La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, solicitó al juez José Luis Riera que se condene a Patricia del Valle Argañaraz, exsecretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP), y a Ana María Cerezo, tesorera, a siete años de prisión efectiva por administración fraudulenta y 26 casos de estafas reiteradas, calificándolas como coautoras de estos delitos. También pidió su inhabilitación por diez años para ocupar cargos en la ADP.

En el mismo juicio, la fiscal solicitó condenas de tres años de prisión condicional para Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, acusándolos de ser partícipes necesarios en los delitos mencionados.

Durante su alegato, Salinas Odorisio presentó pruebas que evidencian el desvío de fondos de la ADP mediante el uso de facturas y documentos falsificados. Según la fiscal, los acusados utilizaron estos recursos para beneficio personal. Además, estafaron a docentes al promover el Fideicomiso «Virgen de Urkupiña», un proyecto de viviendas que requería un pago inicial y cuotas mensuales. Las víctimas, que nunca recibieron las casas prometidas, habían solicitado créditos para financiar los pagos, agravando su perjuicio económico y emocional.

La fiscal destacó el impacto devastador de las estafas, especialmente al escuchar los testimonios de docentes que perdieron la ilusión de acceder a una vivienda propia, y concluyó solicitando penas ejemplares para los principales responsables.