, han generado rechazo en amplios sectores de la oposición, lo que dificulta aún más la negociación por los jueces de la Corte.

Por su parte, el Ejecutivo descarta enviar pliegos de conjueces como solución interina. “No vamos a dilatar el proceso; necesitamos una solución estructural y no un parche”, comentó una fuente oficial.